Diputados cierran Presidencia y gubernaturas a quienes tengan doble nacionalidad

La Cámara de Diputados prevé aprobar este martes 22 de septiembre la reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad a quien aspire o ejerza la Presidencia o una gubernatura. La minuta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y enviada al Congreso el 28 de agosto, modifica los artículos 82, 116 y 122 para convertir lo que hoy se resuelve por interpretación en un requisito explícito: renunciar a la otra nacionalidad antes de solicitar el registro como candidato o candidata. La Comisión de Puntos Constitucionales ya dictaminó procedencia; el pleno discutirá y votará el dictamen.

Del vacío legal al candado explícito

El texto conserva los requisitos vigentes —ciudadanía mexicana por nacimiento, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos, pleno goce de derechos— y añade tres capas: la renuncia previa al registro y la prohibición de adquirir otra nacionalidad durante el cargo; la veda al uso de pasaporte o documento de identidad extranjero, al ejercicio de derechos políticos ante otro Estado y a acogerse a su protección diplomática; y un piso de veinte años de residencia.

El estudio comparado sostiene el argumento y también su costo: doce países del continente permiten que su gobernante tenga otra nacionalidad. Solo República Dominicana impone una condición intermedia —aspirar a quien renunció con diez años de anticipación—. Con la reforma, México quedaría homologado a Venezuela como los dos únicos de la región con prohibición total.

El Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados sostiene que la restricción, en rigor, ya existe: el artículo 82 reserva los cargos que exigen nacionalidad por nacimiento a quienes no adquieran otra. La exposición de motivos lo admite en otros términos: habla de un “vacío legal” y de “interpretaciones imprecisas que han hecho nugatorio su contenido”, y cita a tres gobernadores que ejercieron con doble nacionalidad: Francisco Javier Cabeza de Vaca en Tamaulipas (2016-2022), Javier Corral en Chihuahua (2016-2021) y Javier Bonilla en Baja California (2019-2021). La novedad no es la prohibición, sino una regla verificable en la puerta de entrada de la candidatura.

La lectura política

La iniciativa se anunció el 27 de agosto, un día después de que Sheinbaum fuera cuestionada en su conferencia matutina sobre la posibilidad de que Cabeza de Vaca —panista, binacional— compitiera por la Presidencia en 2030, y de que la mandataria criticara esa condición. Ese orden de los hechos consta; sostener que la reforma se diseñó para excluir a una persona requiere evidencia que este texto no tiene. Lo verificable es el efecto: cualquier aspirante binacional tendría que renunciar a su otra nacionalidad antes del registro, y no después de ganar.

Ahí está la función política del movimiento. No prohíbe candidaturas ni ideas: fija una condición de elegibilidad que se comprueba en el trámite, antes de que exista campaña. Para el oficialismo el costo es bajo; para la oposición recorta un segmento de perfiles con trayectoria transfronteriza, con un argumento —vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano, según la iniciativa— difícil de combatir en el discurso. Quien vote en contra deberá explicar por qué prefiere la tendencia regional a la literalidad constitucional.

La señal hacia 2027 y 2030 es la habitual cuando se mueve la Constitución: la parrilla de salida de las candidaturas ejecutivas se define en el Constituyente Permanente, no en la negociación partidista. Y el calendario aprieta: quien quiera competir por una gubernatura en 2027 tendrá que resolver una renuncia de nacionalidad en la etapa de registro, mucho antes de que se negocien las alianzas.

Qué sigue

La votación del 22 abre una reforma constitucional: el artículo 135 exige dos terceras partes de los presentes en la cámara de origen, mayoría en el Senado y el aval de al menos 16 congresos locales. La evidencia disponible no precisa los artículos transitorios ni la autoridad que verificará la renuncia, definiciones que determinarán si la regla alcanza el ciclo de 2027 o solo el de 2030; tampoco si el piso de veinte años de residencia sustituye el escalonamiento que hoy aplica el artículo 82. Esos son los puntos a vigilar en la minuta del Senado y en el calendario de los congresos estatales.