Consejeros del INE se deslindan de contratos de Taddei y piden revertir superpoderes

Tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se deslindaron este lunes de los contratos de prestación de servicios celebrados durante la presidencia de Guadalupe Taddei y pidieron al Congreso de la Unión revertir las facultades que la reforma electoral concentró en la titular del instituto. Carla Humphrey, Arturo Castillo y Uuc-Kib Espadas sostuvieron que el Consejo General no administra el organismo y que, por diseño legal, esas decisiones recaen en la presidencia.

“Los consejeros no teníamos ni la más remota participación en la administración del instituto, eso es una estructura distinta, no tomamos esas decisiones, esas decisiones no pasan por nosotros”, dijo Espadas Ancona. La declaración ocurre el mismo día en que Taddei envió su renuncia oficial como consejera presidenta a la Cámara de Diputados, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abriera una investigación por el escándalo de corrupción que rodea su gestión.

El deslinde no es solo una defensa personal. Los tres consejeros colocan el origen del problema en una regla concreta: la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), aprobada por Morena en el Congreso, que otorgó a la presidencia del instituto facultades totales de nombramiento y administración. Humphrey recordó que impugnó esa reforma ante el Tribunal Electoral y describió el resultado como un “maxi poder, superpoder que rompe la colegialidad, que rompe la corresponsabilidad”.

Castillo fue más lejos en la petición: urgió al Congreso a reconsiderar “las super facultades que le otorgaron a la presidencia del Consejo General”, porque, argumentó, disminuyeron las capacidades del propio Consejo para vigilar cómo se llevaba a cabo la gestión institucional. El consejero también afirmó que los 10 consejeros que permanecen en el INE están dispuestos a colaborar con la ASF y con el Órgano Interno de Control, aunque evitó calificar de antemano quién tiene “las manos limpias o sucias”: eso, dijo, corresponde a los órganos competentes.

La renuncia de Taddei deja al INE sin titular en un momento delicado. El instituto debe resolver la presidencia provisional —el Consejo General ya aplazó una designación— mientras enfrenta una auditoría en curso y la presión política de Morena, que impulsó precisamente la reforma que hoy los consejeros señalan como causa estructural del problema. La discusión, por tanto, no es solo sobre contratos: es sobre quién responde políticamente cuando la ley concentra la administración en una sola firma.

La lectura política

El movimiento de los tres consejeros cumple una función práctica: trasladar el costo político del escándalo de la persona de Taddei al diseño institucional que la facultó. Es una operación defensiva, pero también una agenda de reforma. Al pedir al Congreso revertir las facultades de la presidencia, Humphrey, Castillo y Espadas intentan convertir una crisis de gestión en una discusión sobre colegialidad, un terreno donde el INE puede recuperar margen frente a un Ejecutivo y una mayoría legislativa que han buscado concentrar decisiones.

Los incentivos son claros. Para los consejeros, deslindarse protege la legitimidad del árbitro electoral de cara a 2027, cuando el instituto deberá organizar la sucesión presidencial y las gubernaturas. Para Morena, en cambio, revertir la reforma implicaría admitir un error de diseño que hasta ahora ha defendido; sostenerla, en cambio, deja la responsabilidad política pegada a la presidencia del INE y no al partido que la diseñó. El equilibrio interno del Consejo General queda expuesto: diez consejeros que se declaran dispuestos a colaborar con la ASF, pero sin facultades legales para haber evitado los contratos que ahora se investigan.

La señal rumbo a 2027 es doble. Hacia adentro, el INE intenta mostrar que la colegialidad no es un adorno, sino un mecanismo de control que la reforma desmanteló. Hacia afuera, envía a partidos y aspirantes el mensaje de que el árbitro electoral llega al proceso con una crisis de confianza y una auditoría abierta. No hay aquí una candidatura ni una precandidatura de facto: hay un posicionamiento institucional de consejeros que buscan preservar la autonomía del organismo. Pero ese posicionamiento puede convertirse en un actor político relevante si el Congreso decide revisar la reforma o si la ASF finca responsabilidades.

Qué sigue

El Consejo General del INE debe designar a la presidencia provisional, luego de que la votación se aplazara. La ASF y el Órgano Interno de Control tienen investigaciones en curso cuyos resultados determinarán si hay responsabilidades administrativas o penales por los contratos. El Congreso de la Unión tiene en sus manos la petición de revertir la reforma al artículo 45 de la LGIPE; hasta ahora no hay indicios de que la mayoría legislativa haya aceptado revisarla. El calendario electoral de 2027 avanza y el INE deberá llegar a él con una presidencia definida y un marco de facultades en disputa.

Actualización

El hecho nuevo amplía el contexto de la crisis del INE mencionada en la historia previa, vinculando la necesidad de recuperar la credibilidad (mencionada por Galindo) con la renuncia de Taddei y las demandas de los consejeros por revertir superpoderes. Leer el nuevo desarrollo.