ECONOMÍA · HIGH
Denuncian a excomisionado de la Cofece por favorecer a Meta en 2021
La querella ante la Secretaría Anticorrupción sostiene que Alejandro Faya votó en una investigación antimonopolio pese a que su hermano trabajaba para la tecnológica. El expediente incluye la transcripción de la sesión del Pleno.
Alejandro Faya, excomisionado de la extinta Cofece, enfrenta una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro por presuntamente favorecer a Meta en una investigación antimonopolio de 2021 sin excusarse, aunque su hermano trabajaba para la empresa. La denuncia, con 13 anexos, fue presentada el 23 de junio. Será la Secretaría la que determine si hubo faltas graves.
Alejandro Faya, hasta hace unos meses comisionado de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), vuelve al centro de una controversia que toca uno de los puntos más sensibles de la regulación económica: quién vigila a los gigantes tecnológicos y bajo qué reglas. Una denuncia presentada ante la Secretaría Anticorrupción, que encabeza Raquel Buenrostro, sostiene que el exfuncionario favoreció a Meta —dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp— en una investigación antimonopolio de 2021, sin excusarse de votar pese a que su hermano, Héctor Faya Rodríguez, trabajaba entonces como director de Relacionamiento con Gobierno para América Latina de esa empresa.
La denuncia, presentada el 23 de junio con 13 anexos, incluye la transcripción de la sesión del Pleno de la Cofece donde Faya habría participado de forma indebida. El expediente fue turnado a la Secretaría Anticorrupción bajo la figura de faltas graves cometidas por un exservidor público de la extinta Cofece. La ley prevé que los comisionados deben excusarse de votar en asuntos donde un pariente tenga interés; según la querella, esa obligación no se cumplió.
El caso no es menor para la competencia económica del país. Meta es uno de los llamados gigantes tecnológicos y su operación en México atraviesa mercados de publicidad digital, mensajería y comercio electrónico. Una investigación antimonopolio cerrada en 2021 sin sanción implica que el regulador no encontró, en su momento, elementos para intervenir sobre la posición de la empresa. Si ese voto estuvo contaminado por un conflicto de interés no declarado, el costo no lo absorbe la tecnológica: lo absorben los competidores que enfrentan barreras de entrada, los anunciantes que pagan por publicidad y, en última instancia, los usuarios que reciben menos opciones. La regulación de competencia es, en la práctica, una política de precios y de acceso al mercado.
La lectura
El mecanismo económico es directo: cuando un regulador no se excusa, la decisión deja de ser técnica y pasa a ser discrecional. El beneficio para la empresa señalada es evitar una investigación que podría haber derivado en condiciones, multas o desinversiones; el costo se reparte entre quienes compiten con ella y quienes consumen sus servicios. En un mercado digital concentrado, ese tipo de decisiones tiene efectos cotidianos: menos competencia suele traducirse en precios más altos para anunciantes, menos alternativas para usuarios y menor presión para innovar.
El margen del gobierno es acotado pero relevante. La reforma constitucional en materia de competencia de diciembre de 2025 sustituyó a la Cofece por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y relevó a los comisionados que no contaban con la confianza del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La querella contra Faya parecería confirmar las reservas del gobierno sobre la actuación del órgano anterior, pero al final del día será el equipo de Buenrostro el que determine si el comportamiento documentado es compatible con la ley y con los principios de la Cuarta Transformación. Es decir, la denuncia abre un expediente administrativo, no una sentencia.
Hay un elemento adicional que el propio denunciante documenta: Faya se amparó con éxito contra la restricción legal de no trabajar para las empresas que estuvieron sujetas a su autoridad como funcionario, una limitación establecida en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para evitar conflictos de interés. A partir de esa maniobra jurídica, según la denuncia, ha ofrecido a grandes empresas sus servicios de gestor ante la CNA, alardeando de su cercanía con la comisionada presidenta, Andrea Marván Saltiel, con quien coincidió en el Pleno del desaparecido órgano. Ese punto no forma parte de la imputación central, pero describe un mercado de influencias que la propia denuncia pone sobre la mesa.
Qué sigue
La Secretaría Anticorrupción deberá valorar los 13 anexos, entre ellos la transcripción de la sesión del Pleno, y decidir si el comportamiento documentado constituye una falta grave. Lo que está en juego no es solo la carrera de un excomisionado: es la credibilidad del nuevo regulador antimonopolio y la señal que reciben las empresas sobre si los conflictos de interés se sancionan o se toleran. Si la Secretaría concluye que hubo falta, el precedente alcanzaría a otros excomisionados y a la forma en que la CNA hereda expedientes del órgano extinto. Si no, la duda sobre la independencia técnica del regulador quedará abierta justo cuando el gobierno rediseña su arquitectura de competencia.
Falta, por ahora, la respuesta de Faya y la valoración jurídica de la Secretaría. Sin esos dos elementos no puede sostenerse que haya responsabilidad comprobada; lo que sí está documentado es que la denuncia existe, que tiene anexos y que involucra a una de las empresas más grandes del mundo.