Doble nacionalidad: AmSoc llama "aberración" a la reforma y advierte inoperancia

El presidente de la Sociedad Americana de México (AmSoc), Larry Rubin, calificó como una "aberración" la reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad a quienes busquen ser candidatos a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y advirtió que la medida podría resultar inoperante. Lo dijo el mismo martes en que acudió al Senado a pedir a legisladores de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que votaran en contra: las bancadas oficialistas aprobaron la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El cambio, que ya pasó por las dos cámaras, tiene un nombre formal —prohibición de la doble nacionalidad para candidaturas— y un efecto práctico que lo desborda: acota quién puede ser postulado a los tres cargos ejecutivos de mayor visibilidad del país. No retira el derecho al voto de nadie; restringe la elegibilidad para competir. Ahí colocó Rubin su objeción central.

"En muchos casos no pueden renunciar, no les aceptan la renuncia los otros países, entonces ¿qué va a proceder? Si no acepta el país la renuncia, ¿entonces no van a poder competir, no van a poder hacer campaña?", planteó el también empresario y activista mexico-estadounidense. El razonamiento abre dos escenarios incómodos para el diseño de la norma: que quede inaplicable frente a ordenamientos extranjeros que no admiten la renuncia, o que excluya a ciudadanos que no pueden cumplir el requisito por una regla ajena.

Una reforma "al vapor" y abstenciones que no llegaron

Rubin sostuvo que en México hay más de 15 millones de ciudadanos con nacionalidad estadounidense y mexicana a quienes la medida afectaría, a ellos y a sus hijos, en caso de querer participar en un proceso electoral. "Cuántas veces no se ha dicho que México acoge a los migrantes; esto es darle la espalda a los migrantes, es darle una bofetada, es decirles: recibimos las remesas (pero) le queremos quitar derechos", dijo. También la llamó "pésima" por estigmatizar a una parte de la población.

El dirigente afirmó que habló con varios senadores oficialistas que no estaban de acuerdo pero fueron presionados para votar en favor: "Que no los fuercen a votar por algo que no creen, muchos de ellos no creen en la propuesta pero están siendo forzados por la coalición". La evidencia disponible no permite verificar cuántos legisladores votaron contra su convicción ni cómo operó esa presión; es la versión de Rubin.

Cuestionó además que senadores de Morena que, según él, tienen doble nacionalidad respaldaran la reforma: Javier Corral, Ricardo Sheffield y Cecilia Guadiana, esta última quien pidió licencia. "Lo mínimo que deben hacer es abstenerse de votar porque ellos mismos son ciudadanos de doble nacionalidad. Incluso en el caso del senador Corral fue gobernador con doble nacionalidad", refirió, y reclamó la ausencia de parlamento abierto: "lo están haciendo al vapor".

La lectura política

El episodio deja tres cosas visibles. Primero, la capacidad de la coalición oficialista para procesar un disenso externo sin fracturarse en la votación: Rubin llegó al Senado con argumentos y sin votos, y su cabildeo no se tradujo en un solo cambio al texto. Segundo, que el costo de esa disciplina recae en un bloque que no es solo de posibles candidatos, sino de votantes con vínculos familiares y económicos con Estados Unidos, en un país donde las remesas pesan en la economía.

Tercero, y más relevante rumbo a 2027, la reforma reordena las reglas de elegibilidad antes de que arranquen los procesos siguientes. No descalifica a nadie en lo individual ni cancela una candidatura registrada —no hay todavía ninguna afectada—: fija un requisito. Pero convierte una realidad demográfica en un impedimento potencial para competir por los cargos ejecutivos más disputados, y envía una señal doble: hacia dentro ordena perfiles, hacia fuera establece que la doble nacionalidad deja de ser un dato neutro en una boleta. La reforma no le quita el voto a nadie, pero el agravio se percibe colectivamente.

Falta, para calibrar su alcance real, el texto aprobado: si contempla un procedimiento de renuncia, plazos, excepciones o régimen transitorio. Sin ese documento no puede afirmarse si la norma será de aplicación simple ni si el diagnóstico de inoperancia que hace Rubin se sostiene.

Qué sigue

La reforma constitucional aún no está consumada. Requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales, la declaratoria correspondiente y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pasos que la evidencia disponible no calendariza. Solo después será aplicable a los registros de candidaturas.

En paralelo quedan por definirse dos cosas: el mecanismo con el que un aspirante con doble nacionalidad acreditaría la renuncia —y qué ocurre si su otro país no la acepta—, y si las bancadas oficialistas repiten en los congresos locales la disciplina mostrada en el Senado. Si algún aspirante se ve impedido, su impugnación sería el primer test de una norma que sus críticos consideran innecesaria.