Durango: 154 millones para partidos superan al gasto de su árbitro electoral

El anteproyecto presupuestal del Instituto Electoral de Durango contempla 154 millones de pesos para prerrogativas de los partidos en 2027 y alrededor de 100 millones para la operación ordinaria del propio organismo. La propuesta fue divulgada el 14 de octubre y deja a la vista una proporción incómoda: por cada peso previsto para que la autoridad electoral funcione, hay más de uno y medio destinados a sostener a los partidos que debe vigilar.

Lo que el anteproyecto no dice importa igual. Incluye recursos para preparar el proceso electoral de 2028, pero sin monto público. Y, sobre todo, no está aprobado: el documento debe recorrer el procedimiento presupuestal local, donde la cifra puede mantenerse, recortarse o reordenarse. Hasta entonces es una propuesta, no un derecho.

Qué cubre cada partida

Las prerrogativas son financiamiento público, no discrecional: se entregan a los partidos para sus actividades ordinarias permanentes —nómina, oficinas, estructura territorial, difusión— conforme a fórmulas que fija la ley local. La partida de operación del Instituto paga lo que cuesta hacer el trabajo: personal, fiscalización, sistemas. Y los recursos de 2028 cubren lo que no se paga en años ordinarios: casillas, capacitación y logística de la jornada.

La divulgación no incluye la fórmula de cálculo, el padrón con el que se estimó el reparto ni el desglose del gasto de organización. Sin esos documentos no se puede saber si los 154 millones crecen por padrón, por actualización o por decisión política.

La lectura política

En un año sin comicios locales, el financiamiento ordinario funciona, en la práctica, como financiamiento de preparación. 2027 no será un año muerto: el calendario federal prevé la renovación de la Cámara de Diputados, y las estructuras partidistas de Durango estarán movilizadas por esa contienda. Llegar a 2028 con oficinas abiertas, nómina cubierta y cuadros en territorio es una ventaja que no se improvisa en enero del año electoral.

El anteproyecto opera así como el primer acto del ciclo 2028: fija el piso con el que los partidos planean y el techo con el que el árbitro se prepara. Quien aprueba el presupuesto —el Congreso local, en la etapa que sigue— tiene una palanca doble, porque puede ajustar la competencia y también la vigilancia.

La comparación entre 154 y 100 millones será, además, un argumento listo para el debate sobre recortes. Quienes pugnen por reducirlas dirán que los partidos cuestan más que la autoridad que los regula; quienes las defiendan responderán que están topadas por ley y que el gasto de organización de 2028 está en otro capítulo. Las dos cosas pueden ser ciertas: la proporción es políticamente potente y técnicamente incompleta.

El fondo es un intercambio de certeza por escrutinio. Los partidos necesitan saber cuánto recibirán para firmar contratos y sostener nómina; el Instituto necesita saber con cuánto cuenta para no pedir ampliaciones de último minuto. Un recorte envía señal a los competidores; una aprobación sin cambios, también. Que el árbitro reciba menos de lo que reciben quienes compiten no es un dato menor en una elección donde ese mismo árbitro deberá fiscalizar campañas, validar coaliciones y resolver impugnaciones.

Qué sigue

- La discusión y votación del anteproyecto dentro del procedimiento presupuestal local, donde se sabrá si la cifra se mantiene o se modifica. - La publicación del desglose completo: total del organismo, fórmula y padrón usados para las prerrogativas, y monto estimado para el proceso de 2028. - La definición de los controles de fiscalización sobre estos recursos, el punto donde suele perderse la trazabilidad. - El calendario de aprobación rumbo a 2028, que marcará si el Instituto llega con holgura o con prórroga a la organización de la jornada.

Lo verificable, por ahora, es la proporción y la fecha. Lo demás depende de un presupuesto que todavía no se aprueba.