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RUTA 27 · MEDIUM

Congreso de SLP condiciona el presupuesto del CEEPAC a revisión 'peso por peso'

El gasto ordinario solicitado para 2027 crece cerca de 70% frente a 2021 y el financiamiento a partidos, alrededor de 50%. Los diputados dicen que el proyecto cumple la fórmula legal, pero exigen el desglose antes de aprobarlo.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre justicia y controversias electorales
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

El Congreso de San Luis Potosí anunció que revisará a detalle el proyecto de presupuesto 2027 del CEEPAC, que prevé un alza de casi 70% en gasto ordinario y de 50% en financiamiento a partidos frente a 2021. Los diputados Castro Barrón y Arreola Mallol admiten que las cifras se apegan a la ley, pero piden el desglose. El resultado definirá los recursos del proceso electoral de 2027.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí anunció que someterá a revisión detallada el proyecto de presupuesto 2027 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). La decisión no es un trámite de rutina: de ese dinero depende la capacidad operativa del árbitro electoral en el año del proceso local de 2027, y el Legislativo se colocó en posición de exigir información antes de aprobarlo.

Los números que detonaron la revisión son dos. El gasto ordinario previsto para 2027 representa un incremento aproximado de 70 por ciento respecto al proceso de 2021, y el financiamiento a los partidos políticos subiría cerca de 50 por ciento en el mismo lapso, según planteó el diputado Luis Felipe Castro Barrón, representante del Legislativo ante el organismo por la mayoría. Su homólogo de la primera minoría, Carlos Arreola Mallol, coincidió en que el documento se apega a las fórmulas legales, pero consideró que requiere un análisis más amplio.

Castro Barrón pidió conocer “peso por peso” el destino de cada recurso y que el CEEPAC entregue un desglose pormenorizado por concepto. Arreola Mallol explicó que el cálculo del financiamiento electoral se hace conforme a la Ley Electoral, con factores como las unidades de medida y actualización (UMA), el padrón electoral y los resultados de la votación previa; aun así, dijo, falta detalle sobre la distribución entre partidos y los rubros incluidos en el proyecto. Ambos adelantaron que solicitarán información adicional a los consejeros electorales para conocer los argumentos técnicos que sustentan los aumentos.

Lo que la comparación deja ver

Los porcentajes, leídos solos, sugieren una expansión abrupta. Puestos en su horizonte, la lectura se matiza: se trata de una variación acumulada a lo largo de seis años —de 2021 a 2027—, que equivale a poco más de 9 por ciento anual compuesto antes de descontar inflación y sin considerar el efecto de la UMA sobre las fórmulas de financiamiento. El comparativo tampoco es neutro: 2021 fue el último proceso con elección de gubernatura en la entidad, y el gasto electoral no crece igual en años con y sin comicios concurrentes. Nada de eso exime al CEEPAC de justificar el desglose, pero sí delimita dónde está la discusión real.

La distinción importa porque el margen de maniobra del Congreso es desigual en cada rubro. El financiamiento a partidos se calcula con una fórmula legal; los diputados pueden revisarla, no reescribirla a voluntad sin costo jurídico. El gasto ordinario —plantilla, operación, organización del proceso— es donde el Legislativo tiene mayor capacidad de ajuste y, por tanto, donde se libra la negociación verdadera.

La lectura política

En la práctica, revisar el presupuesto del árbitro es una de las palancas más eficaces que tiene un Congreso frente a un organismo autónomo. No requiere reformar la ley: basta con pedir el desglose, citar a los consejeros y dejar correr el calendario. El Congreso gana margen de negociación y se presenta como vigilante del gasto público, un discurso con rendimiento electoral propio.

El hecho de que los representantes de la mayoría y de la primera minoría hablen en el mismo tono reduce la apariencia de un ataque partidista contra el CEEPAC y refuerza la posición del Legislativo: no es un diputado incómodo, es la institución la que pide cuentas. Esa coincidencia también envía una señal a los consejeros sobre el estándar de justificación que se les exigirá en adelante.

El límite está claro y conviene no confundirlo: no hay recorte anunciado, el proyecto —según los propios diputados— cumple las fórmulas legales, y el CEEPAC conserva los mecanismos de revisión e impugnación previstos en la normativa. Tampoco está acreditado que la revisión derive en presión sobre el árbitro; lo documentado es que el Legislativo se colocó en posición de condicionar la aprobación a la entrega de información.

Qué sigue

El Congreso no fijó fecha para la aprobación. Los pasos verificables son la solicitud formal de desglose al CEEPAC, la entrega de los argumentos técnicos de los consejeros y la distribución por partido y por rubro. En paralelo, Arreola Mallol informó que el Legislativo está próximo a recibir observaciones sobre la llamada elección judicial, y que el CEEPAC ya conformó una comisión para elaborar propuestas y comentarios sobre ese primer proceso judicial en la entidad. El Congreso acumula así dos frentes de interlocución con el mismo organismo antes de 2027.