Denuncian 'diezmo' en el OIC del INE y sombra de Gutiérrez Luna

Excolaboradores del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) denunciaron que esa instancia —la que deberá investigar las anomalías de la administración de Guadalupe Taddei— está “colonizada” por el morenista Sergio Gutiérrez Luna y opera con prácticas como el descuento a empleados para conservar la plaza. La denuncia, sostenida con estados de cuenta que los extrabajadores mostraron a un diario nacional, coloca al órgano de control en el centro de una paradoja: el vigilante del árbitro electoral es ahora objeto de auditoría.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) envió auditores al edificio Zafiro del INE para revisar a los inspectores del OIC, ante la desconfianza sobre la investigación que ese órgano hará a Taddei. El relato de los excolaboradores describe un esquema de cuotas: al aceptar la plaza se les notificaba el “diezmo” a aportar, sin negociación, con monto y número de cuenta. Los depósitos llegaban a una cuenta cuya beneficiaria es una funcionaria de bajo nivel del gobierno de Veracruz, cuyo nombre se reserva. En otros casos el cobro era en efectivo, mediante un joven que recibía el dinero en un restaurante.

Los montos, según la denuncia, seguían una escala. Subdirectores con alrededor de 73 mil pesos netos aportaban 15 mil mensuales en pagos quincenales de 7 mil 500, poco más de 20% de su sueldo; jefaturas de área, con cerca de 42 mil netos, pagaban más de 7 mil, alrededor de 16%. Directores de área y jefes de unidad también rentaban plaza, aunque el porcentaje no se conoce. El OIC tiene tres unidades, dos coordinaciones, 11 direcciones de área, 25 subdirecciones y 30 jefaturas de departamento: una estructura donde el control de plazas equivale a control de lealtades.

El contexto de la denuncia es una purga previa. Tras la salida del contralor Jesús George Zamora y el interinato de Oswaldo Peralta, la Cámara de Diputados nombró a Víctor Hugo Carvente, quien ordenó la renuncia de todo el personal de George Zamora, adscrito al grupo Texcoco de Morena. En esa salida cayó Gregorio Duarte, sobrino de Horacio Duarte. Para sustituirlos, según los extrabajadores, se repartieron plazas entre Morena y el Verde, aunque la mayoría habría quedado en manos de Gutiérrez Luna, morenista veracruzano.

La lectura política

El OIC no es una oficina administrativa menor: es la instancia que puede abrir o cerrar investigaciones contra consejerías, contralores y personal del INE. Quien controla su plantilla controla, en la práctica, el ritmo y el alcance de las investigaciones internas del árbitro electoral. Por eso la denuncia importa más allá del caso individual: toca la capacidad del INE para vigilarse a sí mismo en el ciclo que desemboca en 2027.

El movimiento tiene una función reconocible: ordenar lealtades dentro de un órgano que, en los hechos, funciona como antesala de decisiones políticas. Gutiérrez Luna fue representante de Morena ante el INE y, según la evidencia, Taddei lo consultaba con frecuencia sobre temas del instituto. Eso no constituye una candidatura ni un cargo formal; es influencia sobre el aparato de control. La distinción importa: no hay aquí una precandidatura de facto, sino la construcción de una red de poder administrativo que puede pesar en la negociación de la presidencia del INE y en la fiscalización de los procesos rumbo a 2027.

El caso también revela un equilibrio interno frágil. La reactivación en 2025 de una denuncia que Gutiérrez Luna había presentado en 2021 —y de la que se desistió— contra consejerías que votaron contra organizar la revocación de mandato, y que les impidió recibir finiquito, sugiere que el OIC puede operar como instrumento de presión política. El Tribunal Electoral ya reconoció que el OIC no tiene injerencia en la forma de votar de las consejerías ni en temas políticos. Esa sentencia es el límite jurídico que la denuncia pone a prueba.

La ASF, mientras tanto, audita a los auditores. Esa superposición de controles envía una señal a aliados y adversarios: el gobierno federal no confía en el OIC para revisar a Taddei, pero tampoco puede sustituirlo sin costo político. Para la oposición, el caso es evidencia de colonización partidista; para Morena, un riesgo de que la narrativa de “defensa de la transformación” se confunda con captura de instituciones. En ambos casos, el árbitro electoral llega a 2027 con una pregunta abierta sobre su independencia interna.

Qué sigue

La ASF deberá entregar resultados de su revisión al OIC; no hay fecha pública confirmada. El OIC, a su vez, enfrenta el cuestionamiento sobre por qué Carvente no informó anomalías que, según su reporte a legisladores, tenía detectadas desde hace seis meses. La Cámara de Diputados podría citarlo a comparecer, y el Tribunal Electoral tiene pendiente resolver si el OIC puede o no investigar decisiones políticas de las consejerías. Cualquiera de esas rutas definirá si el “diezmo” queda como denuncia periodística o escala a procedimiento administrativo.