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Ceepac prevé más gasto en 2027 y anticipa pulso presupuestal en SLP
El organismo electoral trabaja en un borrador que debe cubrir gubernatura, Congreso local y ayuntamientos en una sola jornada. Aún no hay monto ni fecha de entrega.

El Ceepac prepara su borrador de presupuesto para 2027, cuando San Luis Potosí elegirá gubernatura, Congreso local y ayuntamientos en una sola jornada. El organismo anticipa un gasto mayor, pero aún no hay cifras. La negociación con el Congreso, que aprueba el gasto estatal, se vuelve el primer acto político de la sucesión.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) trabaja en un borrador de presupuesto para 2027 que deberá cubrir, en una sola jornada, la elección de gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos de San Luis Potosí. El organismo anticipa que el gasto será mayor al de los años sin elección concurrente. No es un trámite menor: ese documento fija los recursos del árbitro en la elección más grande del ciclo estatal y, con ello, las condiciones materiales de una contienda que definirá la sucesión en el gobierno del estado.
La previsión de un alza por la triple elección ya había sido planteada públicamente por el propio organismo, en declaraciones atribuidas a Juan Manuel Ramírez. El paso que ahora se anuncia es distinto: la elaboración del anteproyecto que debe integrarse al Paquete Económico estatal. Hasta ahora no hay monto, desglose por rubro ni fecha de entrega públicos. Sin esas cifras tampoco es posible evaluar si el aumento alcanza para lo que el propio Ceepac considera indispensable.
Un borrador para tres elecciones en una jornada
El presupuesto de un organismo electoral no se agota en la jornada: paga instalación y operación de casillas, capacitación de funcionarios de mesa, cómputos, resultados preliminares, fiscalización, material electoral y la logística de un conteo que en 2027 se multiplica porque coinciden tres elecciones locales. Además, el anteproyecto de un año con gubernatura incluye la bolsa más cuantiosa del ciclo: el financiamiento público de los partidos, que también aprueba el Consejo General. La jornada coincidirá, además, con la renovación de la Cámara de Diputados federal, lo que implica convenios de coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y un volumen mayor de casillas compartidas.
El problema político es de competencia presupuestal. El dinero del Ceepac se discute junto con salud, seguridad y obra pública, en un contexto donde cada peso destinado a organizar elecciones es políticamente caro de defender. El anteproyecto no fija por sí mismo el gasto: es una propuesta que el Ejecutivo estatal decide cómo incluir y que el Congreso local aprueba o modifica en el paquete económico, con plazo constitucional antes del cierre del ejercicio.
La lectura política
El primer acto de la contienda de 2027 no será un destape ni una precandidatura: es un oficio presupuestal. Quien define cuánto dinero recibe el árbitro define el margen de maniobra con el que ese árbitro llegará a la elección. Un Ceepac bien dotado reduce el riesgo de fallas operativas y, con ellas, el terreno de impugnación; un Ceepac apretado traslada ese riesgo a la jornada y a los tribunales. Por eso el borrador funciona en la práctica como una señal anticipada de cómo el gobierno estatal quiere llegar a la sucesión de la gubernatura que hoy encabeza Ricardo Gallardo Cardona.
Los incentivos son claros y no todos apuntan al mismo lado. Los partidos tienen interés en pelear por la partida de prerrogativas, que en año de gubernatura es la más alta del ciclo y que se reparte por fórmula, no por negociación. El organismo busca certidumbre antes de que arranque formalmente el proceso electoral, para no operar con presupuesto incompleto. El gobierno estatal, en cambio, tiene incentivo a evitar un pleito público sobre "el costo de las elecciones", un debate que suele desgastar a quien lo protagoniza. En ese entorno, el sector empresarial también está marcando posición: el dirigente Jaime Chalita Zarur llamó a la administración estatal a concentrarse en las tareas de gobierno y dejar la competencia electoral a partidos y ciudadanía.
Conviene ser preciso con el límite. Esto no es una candidatura, ni una precandidatura, ni un posicionamiento de alguien con nombre y apellido: es un anteproyecto administrativo. Pero es un anteproyecto que se redacta justo cuando las fuerzas políticas empiezan a medirse rumbo a 2027, y en ese sentido opera como termómetro: si el aumento pasa sin ruido, el arranque será ordenado; si se convierte en disputa, el primer conflicto del ciclo ya habrá ocurrido antes de la primera precampaña. Falta, además, el dato que permitiría dimensionar todo: la comparación con lo que costó la elección de gubernatura de 2021, que la evidencia disponible no ofrece.
Qué sigue
El calendario verificable es acotado. Primero, la publicación del anteproyecto por el Consejo General del Ceepac, con el desglose por rubro. Después, su incorporación al Paquete Económico que el Ejecutivo estatal envía al Congreso local. Luego, la discusión y aprobación legislativa, con plazo constitucional antes del cierre del ejercicio, donde puede haber ajustes a la baja. En paralelo, el arranque formal del proceso electoral local, la instalación del Consejo y la firma de convenios de coordinación con el INE para la jornada concurrente con la elección federal de diputados.
Los indicadores a vigilar son tres: la cifra total solicitada, el comparativo con el último año de gubernatura y la porción que corresponde al financiamiento público de los partidos. Ahí se sabrá si el mayor gasto anunciado es una respuesta técnica al tamaño de la elección o el primer capítulo de una negociación política que todavía no empieza formalmente.
Actualización
El hecho nuevo avanza la discusión sobre la sucesión política en San Luis Potosí para 2027 al confirmar la participación del alcalde y proponer un frente ciudadano, superando el enfoque presupuestal e institucional del antecedente. Leer el nuevo desarrollo.