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RUTA 27 · MEDIUM

Chofer de Taddei cobra como líder de proyecto en el INE

Luis Alberto Bustamante Canizales aparece en nómina con un cargo de casi 70 mil pesos mensuales, aunque su función declarada es conducir y cocinar para la presidenta del instituto. El caso pone la lupa sobre las plazas discrecionales del árbitro electoral a un año del arranque de

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre financiamiento y fiscalización electoral
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

Un chofer de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, está registrado en nómina como «Líder de Proyecto» con casi 70 mil pesos al mes, no como conductor. El dato abre una pregunta incómoda para el árbitro electoral: cómo se asignan plazas y salarios en el instituto que organiza la elección de 2027, cuando su credibilidad depende de que el manejo de recursos sea impecable.

Luis Alberto Bustamante Canizales conduce el vehículo de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. También, según la información disponible, cocina para ella. En la nómina del instituto, sin embargo, no aparece como chofer: está adscrito como «Líder de Proyecto», una categoría en la que percibe casi 70 mil pesos mensuales. El dato, difundido en el contexto de una columna de seguimiento al organismo, coloca por primera vez un nombre y un monto concretos sobre una discusión que hasta ahora se movía en el terreno de la sospecha: cómo se asignan las plazas del servicio profesional y de confianza en el árbitro electoral.

El vínculo no es reciente. Bustamante es originario de Ures, el municipio serrano de Sonora del que también proviene Taddei, y la acompañó desde su paso por el organismo electoral estatal, donde ocupó una plaza de «Analista administrativo». Cuando Taddei llegó a la presidencia del INE, en 2023, el vínculo se trasladó a la estructura federal. El cargo que hoy ocupa no corresponde a la función que se le atribuye: conductor y, de acuerdo con la información, cocinero de la presidenta.

La diferencia entre el nombre formal de una plaza y la función que cumple en la práctica no es un detalle administrativo menor en un organismo cuyo presupuesto y tabuladores son auditados, discutidos y votados por el Consejo General. El INE fija sus propios criterios de estructura ocupacional y salarios; cualquier desajuste entre categoría y actividad es, en principio, materia de revisión interna y de eventual observación de la Auditoría Superior de la Federación.

La lectura política

El caso funciona, en la práctica, como una prueba de consistencia para la presidencia del INE en un momento en que el instituto necesita proyectar imparcialidad. Taddei llegó al cargo en 2023 con una trayectoria en organismos electorales estatales y con el respaldo de una coalición de consejeros que la colocó al frente tras un proceso accidentado. Desde entonces, su gestión ha sido escrutada por la relación con el gobierno federal, por el manejo del presupuesto y por la organización de la elección judicial de 2025, un ejercicio inédito que tensó la estructura del organismo.

El incentivo de la presidenta es preservar un equipo de confianza en un entorno institucional hostil. Los presidentes de organismos autónomos suelen rodearse de personas leales, y la figura del chofer de confianza es común en la política mexicana. El problema no es la lealtad: es el vehículo formal que se usa para pagarla. Una plaza de «Líder de Proyecto» con casi 70 mil pesos mensuales para quien conduce y cocina no se explica por la estructura del servicio profesional de carrera, sino por la discrecionalidad en la asignación de plazas de confianza.

La señal que envía rumbo a 2027 es doble. Hacia adentro, confirma que la presidencia del INE conserva margen para colocar personal de su círculo cercano en categorías que no corresponden a la función. Hacia afuera, entrega munición a quienes desde el gobierno federal y desde la oposición cuestionan la credibilidad del árbitro electoral. El instituto que organiza la elección presidencial de 2027 no puede permitirse que la discusión sobre su integridad se concentre en la nómina de su presidenta.

No hay, con la evidencia disponible, una resolución administrativa que califique la plaza como irregular. Tampoco existe una declaración de Taddei o del INE que explique la adscripción. Lo que hay es un dato verificable —cargo, monto y función— y un patrón que se repite en la vida interna de los organismos autónomos: la distancia entre el nombre de la plaza y el trabajo que se hace.

Qué sigue

El INE no ha informado si revisará la adscripción de Bustamante ni si la plaza fue asignada mediante concurso o por designación directa. La ruta verificable pasa por tres puntos: la respuesta oficial de la presidencia del instituto, la revisión que en su caso haga la Secretaría Ejecutiva o la Contraloría interna, y la eventual observación de la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la Cuenta Pública correspondiente. Cualquiera de esos pasos daría a la discusión un cauce institucional; su ausencia la dejará en el terreno de la sospecha, que es el peor lugar para un árbitro electoral a un año del arranque del proceso de 2027.

Actualización

El hecho nuevo confirma y amplía la investigación sobre la administración de Taddei al INE, iniciada con la revelación de la nómina irregular de su chofer, al detallar que la presidenta Sheinbaum solicitó auditorías exhaustivas. Leer el nuevo desarrollo.