Diputados avala exigir renuncia a otra nacionalidad: aplicará hasta 2028

Diputados avala exigir renuncia a otra nacionalidad: aplicará hasta 2028

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 344 votos de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), la reforma constitucional de Claudia Sheinbaum que obliga a renunciar a la ciudadanía extranjera a quien aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC)— votó en contra con 116 sufragios y una abstención. La discusión de los artículos reservados seguía abierta en San Lázaro y el dictamen deberá pasar al Senado, donde los votos del PVEM son indispensables.

El cambio no es una regla vigente ni una candidatura: es una condición de elegibilidad en construcción. Su parte más silenciosa es el calendario. La restricción aplicaría a partir de 2028, de modo que no alcanza a quienes competirán por las 17 gubernaturas de 2027. De mantenerse ese diseño, el primer registro presidencial que resentiría el requisito sería el de 2030.

Soberanía, viabilidad y una negociación abierta

Morena y sus aliados defendieron la reforma con los argumentos que la presidenta expuso en su conferencia matutina del 22 de septiembre: defensa de la soberanía, freno a la injerencia extranjera y la existencia de un candado equivalente para cargos menores, como el de embajador. La propia presidenta ha precisado que la reforma no prohíbe la doble nacionalidad: obliga a renunciar a la ciudadanía extranjera —si se tiene— antes de registrarse como candidato.

La oposición cuestionó el fondo y la viabilidad. El diputado de MC Sergio Gil sostuvo que "no es la doble nacionalidad su problema, es la doble moral", y citó como casos de gobernadores con doble nacionalidad a Jaime Bonilla, de Baja California, y Javier Corral, de Chihuahua, además de funcionarios en activo como Paco Ignacio Taibo, al frente del Fondo de Cultura Económica. Germán Martínez, del PAN, calificó la iniciativa como "una redada legislativa en contra de los mexicanos residentes en Estados Unidos".

El coordinador panista Elías Lixa planteó un problema operativo: hay países donde la nacionalidad por nacimiento es irrenunciable, como Francia o Costa Rica, y otros, como Estados Unidos, donde el trámite requiere autorización del Departamento de Estado. "Qué mayor injerencia que esperar a que el Departamento de Estado autorice a un ciudadano para poder aspirar a la presidencia", dijo. Su compañero Diego Ángel Rodríguez abrió la puerta a modificar el dictamen para que la renuncia se exija después de la elección y antes de asumir el cargo; el PAN también ofreció respaldar la restricción sólo para la Presidencia. Lixa pidió votaciones diferenciadas por artículo y la mayoría se negó.

La lectura política

La reforma no coloca a nadie en una candidatura: modifica las reglas con las que se registrarán candidaturas futuras. Eso la vuelve una decisión de mediano plazo cuyo primer efecto práctico llega después del ciclo de 2027, cuando Morena atraviesa un proceso interno con militantes inconformes por la designación de candidaturas; en ese terreno la presidenta ha defendido el método de encuestas y ha llamado a "serenarse". El requisito de nacionalidad única no toca ese frente y traslada el debate a un tema donde la coalición gobernante aparece unida, con 344 votos.

El segundo efecto es de negociación. El PVEM acompañó en Diputados, pero en el Senado sus votos son indispensables y ya se anticipan resistencias. Ahí se decidirá si el requisito se exige al registrarse —como propone el dictamen— o al asumir el cargo, y si aplica a los tres cargos o sólo a la Presidencia. Quien gane esa discusión define qué tan estrecho será el filtro.

Conviene precisar el límite: con la evidencia disponible no es posible sostener que la reforma esté dirigida a una persona específica. El expediente no identifica destinatario y el requisito es general. Lo verificable es su función: fija una restricción de elegibilidad sobre los cargos ejecutivos más visibles, con un calendario que no interfiere con la sucesión inmediata.

Qué sigue

Tras la votación de los artículos reservados en San Lázaro, el dictamen irá al Senado. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere dos tercios de los votos en cada cámara y el aval de la mayoría de los congresos locales. Los puntos en disputa son el momento de la renuncia y el alcance de los cargos. Si el texto se mantiene como salió de la comisión, cualquier aspirante con otra nacionalidad que quiera competir en 2030 tendría que resolver su trámite con años de anticipación y con documentación de un gobierno extranjero de por medio.