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Diputados aprueba nacionalidad única para candidatos: el Senado define rumbo a 2027
La reforma a los artículos 82, 116 y 122 obliga a presidentes, gobernadores y al jefe de Gobierno de la CDMX a no adquirir otra nacionalidad. Los estados tendrán 90 días para armonizar sus normas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que exige nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia, las 31 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Con 344 votos a favor y 116 en contra, el dictamen pasa al Senado. La regla llega antes de 2027, cuando se renuevan 17 gubernaturas.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que obliga a los aspirantes a la Presidencia, a las 31 gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier nacionalidad distinta de la mexicana. La votación —344 a favor, 116 en contra, una abstención— superó el umbral de dos tercios que exige una reforma constitucional, pero dejó constancia de una minoría que no acompañó. El dictamen pasó al Senado, que definirá si la regla rige antes del ciclo electoral de 2027.
El texto modifica los artículos 82, 116 y 122 “para determinar la nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes Ejecutivos federal y locales”. No toca a diputados, senadores ni ayuntamientos: elige como objeto de la prohibición a quien encabeza el aparato estatal. Y añade una cláusula que excede el filtro de entrada: “quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana”. Los estados tendrán 90 días naturales, contados desde la entrada en vigor, para armonizar su constitución y su legislación electoral.
La propuesta la envió la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de agosto. Su argumento: quien tiene doble nacionalidad “es ciudadano de dos naciones distintas” y “frente a injerencias, es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos”. El calendario no es casual. El debate ocurre en un tramo de fricción con Washington por las advertencias sobre posibles acciones contra los cárteles, y en la antesala de una elección donde se renovarán 17 gubernaturas, entre ellas Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Sonora.
La lectura política
El movimiento cumple dos funciones. Hacia adentro no reparte ni retira candidaturas: ninguna fuerza pierde cuadros por exigir pasaporte único, lo que explica el respaldo amplio. Hacia afuera fija una posición de soberanía verificable en el papel, en un momento en que el gobierno mexicano construye su discurso contra la injerencia extranjera. Es una reforma de bajo costo partidista y alta rentabilidad simbólica.
Su efecto rumbo a 2027 es de filtro previo, no de candidatura. La norma no crea, bloquea ni menciona a ningún aspirante: traslada al interesado una decisión personal con consecuencias patrimoniales y migratorias —renunciar a la segunda nacionalidad antes de registrarse, o no competir—. Conviene ser preciso: aquí no hay una precandidatura de facto ni un mensaje dirigido a un nombre identificable. Para sostener que la reforma apunta a un caso concreto faltaría un elemento que la evidencia disponible no ofrece: la identificación de un aspirante con doble nacionalidad en alguna de las 17 entidades en juego.
El diseño también revela la lógica del argumento. Si el problema fuera la doble nacionalidad en sí, la regla aplicaría a todo cargo de elección popular; al ceñirse a la titularidad de los Ejecutivos, lo que se prohíbe es la lealtad dividida de quien manda sobre la fuerza pública. El debate no es solo mexicano: en Ecuador y Colombia la binacionalidad de figuras presidenciales ha sido cuestionada por la oposición. Los 116 votos en contra, insuficientes para frenar la reforma, sí dejan un registro que puede reaparecer en la propaganda de la próxima contienda.
Qué sigue
El Senado debe discutir y votar el dictamen “en los próximos días”. Además del aval de dos tercios en cada cámara, el artículo 135 constitucional exige el respaldo de la mayoría de los congresos locales, un trámite que amplía el calendario. Después viene la publicación en el Diario Oficial de la Federación y, desde la entrada en vigor, el reloj de 90 días para que los estados ajusten sus normas.
De aprobarse en el Senado en las próximas semanas, ese plazo caería en los primeros meses de 2027, cuando arrancan los procesos locales en las entidades con elección de gobernador. La pregunta abierta es operativa: cuántos aspirantes tendrían que elegir entre un cargo y un segundo pasaporte.
Actualización
Tras la aprobación en lo general previa, la Cámara de Diputados avanza al aprobar en lo particular el dictamen de reforma constitucional sobre nacionalidad única. Leer el nuevo desarrollo.