POLÍTICA · HIGH
Diputados aprueba la Cuenta Pública 2024 y deja 65 mil millones por aclarar
El Pleno avaló el ejercicio fiscal con 321 votos a favor y 117 en contra, pero la ASF mantiene abiertos procedimientos sobre recursos no comprobados, en su mayoría de gasto federalizado local.
La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2024 con 321 votos a favor y 117 en contra, sin abstenciones. El dictamen reconoce la revisión del ejercicio, pero deja pendientes aclaraciones de la ASF: de 67 mil 174.7 millones de pesos en recuperaciones determinadas, 65 mil 169.1 millones siguen sin aclarar, y 59 mil 363.7 millones corresponden a estados y municipios.
La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2024 con 321 votos a favor y 117 en contra, sin abstenciones. El resultado cierra formalmente la revisión del ejercicio fiscal del último año completo de la administración anterior, pero no clausura el expediente: el dictamen deja abiertos los procedimientos con los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá aclarar el uso de recursos públicos. La aprobación, por tanto, es un acto de control político y no una certificación de que las cuentas estén limpias.
El documento respalda el trabajo de fiscalización: la ASF realizó 2 mil 264 auditorías y cubrió el 100% de las revisiones previstas en su programa anual. De ahí derivaron 6 mil 274 acciones preventivas y correctivas dirigidas a dependencias y entidades fiscalizadas. La auditoría determinó recuperaciones por 67 mil 174.7 millones de pesos; de ese monto, 2 mil 5.6 millones ya fueron recuperados y 65 mil 169.1 millones restantes corresponden a recursos pendientes de aclaración o posibles recuperaciones.
La mayor parte del dinero sin aclarar, 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a entidades federativas, alcaldías, municipios y organismos locales que ejercieron gasto federalizado. Ese dato desplaza el foco del debate: el grueso del monto observado no está en el gasto centralizado que administra la Federación, sino en la cadena de ejecución local. El resto se distribuye entre los grupos de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Gobierno. En paralelo, el dictamen reportó ingresos presupuestarios por 7 billones 492 mil 928.9 millones de pesos y un gasto neto total de 9 billones 205 mil 438.2 millones.
La lectura política
La aprobación con 321 votos a favor y 117 en contra confirma una mayoría que puede sostener el cierre de la cuenta sin ceder el terreno de la fiscalización. El bloque mayoritario gana margen para declarar cumplida una etapa institucional, pero no puede presentar el resultado como una absolución: el propio dictamen reconoce que la ASF debe continuar con los procedimientos. La oposición, con 117 votos, pierde la votación pero conserva un argumento verificable, los 65 mil 169.1 millones pendientes, para insistir en el costo del gasto federalizado y en la responsabilidad de los gobiernos locales.
El cambio institucional relevante no es la aprobación en sí, sino el traslado del conflicto hacia la ASF y hacia los gobiernos estatales y municipales. La Cámara cumple su función de revisión, pero la consecuencia política se juega en la aclaración de recursos. Los ejecutivos locales, muchos de ellos de signos partidistas distintos al federal, quedan expuestos a un escrutinio que no depende del voto del Pleno. La aprobación no detiene las acciones de fiscalización: la ASF deberá dar seguimiento a las responsabilidades, informar sobre las aclaraciones y la recuperación de recursos, y continuar los procedimientos conforme a la normatividad vigente.
El expediente también deja una zona de sombra que la evidencia no permite cerrar: no se detalla cuántas de las 6 mil 274 acciones derivaron en responsabilidades administrativas o penales, ni el calendario de aclaración por entidad. Sin esos datos, la magnitud política del pendiente se puede describir, pero no medir con precisión. La aprobación, en todo caso, no equivale a una declaración de transparencia plena.
Qué sigue
La pelota queda del lado de la ASF. Deberá informar sobre la evolución de las aclaraciones, la recuperación efectiva de los 65 mil 169.1 millones pendientes y el desahogo de los procedimientos de responsabilidad. El punto crítico será el gasto federalizado: si los 59 mil 363.7 millones atribuidos a estados, alcaldías y organismos locales no avanzan hacia una aclaración verificable, el costo político recaerá sobre los gobiernos subnacionales y sobre la propia capacidad institucional de la auditoría. La Cámara, por su parte, ya cumplió su parte formal; el siguiente capítulo se escribirá en los informes de seguimiento y, eventualmente, en los órganos de justicia administrativa.