Coahuila delega a tribunales la impugnación de Morena a su reforma electoral

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, calificó como incongruente la impugnación que Morena presentó contra la reforma electoral aprobada en la entidad el 1 de septiembre y dejó el desenlace en manos de los tribunales. La frase no es una opinión suelta: la Junta de Gobierno ordena el flujo de dictámenes y el calendario del Pleno, de modo que su lectura del litigio funciona en la práctica como la posición institucional de la Legislatura frente a la impugnación.

El eje del argumento es la homologación. De acuerdo con la legisladora, la reforma coahuilense replica la reforma federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que recurrirla en el estado coloca a Morena en la posición incómoda de objetar en Coahuila un diseño que no objetó en el ámbito nacional. Morales Núñez no detalló los agravios del partido ni anticipó el sentido de una eventual resolución; se limitó a señalar que ahora corresponde a las instancias jurisdiccionales decidir.

La legisladora también describió para qué sirve, desde su perspectiva, seguir moviendo el marco electoral después de cada proceso. El Congreso, dijo, mantiene la tarea de actualizar y perfeccionar la legislación conforme a los litigios y resoluciones que aparecen una vez cerrada la contienda. “Muchas veces algo que en una elección fue validado anteriormente, resulta que luego existe contradicción de criterios, o ya se hace una interpretación”, explicó. No siempre se trata de corregir fallas, abundó, sino de atender cambios en los criterios de interpretación de las autoridades electorales.

El escudo de la homologación

Ese razonamiento tiene una función política precisa: convierte una reforma local en extensión de una decisión federal y desplaza la carga de la prueba hacia quien la impugna. Si el contenido es espejo de la norma nacional, el cuestionamiento deja de ser un debate sobre el fondo y se transforma en un problema de coherencia del partido que litiga. Es un blindaje argumental, no una resolución judicial: la validez constitucional de la reforma coahuilense todavía no está definida por nadie con facultad para declararla.

La evidencia disponible tampoco permite sostener más de lo que dice. No se conoce públicamente qué tribunal recibió la impugnación, cuántos expedientes se abrieron, qué agravios concretos plantea Morena ni en qué plazo podrían resolverse. Sin esos datos, cualquier pronóstico sobre el sentido de la sentencia sería especulación.

La lectura política

El litigio le da a cada actor algo distinto. Al Congreso local le permite no corregir bajo presión: espera la resolución y, si el fallo lo obliga, ajusta; si no, la reforma queda intacta y con validating judicial. A Morena le sirve para mantener vivo el tema y obligar a las autoridades electorales a fijar criterio sobre un conjunto de reglas que regirá los comicios siguientes, pero paga el costo de la incongruencia cada vez que la discusión se plantea en esos términos.

El equilibrio interno del Congreso también se revela en la agenda. Morales Núñez no anunció una nueva reforma electoral ni un periodo extraordinario: la postura es esperar. Esa pasividad calculada es, en sí, una señal a aliados y adversarios. Para el proceso federal de 2027, lo que ocurra con estas reglas locales importa menos por su efecto mecánico que por el precedente: si los tribunales validan la homologación como técnica legislativa aceptable, ese modelo quedará disponible para otras entidades.

Conviene precisar el límite: aquí no hay candidatura, precandidatura ni aspiración declarada de nadie. Hay una presidenta de Junta de Gobierno ejerciendo una vocería legislativa, y un partido litigando. La política se juega, por ahora, en el terreno jurisdiccional.

En un tema distinto, la legisladora descartó que esta semana se discuta en el Pleno la designación de quien sustituirá al alcalde de San Juan de Sabinas, porque el Congreso aún no recibe la propuesta formal del partido que ganó la elección. Una vez que llegue el oficio, la Comisión de Gobernación podrá sesionar, elaborar el dictamen y someterlo al Pleno, con un procedimiento similar al aplicado en Torreón y Francisco I. Madero.

Qué sigue

La ruta electoral depende de las resoluciones que dicten los tribunales sobre la impugnación de Morena; no hay fecha pública conocida y ese es, hoy, el dato que falta para medir el calendario. En el Congreso, la única pista es la disposición declarada a ajustar la legislación cuando existan criterios nuevos. En San Juan de Sabinas, el siguiente paso verificable es la llegada del oficio partidista, luego el dictamen de Gobernación y después la votación en el Pleno.