Comisión del Senado avala prohibir doble nacionalidad; el Pleno vota el 29

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó el miércoles 23 de septiembre de 2026, con 23 votos a favor y nueve en contra, el dictamen que prohíbe la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La minuta enviada por la Cámara de Diputados —avalada ahí en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención la víspera— superó su penúltimo filtro en la Cámara alta. No es todavía un cambio constitucional: la votación de la comisión no equivale al aval del Pleno, cuya discusión está prevista para el martes 29 de septiembre.

La reforma toca los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato, en los términos que fije la ley; además no podrá usar pasaporte o documento de identidad extranjeros, ejercer los derechos políticos de esa ciudadanía ni acogerse a protección diplomática. El dictamen precisa que no basta con la renuncia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): habrá que comprobar que el vínculo dejó de subsistir conforme a la legislación del país que lo atribuyó.

El detalle que el dictamen no resuelve

Ese último requisito concentra la discusión técnica. El texto no establece qué ocurre si la ley extranjera no admite la renuncia a su propia nacionalidad o si el trámite se extiende más allá del calendario electoral; es un hueco que el dictamen no aborda y que el Senado todavía puede tocar en el Pleno. En la Cámara de Diputados, la mayoría defendió el alcance acotado de la medida: el diputado de Morena Aniceto Polanco sostuvo que no atenta contra la comunidad migrante, y la diputada Roselia Suárez planteó que asumir un alto cargo es una responsabilidad distinta de los derechos de los 38 millones de mexicanos que viven en el exterior. Desde el PAN, Paulina Rubio afirmó que la reforma "transgrede los derechos de la comunidad migrante"; la priista Nadia Navarro y la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández, la describieron como discriminación.

El propio dictamen responde a esa objeción por escrito: sostiene que la medida "no debe sustentarse en una presunción general de deslealtad de las personas binacionales", sino en un criterio preventivo, excepcional y funcional, ligado a la estructura unipersonal del Poder Ejecutivo. Es decir, la justificación jurídica evita el argumento de lealtad que sí apareció en la tribuna, donde se habló de quienes "venden la patria".

La lectura política

En la práctica, la reforma funciona como un filtro de elegibilidad: no regula campañas, gasto ni propaganda, define quién puede aparecer en la boleta. Ese tipo de regla opera antes de que exista cualquier precandidatura y tiene un costo político relativamente bajo, porque no exige pronunciarse sobre nombres: basta fijar un requisito general que después alguien acredita o no acredita.

El bloque mayoritario gana así la facultad de estrechar el universo de aspirantes sin señalar a nadie. La evidencia disponible no permite sostener que haya un destinatario específico —ni el dictamen ni las votaciones ni las posturas citadas mencionan a una persona afectada—, y ese es justamente el dato que falta para saber si en 2027 la regla operará como filtro general o como exclusión dirigida. La distinción importa: una cosa es una norma de elegibilidad de alcance universal y otra un traje a la medida, y con lo que hoy se conoce solo puede afirmarse lo primero.

El horizonte temporal es más largo de lo que sugiere el calendario inmediato. La Presidencia y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no se renuevan sino hasta 2030, de modo que incluirlas proyecta la regla sobre la sucesión presidencial, no únicamente sobre la elección intermedia de 2027. El margen de 23 a nueve dentro de la comisión anticipa que, si la proporción se mantiene, el bloque mayoritario tendrá espacio para alcanzar los dos tercios que exige el artículo 135 en el Pleno. La oposición, en cambio, queda colocada en el terreno de los derechos políticos de los migrantes, un marco que le da visibilidad pero no votos suficientes dentro del Senado.

La señal que se envía a aliados y adversarios es doble: la mayoría está dispuesta a usar reformas constitucionales para definir quién es elegible, y ese precedente es reutilizable. Para los aspirantes con doble nacionalidad —hoy sin nombre público en el expediente— la advertencia es operativa: el requisito se cumple antes del registro, no después.

Qué sigue

El martes 29 de septiembre el Pleno del Senado discutirá y votará el dictamen. Si lo aprueba sin cambios, la reforma pasará a los congresos locales: requiere el aval de al menos 17 legislaturas estatales y la declaratoria de constitucionalidad del Congreso de la Unión antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Quedan tres puntos por verificar. Primero, si el Senado modifica el texto, lo que obligaría a regresarlo a la Cámara de Diputados y reiniciaría el trámite. Segundo, qué dicen los artículos transitorios: de ellos depende si la regla aplica al proceso electoral de 2027, cuyos calendarios arrancan en los próximos meses. Tercero, si aparece públicamente un aspirante con doble nacionalidad, el caso que convertiría un debate de principios en una exclusión con nombre y apellido.