RUTA 27 · LOW
Corte invalida castigo de cancelación a candidatos en Chihuahua; Congreso deberá legislar
El pleno resolvió las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y acumuladas. También declaró omiso al Congreso local por no regular la nulidad de elección por nepotismo e injerencia extranjera.
La SCJN invalidó por mayoría las sanciones de pérdida de registro y cancelación de candidaturas de la reforma electoral de Chihuahua, por violar la proporcionalidad al no permitir individualizar el castigo. También cayó la sanción por beneficio objetivo de actos violentos. El Congreso local deberá legislar, pero ya no para el proceso que inicia el 1 de octubre.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por mayoría de votos la pérdida de registro o cancelación de candidaturas que Chihuahua adoptó en julio para castigar infracciones vinculadas con actos de la delincuencia. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026, el pleno dejó al estado sin su herramienta más severa contra la infiltración criminal, justo antes del proceso electoral que inicia el 1 de octubre. La Corte no discutió que el crimen pueda contaminar una elección: discutió el mecanismo elegido para castigarlo.
El argumento central fue la proporcionalidad. Ministras y ministros estimaron que la reforma —aprobada por todas las fuerzas políticas del Congreso local salvo Morena— impedía individualizar la sanción, es decir, medir si el castigo correspondía a la conducta cometida. La ministra Yasmín Esquivel votó en contra; el desglose del resto de los votos no aparece en lo publicado.
Un segundo tramo fue igual de relevante: también cayó la sanción contra quien resultara beneficiado de manera directa por actos de violencia, fuerza armada, intimidación, amenazas, coacción, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida en el proceso. El razonamiento fue que el solo beneficio objetivo obtenido por una candidatura a causa de actos de terceros no genera responsabilidad administrativa sin una base personal de imputación. Hay que probar la conducta, no deducirla del resultado.
La sentencia no se agotó ahí. El pleno declaró que el Congreso incurrió en omisión al no regular la nulidad de una elección por nepotismo ni por intromisión o injerencia extranjera. Tumbó además el modelo de acción afirmativa para personas con discapacidad y de la diversidad sexual en regidurías: las agrupaba en un mismo rubro con una cuota conjunta de 2%, sin distinguir entre sectores. Y anuló normas que restringían facultades interpretativas de los tribunales y facultades reglamentarias del órgano electoral local. Las acciones las promovieron una minoría legislativa, Morena y la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua.
La lectura política
El paquete de julio funcionaba, en la práctica, como un escudo reputacional: permitía exhibir una sanción ejemplar —quitarle el registro al candidato sospechoso— sin acreditar antes la conducta de nadie. La Corte desmontó esa economía: sin individualización, el castigo no se sostiene.
El reacomodo de incentivos es claro. El Congreso local pierde su instrumento más visible y gana una obligación legislativa. Morena, que votó contra la reforma y promovió la acción, obtiene una victoria jurídica que también le rinde narrativamente; pero la resolución no valida ni convalida ninguna conducta, así que no puede leerse como una derrota del estado frente al crimen. Ningún partido sale con licencia para señalar impunemente a su adversario como infiltrado.
Hay un patrón rumbo a 2027. La misma semana, el pleno invalidó la alternancia obligatoria de género en San Luis Potosí y Durango —de otro signo político— y ahora tumba sanciones en Chihuahua. La Corte se perfila como filtro de la ingeniería electoral de todos, sin alinearse con ninguno. La lección operativa para las dirigencias: las sanciones severas sin individualización no sobreviven.
El límite hay que decirlo con claridad. La invalidación no deja a Chihuahua sin defensas: quedan las vías penales y quedan las causales de nulidad que el Congreso debe legislar. Para el proceso que arranca el 1 de octubre regirán las normas vigentes, no las que se escriban después.
Qué sigue
El Congreso de Chihuahua tendrá que legislar las causales de nulidad por nepotismo e injerencia extranjera, rediseñar por sector la acción afirmativa en regidurías y ajustar las facultades que la Corte devolvió a tribunales y al órgano electoral. Esa legislación ya no alcanzará el proceso que inicia el 1 de octubre, sino el siguiente. Falta conocer el engrose con los efectos precisos y el número de votos por cada punto.