Ceepac prioriza violencia digital en 2027; su alcance para sancionarla es limitado

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí colocó la violencia digital contra las mujeres en el centro de su preparación para el proceso electoral de 2027. La coordinadora de Género e Inclusión del organismo, Carmen Fabiola Rivera Rojas, advirtió que ese tipo de agresión "a quien más lastima es a las mujeres", porque se ejerce detrás de un teclado, con fotografías alteradas y desde el anonimato, condiciones que "atentan contra la participación igualitaria" dentro del proceso. El anuncio no es una declaración aislada: es la respuesta institucional a un diagnóstico que el propio Ceepac elaboró con Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) sobre lo ocurrido en 2024, y funciona, en la práctica, como advertencia anticipada a partidos y aspirantes de que el costo de tolerar esos ataques quedará medido.

El diagnóstico que sostiene la advertencia

El documento conjunto "Nuestra presencia es política: Diagnóstico sobre Violencia Política en Razón de Género durante el proceso electoral 2024 en San Luis Potosí" documentó 202 casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG). De las 20 mujeres atendidas, 35 por ciento eran candidatas a presidencias municipales y 48 por ciento enfrentaron un nivel de riesgo alto. Los actos más reiterados fueron las amenazas contra la integridad, con 31 por ciento, y las violencias simbólicas, con 28 por ciento. Dieciocho casos contaron con un plan de seguridad y sólo dos se remitieron al Instituto Nacional Electoral (INE).

La ruta posterior muestra dónde se detienen los expedientes: 12 mujeres recibieron medidas de protección policial, una contó con medida cautelar y dos más con valoraciones de medidas de protección. Siete casos se canalizaron a la Fiscalía General del Estado por hechos con apariencia de delito, cuatro al entonces Instituto de las Mujeres (IMES), cuatro al Centro de Justicia para las Mujeres y uno a la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.

Hay dos precisiones que la evidencia disponible no resuelve y conviene exigir. El informe no precisa si las 20 mujeres atendidas constituyen el universo de casos que llegaron a la ruta institucional o sólo aquellos con seguimiento documentado. Tampoco desagrega cuántos de los 202 casos fueron de origen digital. Sin ese dato, la magnitud exacta de la prioridad anunciada queda sin medir.

La lectura política

El Ceepac no puede sancionar delitos ni perseguir agresores: su herramienta es administrativa —quejas, medidas de protección y canalización a fiscalías y al INE—. Por eso, priorizar la violencia digital equivale, en los hechos, a preparar capacidad institucional antes de que arranque el calendario y a fijar un estándar público que después podrá usarse para medir a partidos, campañas y medios.

Los incentivos apuntan en la misma dirección. La violencia digital es un instrumento de bajo costo y bajo riesgo legal: se comete desde cuentas anónimas, con material editado, y golpea con mayor severidad a las mujeres porque busca desacreditarlas antes de que compitan. En un proceso donde los partidos están obligados a postular paridad, tolerar esos ataques contra sus propias candidatas se convierte en un problema de rendición de cuentas para las dirigencias, no en un asunto privado de la agredida.

Hay también una apuesta institucional. Al instalar el tema en el discurso público, el organismo se posiciona frente a la Fiscalía y al INE —los dos actores con facultades que él no tiene— y se blinda ante el escenario de un proceso contaminado por agresiones digitales que luego le serían reclamadas.

El límite es claro: se trata de política institucional, no de candidatura, precandidatura ni posicionamiento de persona alguna. La evidencia no alcanza para sostener que exista un cálculo electoral-partidista detrás del anuncio, y tampoco permite afirmar que ya hay instrumentos nuevos: no se menciona protocolo específico, presupuesto, convenio con plataformas ni personal adicional. La prioridad, por ahora, es una prioridad declarada.

Qué sigue

El Ceepac deberá traducir el anuncio en instrumentos verificables durante el diseño del proceso: lineamientos de paridad, protocolos de atención a la violencia digital y rutas claras de canalización. Las fechas concretas no aparecen en la evidencia disponible, así que el primer punto de control será la aprobación del calendario y de los lineamientos de registro, donde se verá si los requisitos de elegibilidad y las declaraciones antidiscriminación se aplican con rigor.

Habrá tres indicadores para saber si la prioridad se sostiene: cuántas quejas por violencia digital se presentan, en cuánto tiempo se resuelven y cuántas terminan en la Fiscalía. Si en 2027 la cifra de casos crece y la de sanciones no, el diagnóstico se habrá repetido sin consecuencias.