RUTA 27 · MEDIUM
Coordinadores de Morena rumbo a 2027 dejan reclamos del PT y disputas internas
Zacatecas y Baja California concentran los conflictos más visibles de las primeras designaciones, hechas el 15 de septiembre. Ninguna coordinación es todavía una candidatura registrada.

Morena designó el 15 de septiembre coordinadores estatales en Zacatecas y Baja California como antesala de las gubernaturas de 2027. El proceso, definido por encuestas, dejó reclamos del PT, acusaciones de intervención de grupos locales y mesas de revisión en tres entidades. Ninguna designación es aún candidatura: la disputa real es por el método y por los términos de la alianza.
Morena convirtió la “coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” en el vehículo para ordenar su sucesión rumbo a 2027. Las primeras designaciones —Zacatecas y Baja California, anunciadas el 15 de septiembre— dejaron reclamos por el método de selección, señalamientos de intervención de grupos locales y diferencias entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), según el análisis que El Imparcial difundió el 6 de octubre.
La precisión importa: ninguna de estas personas es candidata. El cargo no equivale a una precandidatura registrada y el proceso electoral de 2027 todavía no arranca formalmente. Pero en la práctica la coordinación funciona como antesala de la candidatura a la gubernatura: quien la recibe queda perfilado para encabezarla. Eso es lo que está en disputa.
Encuestas como método, conflictos como resultado
El mecanismo central fueron encuestas y ejercicios espejo realizados por siete empresas en 16 entidades; en San Luis Potosí se optó por designación por consenso. En Zacatecas, Baja California Sur y Nayarit se instalaron mesas de revisión por inconformidades.
Zacatecas concentró el conflicto más visible. La designación de Verónica Díaz Robles —senadora con licencia y exdelegada de los programas de Bienestar— se resolvió sobre un grupo de aspirantes que incluía a Ulises Mejía Haro, José Narro Céspedes y Geovanna Bañuelos, perfiles de Morena, PT y PVEM. Su relación con la familia Monreal —fue esposa de Luis Enrique Monreal Ávila, hermano del gobernador David Monreal Ávila— fue utilizada por grupos internos para cuestionar el resultado. En la presentación hubo consignas contra el monrealismo y sectores del partido pidieron revisar las encuestas; la dirigencia nacional aceptó explicar los resultados, pero sostuvo que la designación no estaba sujeta a reversión.
Un elemento adicional alimentó las dudas: una versión difundida sobre los resultados atribuyó a Díaz Robles 9.75 puntos sobre 10, frente a 0.25 de Mejía Haro. La cifra no está confirmada como resultado oficial, pero su circulación ilustra el problema de fondo: una encuesta puede presentarse como fuente de legitimidad y, al mismo tiempo, dejar intacto el conflicto político si los participantes cuestionan la metodología.
En Baja California el desenlace tomó otra ruta. Julieta Ramírez Padilla, también senadora con licencia y con trayectoria vinculada a Morena en el estado, fue designada coordinadora; su recorrido previo junto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila aparece entre los factores de su llegada. El proceso, además, sigue abierto: en Chihuahua se designó a Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez aparece en la ruta por la coordinación en Ciudad Juárez.
La lectura política
El movimiento no busca solo organizar territorios: busca fijar jerarquías antes de que las candidaturas se vuelvan inevitables. Las coordinaciones son el instrumento con el que la dirigencia nacional ordena una sucesión adelantada, mide lealtades de grupos estatales y, sobre todo, evita que la disputa por las gubernaturas de 2027 se resuelva en un proceso abierto donde el ganador no pueda ser administrado.
Los incentivos son claros. Los gobernadores que ya tienen estructura propia —el monrealismo en Zacatecas, el equipo de Marina del Pilar en Baja California— apuestan por perfiles de afinidad comprobable, y las encuestas ofrecen el envoltorio técnico para hacerlo. El costo lo pagan los aspirantes que quedan fuera y los aliados que no ven reflejados los acuerdos: el PT reclamó arreglos que, según sus dirigentes, no fueron respetados, y sus aspirantes no otorgaron respaldo inmediato a Díaz Robles, quien sí agradeció públicamente el del PVEM. El Verde, mientras, ganó margen al colocar perfiles propios en la ruta hacia las gubernaturas.
Hay un límite analítico que conviene no borrar. Mejía Haro fue identificado con sectores cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum y contó con el respaldo político de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien defendió respetar las encuestas; su derrota no acredita un “descalabro” presidencial, porque Sheinbaum no fue parte formal del proceso de selección. Lo documentado es más acotado y más útil: un perfil asociado a ese sector no obtuvo el nombramiento y la estructura local con mayor presencia territorial sí.
Lo que estas designaciones realmente miden es la capacidad de Morena para llegar a 2027 con la coalición armada. Y por ahora la señal es ambigua: el partido puede imponer a su coordinador, pero no necesariamente garantizar que el perdedor, el PT o el PVEM lo acompañen el día de la candidatura.
Qué sigue
Las mesas de revisión en Zacatecas, Baja California Sur y Nayarit son el primer punto de prueba: si la dirigencia solo explica resultados sin reabrir el método, el conflicto se traslada a la negociación de candidaturas. El PT deberá definir si respalda a los coordinadores morenistas o mantiene aspirantes propios en las entidades donde eso sea posible; el PVEM ya mostró que cobrará su parte. En paralelo falta el tramo formal: definir coaliciones, resolver precandidaturas y registrar candidaturas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos locales cuando el calendario de 2027 lo permita. Hasta entonces, cada coordinación es una posición política, no una candidatura.