Diputados atan candidaturas a renunciar a otra nacionalidad rumbo a 2027

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, la noche del 22 de septiembre de 2026, una iniciativa que condiciona el registro de candidaturas a la renuncia de cualquier ciudadanía extranjera. La decisión llega a un año de que se renueven la propia Cámara y varios gobiernos estatales, y traslada un requisito de elegibilidad al momento más delicado del ciclo: la calificación de los registros. De confirmarlo el Senado, millones de mexicanos con doble o múltiple nacionalidad tendrían que desprenderse de su otra nacionalidad antes de inscribirse como candidatos, incluidos quienes ya ocupan un cargo y buscan reelegirse.

El dato clave del trámite es que se trata de una aprobación *en lo general*. Es decir: el bloque mayoritario aceptó el sentido del dictamen, pero los artículos siguen abiertos a reservas y a votaciones en lo particular, que es donde suelen aparecer los cambios de fondo. La información difundida hasta ahora no precisa cuántos votos se emitieron, quién presentó la iniciativa, qué ordenamiento se modifica ni si es una reforma constitucional —caso en el que, además del Senado, harían falta dos terceras partes de los congresos locales— o una reforma legal de menor rango. Esa diferencia no es menor: define el calendario, los actores con capacidad de veto y las vías de impugnación disponibles.

México reconoce la doble nacionalidad desde hace casi tres décadas, pero ha mantenido reservas de nacionalidad para ciertos cargos. El debate de fondo es si esa reserva debe extenderse a todo registro de candidatura y verificarse en la puerta de entrada de la boleta, con el Instituto Nacional Electoral (INE) al frente de la calificación. En la práctica, renunciar a otra nacionalidad no siempre es un trámite inmediato y, en muchos casos, es difícil de revertir. Quien deba hacerlo para competir pagará un costo personal que no se mide en votos ni en encuestas.

La lectura política

Una reforma así no crea candidaturas: define quién puede intentarlo. Funciona como filtro de entrada y, por eso, como instrumento de control sobre el tamaño y el perfil del grupo que competirá en 2027. Con el material disponible no hay evidencia pública de que esté dirigida a una figura específica, y tampoco puede descartarse. Lo que sí puede afirmarse es su efecto estructural: encarece la ruta de los perfiles binacionales —carreras construidas entre México y Estados Unidos, redes migrantes, formación en el extranjero— y estrecha el universo de aspirantes en un año con renovación completa de la Cámara de Diputados.

El trámite también opera como medición de lealtades. El voto en lo general no distingue matices: casi cualquier bancada puede acompañarlo sin costo político. La discusión en lo particular sí expone. Ahí se verá quién intenta abrir la puerta, quién propone excepciones, quién pide diferir la entrada en vigor y quién se refugia en la abstención. En coaliciones amplias, ese es el momento en que un requisito aparentemente técnico se convierte en moneda de negociación y en señal hacia aliados y adversarios sobre qué tipo de candidato se considera aceptable.

Falta un elemento para sostener una lectura más ambiciosa: saber si la exigencia alcanzaría a quienes ya ostentan cargos con doble nacionalidad y si se busca que opere antes de los registros de 2027. Con la evidencia actual, la descripción más precisa es la de un cambio de reglas en curso, aprobado en su primera etapa y con capacidad de reordenar el punto de partida de la contienda.

Qué sigue

El texto pasa al Senado, donde puede aprobarse sin cambios, modificarse o quedarse detenido. Si es reforma constitucional, requerirá mayoría calificada en ambas cámaras y el aval de al menos 17 congresos locales; si es legal, bastarán el acuerdo entre cámaras y su publicación. En cualquiera de los dos escenarios, la pregunta verificable es la misma: si la exigencia llega a tiempo al calendario de registros de candidaturas de 2027, qué autoridad la verifica y qué pasa con quien no pueda acreditar la renuncia. Habrá que observar también si el requisito se impugna y por qué vía.