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Diputada del PAN pide renuncia de Huerta y expone pugna interna en Puebla
El reclamo no se limita a Genoveva Huerta: Bonaga también exigió al presidente estatal publicar calendario y requisitos de las coordinaciones internas. El episodio deja a la vista el distanciamiento entre la bancada local y la dirigencia del partido.
Celia Bonaga, diputada local del PAN en Puebla, pidió el 2 de octubre que Genoveva Huerta deje la secretaría general del comité estatal por sus aspiraciones de candidatura rumbo a 2027: la acusa de ser juez y parte. También exigió al presidente estatal transparentar el proceso de las coordinaciones internas, en medio del distanciamiento entre la bancada y la dirigencia.
La diputada local del PAN Celia Bonaga pidió el 2 de octubre de 2026 la renuncia de Genoveva Huerta a la secretaría general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Puebla. Su razonamiento: las aspiraciones de candidatura de Huerta rumbo a 2027 la vuelven juez y parte del proceso que repartirá esas candidaturas. El reclamo tiene dos destinatarios —Huerta y la dirigencia estatal— y deja a la vista una fractura que el partido venía conteniendo: la bancada de diputados locales contra el equipo que opera el comité.
«Esta falta de transparencia no abona al ánimo entre las mujeres del PAN, no nos da certeza a las demás mujeres panistas porque no hay piso parejo. Si vas a buscar una candidatura y tienes un puesto tienes que separarte», dijo Bonaga. Huerta, diputada federal, es señalada por su aspiración, no por una falta acreditada: la evidencia disponible no precisa a qué cargo aspira ni si existe una regla estatutaria que la obligue a dejar la secretaría general.
Dos reclamos, un mismo destinatario
El segundo pedido apunta más arriba. Bonaga solicitó al presidente estatal del PAN transparencia sobre los procesos internos que definirán las coordinaciones de Defensa de la Patria, Familia y Libertad, y reconoció que desconoce calendario, fechas y requisitos de participación. La disputa, entonces, no es solo por quién ocupa la secretaría general, sino por quién fija las reglas y con cuánta anticipación las publica. En Puebla, 2027 renueva el Congreso local y los ayuntamientos, además de los cargos federales: cada puesto partidista pesa en la negociación de espacios.
La lectura política
La secretaría general del CDE no es un cargo decorativo. Quien lo ocupa participa en la vida orgánica del partido y en la interlocución con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN); en la práctica, influye en el armado de listas. Por eso el reclamo se formula como conflicto de interés y no como discrepancia política: «juez y parte» es una acusación con carga normativa, no una determinación jurídica. Ninguna instancia partidista ha resuelto que exista incompatibilidad.
El movimiento funciona más como una jugada de reglas que de nombres. Si la bancada local no controla la maquinaria estatal, su segunda mejor opción es forzar que calendario y requisitos se publiquen, lo que reduce la discrecionalidad de la dirigencia. Ese es el incentivo detrás del segundo reclamo: obligar a transparentar el proceso antes de que los aspirantes se destapen.
Las coordinaciones, en la práctica, operan como estructuras de posicionamiento previo. No son candidaturas registradas ni precandidaturas formales: esas figuras existen una vez que arrancan las precampañas y quedan sujetas a las reglas del partido y del Instituto Nacional Electoral (INE). Fuera de ese periodo son nombramientos internos. Confundir ambos planos hace que el debate parezca trámite cuando define quién llega con estructura a 2027.
El tono también importa. Bonaga habla a nombre de «las demás mujeres panistas», lo que sugiere que la competencia más dura ocurre dentro del propio partido, donde las reglas de paridad vuelven más disputados los espacios. Si esa lectura se sostiene, el costo para la dirigencia es doble: separar a una secretaria general con aspiraciones y explicar por qué las reglas no estaban escritas.
Falta un elemento para cerrar el diagnóstico: la respuesta de Huerta y la del presidente estatal. Sin eso, la evidencia acredita un conflicto abierto y una exigencia pública, no una sanción ni una renuncia.
Qué sigue
Los próximos pasos son acotados y verificables. Si Huerta responde y si la dirigencia estatal publica calendario, requisitos y fechas de las coordinaciones. Si la bancada local escala el reclamo al CEN o a las instancias internas de justicia partidista. Y si aparece alguna determinación sobre la compatibilidad entre un cargo en el CDE y una aspiración de candidatura. El dato que ordena lo demás: qué espacio busca cada una, porque el valor de cada puesto se mide por la candidatura que ayuda a conseguir.