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Congreso aprueba partida de Justicia y sostiene a Rabat en medio de la crisis
La comisión mixta de Presupuestos visó los recursos del ministerio por 16 votos a favor y 10 en contra, pese a las protestas y a los cuestionamientos al ministro por la entrega de decretos de rebaja de condenas.
El Congreso aprobó la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia por 16 votos a favor y 10 en contra, pese a las protestas feministas, los carteles opositores y los cuestionamientos al ministro Fernando Rabat por la entrega de decretos de rebaja de condenas. Rabat defendió su gestión, llamó a dejar la "reyerta" política y respaldó las decisiones del Presidente. La oposición prepara una acus
El Congreso aprobó la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia. La votación en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos terminó 16 a favor y 10 en contra, en una jornada cruzada por protestas, carteles opositores y cuestionamientos directos al ministro Fernando Rabat por la entrega de decretos de rebaja de condenas. El resultado tiene un significado público inmediato: el Parlamento decidió no usar la billetera como herramienta para forzar la salida del ministro, aun cuando una parte relevante de la oposición lo pedía explícitamente.
La sesión no fue rutinaria. Mientras Rabat participaba en una comisión, la diputada Paula Olmos (PDG) gritó "¡Renuncia, Rabat!" en el hall El Pensador de la Cámara, episodio registrado por las cámaras de seguridad. Afuera, en Valparaíso, cerca de un centenar de personas convocadas por organizaciones feministas exigió su salida. Dentro de la comisión, parlamentarios opositores instalaron carteles con las consignas "Renuncia Rabat" y "Fuera Rabat", y el debate derivó en interrupciones y duros intercambios, con reiterados llamados al orden del presidente de la instancia, Javier Macaya (UDI).
La lectura política
La aprobación de la partida le da a Rabat un margen de maniobra que hace días parecía estrecharse: el Congreso no le cerró los recursos a su cartera, pero tampoco lo respaldó políticamente. La distinción importa. Una cosa es que el ministerio conserve su financiamiento y otra que el ministro tenga capital político para sostener su gestión sin costos. La votación de 16 a 10 muestra que la oposición no logró convertir el descontento en una mayoría capaz de bloquear la partida, pero también que el oficialismo debió administrar la sesión en medio de tensiones internas.
El episodio de la senadora Daniella Cicardini (PS), que anunció que no aprobaría recursos mientras Rabat siguiera en el cargo, y la frase del diputado Daniel Manouchehri (PS) a Macaya —"Da la palabra, dictador"— tras la restricción de intervenciones, confirman que el conflicto no se resolvió con el resultado. El gobierno gana tiempo presupuestario, pero no neutraliza la ofensiva política: la acusación constitucional que prepara la oposición sigue en pie como el verdadero instrumento de presión.
Rabat, por su parte, eligió una estrategia de descompresión. Defendió sus conversaciones con parlamentarios y dirigentes de partidos frente a las críticas de Renovación Nacional —"La carta que leo de RN es de una comisión política, yo estoy con los parlamentarios trabajando día a día, converso con su presidenta"— y llamó a dejar atrás las disputas: "No más conflicto, no más pelea. Pensemos realmente cómo abordamos un problema que tiene hoy el ordenamiento jurídico, que lo tiene desde el año 2003". Consultado por su continuidad, respaldó las decisiones del Presidente José Antonio Kast y zanjó: "Yo no soy un comentarista del señor Presidente".
El punto débil del ministro no es el presupuesto, sino la entrega de los decretos de rebaja de condenas. Rabat sostuvo que serían entregados "oportunamente cuando ello corresponda", sin comprometer fecha, y argumentó que se debe resguardar la información reservada y la indemnidad de las víctimas. Esa cautela puede ser legítima en términos de protección de datos sensibles, pero también deja abierto el flanco que la oposición explota: la falta de un calendario verificable para que el Congreso acceda a los antecedentes. Sin ese calendario, el debate sobre los decretos seguirá operando como un símbolo de opacidad, con independencia de lo que efectivamente contengan los documentos.
El costo institucional es doble. Por un lado, el Ministerio de Justicia queda expuesto a una fiscalización parlamentaria permanente que puede reabrirse en cada tramitación. Por otro, la relación entre el Ejecutivo y su propio oficialismo muestra fisuras: las diferencias al interior del bloque por la acusación constitucional y las críticas de RN obligan a Rabat a administrar tanto la agenda legislativa como la cohesión de su sector. En paralelo, la Comisión de Gobierno Interior retomó dos proyectos refundidos que buscan sancionar la simulación de matrimonios o acuerdos de unión civil con fines migratorios, y la Comisión de Seguridad Ciudadana reabrió el debate sobre la continuidad del juicio oral ante la incomparecencia injustificada del acusado. La maquinaria legislativa sigue funcionando, pero bajo la sombra del conflicto.
Qué sigue
El siguiente hito es la acusación constitucional que prepara la oposición. Su viabilidad dependerá de si logra reunir los votos necesarios en la Cámara y, luego, en el Senado, y de si el oficialismo mantiene la cohesión que hasta ahora le permitió aprobar la partida. Para Rabat, la prueba inmediata es la entrega de los decretos: si no fija un calendario claro y verificable, la oposición tendrá un argumento renovado para sostener que la falta de información es, en sí misma, una decisión política. Para el Congreso, la pregunta es si la votación presupuestaria se interpreta como un respaldo implícito a la continuidad del ministro o como una simple decisión técnica que no prejuzga su futuro. La evidencia disponible no permite afirmar cuál de las dos lecturas prevalecerá; lo que sí está claro es que el conflicto no terminó con el conteo de votos.