RUTA 27 · MEDIUM
CEPNA alerta riesgos para 2027: señala al INE y al crimen organizado
El desplegado lo firman Jorge Alcocer V, Diego Valadés y Jesús Orozco Henríquez, entre otros. Piden al Senado nombrar a dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del TEPJF.
El Observatorio Ciudadano del CEPNA divulgó el 16 de septiembre un desplegado que advierte riesgos para las elecciones de 2027: actos anticipados sin sanción, designaciones unilaterales en el INE, 836 salidas de personal, boletas 'planchadas', crimen organizado y una Sala Superior del TEPJF incompleta. No es una resolución: es un diagnóstico firmado por juristas que fija la línea base de la disput
A unos días del arranque formal del proceso electoral federal, el Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) advirtió que los comicios de 2027 —500 diputaciones, 17 gubernaturas y miles de cargos locales— llegarán con factores de riesgo ya identificados: la inacción de las autoridades electorales, la intervención del crimen organizado y lo que describe como un descontrol interno en el Instituto Nacional Electoral (INE).
El desplegado, divulgado el 16 de septiembre, no es una resolución ni una sanción: es un diagnóstico firmado por Jorge Alcocer V, coordinador del CEPNA, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Diego Valadés y el exmagistrado del Tribunal Electoral Jesús Orozco Henríquez, junto con Elba Arjona, Mariana Calderón, Morelos Canseco, Fernán González de Castilla, Natalia Reyes Heroles y Alma Zamora.
El inventario, punto por punto
El Observatorio sostiene que desde hace meses hay actos anticipados de precampaña sin sanción y ubica lo más delicado dentro del propio INE: designaciones unilaterales de la presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei, sin pasar por el pleno, y denuncias por al menos 836 salidas de personal en el primer semestre, que atribuye a hostigamiento y sustitución por perfiles afines.
A ese cuadro suma la validación, por consejeros afines al partido en el poder, de las llamadas "boletas planchadas", aunque la ley ordena anularlas; el riesgo de que servidores de la nación actúen como observadores electorales, que a su juicio puede derivar en coacción del voto; y la intervención del crimen organizado sin respuesta de las autoridades competentes.
También afirma que la autoridad electoral ya adelantó que prevalecerá el criterio que permitió lo que el Observatorio califica de sobrerrepresentación inconstitucional en la Cámara de Diputados, y exige al Senado convocar y tomar protesta a las dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF): su integración incompleta, dice, "pone en entredicho su independencia y apego a la ley".
La lectura política
El valor del documento está en la fecha: fija una línea base antes del arranque formal del proceso. Si en 2027 se repiten las boletas que no se anularon, las designaciones sin pleno o la violencia en los municipios, el CEPNA podrá decir que lo advirtió por escrito y con nombre. Es una jugada en la disputa por la legitimidad, no una candidatura ni una plataforma partidista.
El incentivo es doble. Para el oficialismo, el costo de que el árbitro sea percibido como parcial no se cobra sólo en tribunales, donde las mayorías se construyen con votos, sino en la narrativa pública de fraude, que moviliza o desmoviliza electorados aun sin resolución de fondo. Para la oposición y las organizaciones civiles el riesgo es simétrico: descalificar cada resolución sin acreditar el hecho erosiona la credibilidad de quien denuncia. El desplegado esquiva ese flanco al llamar a la ciudadanía a "participando, organizando y desplegando la observación" de cada proceso, una estrategia que se activa cuando la autoridad es vista como parte.
Lo que aún falta: no hay resolución, sentencia ni procedimiento sancionador derivado del texto. Las 836 salidas, el hostigamiento y la afinidad de los perfiles son atribuciones del Observatorio; no se precisa cuántas salidas fueron voluntarias. Que una Sala Superior incompleta reste independencia al TEPJF es una inferencia razonable, no un hecho acreditado en el documento.
Qué sigue
A partir de aquí, tres verificadores: el arranque formal del proceso electoral federal y las primeras sesiones del Consejo General del INE, donde se verá si los lineamientos sobre boletas nulas y sobre observación electoral confirman el diagnóstico; la eventual convocatoria del Senado para las dos magistraturas de la Sala Superior, que no trae fecha pública; y el paso del desplegado a denuncias formales ante el INE y el TEPJF, que es la prueba de si el Observatorio quiere litigar o sólo documentar.