RUTA 27 · MEDIUM
Consejera del INE denuncia amenazas y pone a prueba la autonomía electoral
Denisse Gómez Puga dijo ante el Consejo General que las amenazas alcanzan a integrantes de su familia y que no definirán el sentido de su voto. El consejero Arturo Chávez respaldó la independencia del Instituto.
La consejera del INE Denisse Gómez Puga denunció en sesión pública amenazas graves contra su integridad física, extendidas a su familia, y anunció que las documentará y atenderá por vías institucionales y legales. Sostuvo que no cambiarán su voto. El consejero Arturo Chávez respaldó la independencia del Instituto. El caso pone la presión sobre el árbitro electoral en el centro del proceso rumbo a
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Denisse Gómez Puga, denunció ante el Consejo General amenazas graves y directas contra su integridad física, que dijo se han extendido a integrantes de su familia. Lo hizo en sesión pública, sin los rodeos que suelen acompañar a los conflictos internos del árbitro electoral, y el efecto fue inmediato: un riesgo individual quedó convertido en asunto del colegiado. Si la intimidación se dirige a una autoridad electoral por las decisiones que adopta, el objeto de la presión no es una persona, sino la independencia con la que ese cuerpo delibera y vota.
Gómez Puga, de reciente ingreso al Instituto, abrió su intervención con una advertencia: “Debo hacer del conocimiento una situación extrema, que no puedo ni debo normalizar. En días recientes he recibido amenazas graves y directas contra mi integridad física, que se han extendido incluso a integrantes de mi familia”. Añadió que el asunto está documentado y que lo atenderá por las vías institucionales y legales correspondientes.
La consejera marcó una distinción que es, en realidad, una defensa del terreno institucional: la crítica, la discrepancia política y el cuestionamiento más severo son legítimos, dijo, pero amenazar la integridad de una persona o de su familia “no es crítica, no es debate y no es libertad de expresión”, sino intimidación. Y remató: cuando esa intimidación se relaciona con las decisiones de una autoridad electoral, “lo que se intenta vulnerar es la independencia con la que debemos deliberar y votar”.
Frente al riesgo, sostuvo que ninguna amenaza determinará el sentido de su voto y que seguirá resolviendo conforme a la Constitución y a sus convicciones jurídicas. “La democracia exige libertad para votar y esa libertad implica poder hacerlo sin temer por nuestra vida”, afirmó.
El respaldo llegó del consejero Arturo Chávez, quien avaló el posicionamiento y sostuvo que los integrantes del INE no se dejarán intimidar al votar. Su intervención incluyó una segunda señal, dirigida hacia afuera: el Instituto no pretende convertirse en un partido político opositor al gobierno.
La lectura política
El Consejo General no resuelve asuntos menores: de sus votaciones dependen el registro de partidos y coaliciones, la fiscalización, los tiempos en radio y televisión y la organización de la elección federal de 2027, en la que se renueva la Cámara de Diputados. Presionar a una consejera no es un gesto simbólico: es un intento de mover un voto dentro de un cuerpo cuyas mayorías se construyen caso por caso.
Que Gómez Puga sea de reciente ingreso agrega un elemento. Los consejeros nuevos no arrastran las lealtades que da la antigüedad, y su voto puede ser disputado. Decirlo en voz alta, cuando lo habitual es callarlo, cambia el costo del juego: obliga al resto del colegiado a posicionarse y encarece la intimidación. En la práctica, el pleno funciona como escudo.
La frase de Chávez sobre no ser “un partido político opositor al gobierno” apunta a otra preocupación: que la defensa de la autonomía se lea como alineamiento. El Instituto necesita parecer imparcial incluso cuando responde a un ataque, porque rumbo a 2027 cada resolución será leída en clave política.
Falta el dato que daría peso a cualquier lectura: el origen de las amenazas, si existe ya una denuncia penal y ante qué autoridad, y si el Instituto activará un protocolo de protección. Sin eso, atribuir autoría sería especulación. Lo verificable es que una autoridad electoral declaró ante sus pares que está siendo presionada por su voto.
Qué sigue
El primer paso es el trámite: documentar las amenazas y llevarlas por las vías institucionales y legales. De ahí se desprenden puntos verificables: si presenta denuncia penal y ante qué fiscalía —federal o local—; si el Consejo General emite un pronunciamiento formal o acuerda medidas de seguridad para consejeros y personal; y si la Fiscalía General de la República (FGR) confirma la apertura de una investigación.
También importa la siguiente sesión del Consejo General: si el tema vuelve al orden del día, si otros consejeros reportan presiones equivalentes y si el Instituto ajusta sus protocolos internos. La pregunta que queda rumbo a 2027 no es quién amenazó, sino si el árbitro podrá seguir votando sin que la presión entre al cálculo.