Comisiones avalan aplazar a 2028 la elección judicial de CDMX y extender a Guerra

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobaron por mayoría calificada un dictamen que aplaza la elección judicial de la capital hasta junio de 2028. El texto, que se llevaría al pleno la próxima semana, ordena publicar la convocatoria para integrar las candidaturas a más tardar el 30 de abril de 2027 y deja a Rafael Guerra al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) hasta septiembre de 2028. El efecto inmediato es de calendario: la elección de juezas, jueces y magistrados sale de la jornada de 2027 —año en que la capital renueva su Congreso local y sus alcaldías en medio de la elección federal intermedia— y aterriza el primer domingo de junio de 2028, el mismo día en que el país elige Presidente y Congreso de la Unión.

Las ausencias que destrabaron el dictamen

La aprobación llegó al segundo intento. Un día antes, la misma instancia no alcanzó la mayoría calificada en ambas comisiones y el dictamen fue descartado. El jueves se reconvocó —esta vez en sesión virtual— y un nuevo texto sí reunió los votos. La diferencia no fue un cambio de posición documentado de los opositores: según lo reportado, la mayoría calificada se logró por la inasistencia de los diputados Diego Garrido, Mario Sánchez y Royfid Torres. El bloque mayoritario consiguió su umbral con el mismo tablero y menos sillas ocupadas. El detalle importa porque lo aprobado reforma la Constitución capitalina: en el pleno aplica la misma exigencia agravada, pero sobre un universo distinto de votantes y sin la ventaja de esas ausencias.

El texto no sólo mueve una fecha. En sus artículos transitorios se establece que magistraturas y juzgados no votados en 2025, junto con las vacantes correspondientes, se elegirán sin excepción el primer domingo de junio de 2028, y que quienes concluyan su encargo en el año de la elección ordinaria de 2027 permanezcan en funciones hasta que tomen protesta las personas electas. Cada Poder —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— integrará un Comité de Evaluación; cada comité armará una lista de las cuatro personas mejor evaluadas por cargo, la depurará mediante insaculación pública hasta dejar dos, con paridad de género, y la remitirá a la autoridad de su Poder para aprobación y envío al Congreso. La ciudad se dividirá en los distritos judiciales necesarios para que la ciudadanía elija una candidatura por especialidad o materia, identificando el Poder que la postula o si la persona está en funciones. El Órgano de Administración Judicial deberá informar al Congreso qué cargos se someten a elección. La convocatoria, con etapas, fechas y plazos improrrogables, debe publicarse a más tardar el 30 de abril de 2027.

La lectura política

En la práctica, el dictamen hace tres cosas al mismo tiempo. Despeja la boleta de 2027 en la Ciudad de México, donde ya se elegirán diputaciones locales, alcaldías y diputaciones federales; evita que el aparato electoral capitalino cargue además con una elección de decenas de cargos judiciales y con comités de evaluación operando en pleno calendario de campaña. Prolonga la conducción del TSJCDMX más allá de la jornada en que se votará a los nuevos juzgadores, con lo que la persona que hoy preside el tribunal administra el arranque del proceso que la sustituirá. Y traslada la legitimación de los cargos judiciales a la misma jornada en que se renueva la Presidencia, es decir, a un escenario de máxima movilización donde el voto judicial viajará pegado a la elección federal.

El aplazamiento no despolitiza el proceso; lo reubica. La fecha de la convocatoria —30 de abril de 2027— cae en pleno calendario electoral, y son los comités de cada Poder los que construirán los listados de cuatro que después se reducirán por insaculación. La paridad y el sorteo acotan la discrecionalidad, pero no la eliminan: quien influye en la integración de esos comités influye en quién queda dentro del universo sorteable. Ahí está el incentivo real, más que en la fecha de la jornada.

Rumbo a 2027, la señal es doble. Para aliados y adversarios del bloque mayoritario en el Congreso capitalino queda claro que el calendario judicial es materia negociable y que la vía para moverlo es una mayoría calificada, incluso si se consigue por ausencias y no por convencimiento. Para el sistema de justicia local, la extensión de mandatos —incluido el del propio Guerra— compra estabilidad operativa al costo de prolongar la permanencia de los titulares que la reforma buscaba someter a voto. La evidencia disponible no permite distinguir cuánto pesó la preocupación operativa y cuánto la protección de la estructura actual; ambas lecturas caben en los mismos transitorios. Tampoco hay que confundir etapas: lo aprobado es un dictamen, no un decreto vigente, y las listas de cuatro y luego dos son pasos administrativos, no candidaturas registradas.

Qué sigue

El dictamen sube al pleno la próxima semana, donde se repetirá la exigencia de mayoría calificada y donde la aritmética ya no dependerá de las inasistencias registradas en comisiones. Si se aprueba, seguirá la promulgación y publicación del decreto. Antes del 30 de abril de 2027, el Órgano de Administración Judicial debe informar los cargos sujetos a elección y los tres Poderes deben instalar sus Comités de Evaluación. La jornada quedaría fijada para junio de 2028. Falta por ver si el texto se modifica en el pleno, cómo votan quienes no asistieron a las comisiones y si la fecha vuelve a moverse.