Chile: 56 rebajas de condena a pederastas desatan crisis de Kast

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Fernando Rabat, firmó durante los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast 56 decretos que rebajaron las condenas de personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad, además de al menos tres criminales de lesa humanidad condenados por torturas y desaparición forzada durante la dictadura. Muchos de los beneficiados recuperaron la libertad. El episodio, difundido por el portal Interferencia, se convirtió en una crisis política que compromete la continuidad del ministro y desgasta al presidente.

La firma del ministro Rabat benefició a 56 condenados por delitos sexuales contra menores y a tres represores de la dictadura, varios de ellos en libertad. El lunes, Rabat está citado a la Cámara de Diputados para explicar su proceder, mientras crecen las voces que piden su renuncia y una comisión de parlamentarios opositores evalúa la viabilidad de una acusación constitucional para destituirlo e inhabilitarlo por cinco años para cargos públicos. De prosperar, sería la primera acusación contra un miembro del gabinete de Kast, a solo siete meses de asumir.

El impacto no es solo jurídico. El beneficio contradice el lema "Los niños primero" que Kast enarboló en campaña y en sus primeros meses de gestión, donde la lucha contra la criminalidad fue prioridad declarada. La medida también abre un flanco dentro de la propia derecha: personeros oficialistas han calificado la decisión como "un error político" y advierten el daño que endosa al gobierno. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional, afirmó que "la legislación tiene que ponerse al lado de las víctimas" y anticipó que los proyectos para enmendar la norma saldrán rápido. La exministra Karla Rubilar sostuvo que el gobierno debió fijar una línea clara de rechazo a rebajas en delitos tan graves, y el senador independiente Rojo Edwards pidió revertir la medida y retirar la firma del presidente, con disculpas por la "pésima asesoría".

La defensa de Rabat se apoyó primero en que la decisión estaba "dentro de las facultades del cargo y de acuerdo a la ley", y luego en que el gobierno anterior de Gabriel Boric habría hecho lo mismo en más de 270 casos. La exministra portavoz Camila Vallejo lo desmintió: el gobierno de Boric rechazó todas las peticiones similares y solo cursó decretos cuando la justicia lo ordenó por recursos de amparo. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, precisó que "fue el ministro de Justicia quien ha dictado decretos", lo que desmonta el argumento de un criterio judicial previo. El sábado, Rabat aseguró que "el presidente Kast no sabía" y anunció la suspensión de los decretos y la firma de nuevos, aunque no precisó cuántos condenados alcanzaron la libertad.

La lectura

El caso combina dos sensibilidades que el gobierno de Kast había colocado en el centro de su relato: la protección de la infancia y la memoria de las víctimas de la dictadura. La crisis no proviene de un adversario ideológico, sino de una decisión administrativa firmada por un ministro del propio oficialismo, lo que vuelve más difícil desactivarla como una campaña opositora. Rabat, abogado civilista que integró el equipo jurídico de Augusto Pinochet en las causas por enriquecimiento ilícito y fue socio de Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad, arrastra además críticas por liderar el proyecto que desmantela el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por recortes al Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos. Ese historial permite a sus detractores leer la firma de los decretos como parte de un patrón, no como un descuido aislado; la evidencia disponible no prueba intención, pero sí muestra una línea de gestión consistente en materia de derechos humanos.

Para México y América Latina, el episodio es una advertencia sobre cómo las banderas de mano dura y protección infantil pueden chocar con la operación jurídica cotidiana. La región observa un gobierno de derecha que prometió orden y ahora enfrenta su primera crisis por beneficios a agresores sexuales de menores y a represores. El precedente importa porque muestra que la arquitectura legal heredada puede producir resultados contrarios al discurso, y que la salida —reformas exprés, suspensión de decretos, acusaciones constitucionales— mide la capacidad del oficialismo para corregir sin fracturarse.

Qué sigue

La comparecencia del lunes en la Cámara de Diputados será el primer termómetro. Rabat debe explicar cuántos de los 56 condenados siguen libres y con qué criterio firmó los decretos que ahora dice suspender. La oposición necesita evaluar si reúne los votos para una acusación constitucional; el oficialismo, contener el daño con los cinco proyectos de ley ya anunciados para enmendar la legislación que permitió los beneficios. Falta un dato decisivo: el número exacto de personas que recuperaron la libertad y si alguna volvió a delinquir, elemento que podría escalar o descomprimir la crisis. La estabilidad del gabinete de Kast y su ya deteriorada adhesión popular dependen de cómo se resuelva esa cuenta pendiente.