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Coparmex NL exige revisar el dinero a partidos en pleno año electoral
El organismo empresarial puso números al debate: el gasto ordinario casi se duplicó en una década, según el Instituto Estatal Electoral. La elección de 2027 está proyectada en 572 millones de pesos.
Coparmex Nuevo León pidió revisar el financiamiento público a partidos: según el Instituto Estatal Electoral, el gasto ordinario pasó de 170.2 a 329.2 millones de pesos entre 2016 y 2025. El reclamo llega cuando el IEE prepara la elección de 2027, proyectada en 572 millones, y sin que la Tesorería estatal haya respondido a su solicitud de ampliación presupuestal.
Coparmex Nuevo León puso cifras a una discusión que solía quedarse en el adjetivo. El organismo empresarial llamó el 9 de octubre a revisar el modelo del sistema político y el financiamiento público a los partidos, y lo respaldó con un dato: entre 2016 y 2025 el dinero para actividades ordinarias pasó de 170.2 a 329.2 millones de pesos, un alza de 93%, según el Instituto Estatal Electoral (IEE). Con eso, el reclamo deja de ser un desahogo gremial y entra al tramo donde se decide el presupuesto del año electoral.
"El cuestionamiento no es hacia la existencia del financiamiento público ni hacia la autoridad electoral que aplica la ley", dijo Roberto Cantú Alanis, presidente del organismo. "Lo que debemos preguntarnos es si una fórmula diseñada hace años sigue respondiendo a las condiciones económicas, sociales y presupuestales actuales de Nuevo León". El comunicado añade que en 2024 el gasto ordinario fue de 332.8 millones y 103.7 millones se destinaron a campañas, y compara el caso con Jalisco y Ciudad de México.
Una fórmula que crece sola
El monto no depende de una votación ni de un capricho administrativo. Se calcula cada año con dos variables objetivas —el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el tamaño del padrón, hoy de 4.7 millones de personas— y se reparte 70% según el resultado de la última elección local y 30% de forma equitativa; los partidos de nuevo registro reciben 2% de la bolsa proporcional. Parte del incremento de la década es, entonces, aritmética. Lo incómodo del planteamiento es otro punto: nadie vota ese ajuste anual, simplemente ocurre.
El tamaño de lo que viene ya está calculado. Fuentes del IEE ubicaban el financiamiento estatal para 2027 en 572 millones de pesos, 52% más que en 2021, con 381.4 millones de gasto ordinario y casi 191 millones para campañas. Frente a las cifras que cita Coparmex, el ordinario subiría alrededor de 16% respecto de 2025 y el dinero de campaña sería casi el doble del de 2024. En 2027 Nuevo León renueva la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos.
La lectura política
El comunicado no es una propuesta: es una jugada de agenda. Coparmex no presentó iniciativa, no fijó un porcentaje de recorte y no pidió eliminar el financiamiento; instaló el tema en la ventana en que se discuten el Paquete Económico estatal y el presupuesto del IEE. Quien define el marco antes de que se repartan las cifras ya ganó algo, aunque no consiga el recorte.
Hay un cruce de incentivos que conviene decir de frente. Los partidos no van a votar por reducir su propio dinero, y el financiamiento público es una obligación de rango constitucional (artículo 41): un ajuste de fondo exige reforma federal o cambios legales locales dentro de ese límite, camino caro y lento. El efecto inmediato no está en el bolsillo de los partidos sino en la negociación del árbitro. El IEE ha urgido una ampliación presupuestal sin respuesta de la Tesorería estatal, según la cobertura local del caso. El argumento del "gasto excesivo" sirve tanto para disciplinar a los partidos como para apretar a la autoridad que debe organizar la elección más grande del estado.
Conviene mirar además la asimetría. El financiamiento público es auditable y tiene tope; si se reduce, la ventaja efectiva no desaparece, se desplaza hacia quien controla el gasto público —obra, nómina, publicidad oficial—, que suele ser la fuerza en el gobierno. Un recorte no equivale automáticamente a una competencia más pareja.
La señal rumbo a 2027 es clara: el empresariado de Nuevo León se coloca como actor con voz sobre las reglas del año electoral, justo cuando coaliciones y aspirantes empiezan a acomodarse. El estándar, en todo caso, es el mismo para todas las siglas, y el argumento es verificable con números.
Qué sigue
Tres cosas son rastreables. La definición del financiamiento de 2027 —el IEE debe calcularla con la UMA y el padrón vigentes, sobre una proyección de 572 millones—; el desenlace del presupuesto del organismo, hoy atorado en la Tesorería y con el Congreso local como instancia final; y si Coparmex traduce el llamado en una iniciativa con monto o el comunicado se queda sin consecuencia normativa. Falta saber también si los partidos locales responden y si alguna bancada recoge la bandera. Sin propuesta legal y sin plazo, el freno al gasto electoral es, por ahora, una exigencia pública y nada más.