Consejera alerta vacío legal de la IA ante la elección mexiquense de 2027

La consejera electoral Karina Vaquera Montoya advirtió que los procesos electorales enfrentan un vacío legal frente al uso de la inteligencia artificial (IA): no existe regulación específica y esa ausencia "puede ser mal aprovechado por algunos actores". El señalamiento no llega en abstracto. La propia consejera sostuvo que la legislación electoral mexiquense está rebasada en la materia, y el Poder Legislativo local acepta la carencia aunque todavía no tiene una iniciativa sobre la mesa.

Vaquera Montoya apoyó su diagnóstico en casos fuera de México. Mencionó Bolivia, donde se detectaron "minigranjas de bots" y miles de cuentas automatizadas en X e Instagram, y dijo que el mismo problema se registra en Chile, Colombia, Argentina, Perú y Brasil. El mecanismo, explicó, ya no requiere alterar sistemas de cómputo: las redes se usan de manera coordinada para posicionar tendencias, simular fraudes o victorias y atribuir cualidades inexistentes a quien contiende, lo que en la práctica opera como guerra sucia digital. A eso sumó un riesgo menos visible: que la conversación automatizada empuje posiciones maximalistas o intransigentes y vuelva más difícil para la ciudadanía identificar información veraz.

La consejera colocó ese rezago junto a otro que ya se percibe en el territorio: los actos anticipados de campaña. Dijo que en avenidas y espacios públicos la ciudadanía observa a personas que, sin pedir el voto, se posicionan antes de tiempo y generan inequidad en la contienda. "El uso y el avance de la tecnología ha rebasado el marco normativo de las reglas del juego político electoral", resumió.

El Congreso reconoce el hueco y promete mesas, sin fecha

El diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, presidente de la comisión legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático, reconoció la carencia y anunció que "en su momento" se realizarán mesas de trabajo con los institutos electorales para presentar iniciativas que regulen la IA, con opinión de especialistas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y del Instituto Nacional Electoral (INE). También fue explícito sobre el calendario: para el proceso electoral en marcha es complicado hacer cambios; la expectativa es lograrlo para la elección judicial de 2028.

La lectura política

El vacío que describe Vaquera no es neutral: reparte ventaja. Quien tenga capacidad técnica, datos y presupuesto puede escalar mensajes a bajo costo y con alta velocidad; quien no la tenga compite en desventaja y sin herramientas simétricas de respuesta. Regular es decidir quién carga el costo de la verificación, qué se puede probar y con qué rapidez se sanciona. Por eso la discusión sobre IA es, en el fondo, una discusión sobre equidad de la contienda.

Hay además una función institucional en la advertencia. Una autoridad electoral que documenta el riesgo antes de que ocurra se cubre frente a lo que venga: si en 2027 aparece una campaña sostenida por cuentas automatizadas, ya existirá constancia pública de que el fenómeno fue advertido y de que se pidieron reglas. Eso puede leerse como anticipación legítima y también como blindaje. Las dos cosas caben.

El emparejamiento que hace Vaquera es revelador. Coloca en el mismo diagnóstico la IA y los actos anticipados de campaña: dos fenómenos distintos —uno digital, otro territorial— que comparten un rasgo, la norma vigente no los alcanza con precisión y la sanción llega tarde o no llega. El Estado de México tiene su propia cita en las urnas en 2027, cuando se renuevan el Congreso local y los ayuntamientos, de acuerdo con el calendario electoral vigente. Ahí es donde aterrizaría el riesgo descrito.

Los incentivos del Legislativo local apuntan en una dirección previsible. Regular la IA tiene bajo costo de conflicto —nadie sale a defender públicamente a los bots— y rédito en imagen. Pero exige consultas, definiciones técnicas y plazos que pueden incomodar a los operadores de las campañas. De ahí el "en su momento": anuncia voluntad, no calendario. Y el horizonte de 2028 no es casual: coloca el costo político de la regulación después de la elección en curso.

Conviene precisar el límite. No hay iniciativa presentada, no hay fecha de mesas, no hay sanción. La advertencia de la consejera es un diagnóstico, no una norma; la promesa del diputado es una intención, no una ruta legislativa en marcha. La evidencia disponible tampoco precisa el órgano al que pertenece la consejera ni el contenido de las mesas anunciadas. Para sostener que existe un cronograma habría que ver la convocatoria o el documento.

Qué sigue

- Mesa de trabajo: la comisión legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático no fijó fecha ni convocatoria pública. Ese es el primer dato verificable y el que permitirá medir si la promesa avanza. - Iniciativa: revisar si se presenta antes o después de la jornada electoral de 2027 en la entidad, y si incluye sanciones específicas o sólo lineamientos generales. - Institutos electorales: vigilar si el IEEM y el INE emiten criterios, protocolos o mecanismos de detección de contenido generado con IA, y si los partidos suscriben compromisos de campaña. - Prueba de eficacia: la activación de procedimientos sancionadores por granjas de bots o desinformación coordinada medirá si la advertencia se convirtió en regla aplicable o quedó como declaración.