Durazo toma protesta a 17 coordinadores y advierte: ganar encuesta no basta

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, tomó protesta a los 17 coordinadores estatales del partido en la VIII Reunión de la Sesión Ordinaria de ese órgano, celebrada el 10 de octubre de 2026 en la Ciudad de México. Los perfiles podrían convertirse en candidatos de Morena a las gubernaturas en las elecciones de 2027. El acto cumplió dos funciones a la vez: entregó una etiqueta formal a quienes ya compiten por espacio y sirvió de advertencia a quienes llegaron con reclamos.

Durazo no se quedó en el trámite protocolar. “No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación. Esa es una realidad”, dijo ante el consejo. Añadió que hay quienes arrasan en encuestas cuyo potencial electoral es producto de un incentivo “no deseado y, por ello, perverso”: pagar medios para inflar una popularidad que no se construyó a ras de suelo. Frente a esa práctica defendió el método de encuestas —impulsado por el fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador— como vía para construir liderazgos desde abajo y evitar acuerdos cupulares, y planteó fortalecer la valoración política de los aspirantes. A los inconformes con las designaciones les dejó una frase: “hay mucho futuro político después”.

Conviene precisar qué es y qué no es lo que ocurrió. Una coordinación estatal es, por nombre, una responsabilidad organizativa; en la práctica, buena parte de estos nombramientos opera como plataforma de posicionamiento y, en varios casos, como precandidatura de facto a una gubernatura. Lo que no hubo es candidatura alguna: la evidencia disponible no permite verificar convocatoria, criterios ni calendario del proceso interno por entidad. Ninguno de los 17 perfiles está legalmente postulado, y el registro formal ante las autoridades electorales corresponde a 2027, cuando arranquen los procesos locales.

La lectura política

El primer efecto es de disciplina interna. Al tomar protesta en bloque, el consejo presenta una lista cerrada y evita que la disputa se lea como desorden; al mismo tiempo, su presidente admite en público que el filtro produjo perfiles que podrían no ser leales al movimiento. Eso es reconocer una falla del proceso que él mismo encabeza y traslada el costo del conflicto al método —la encuesta— en lugar de asumirlo como resultado de la negociación política.

El segundo efecto es de reglas. Quien define el criterio de “valoración política” se reserva la última palabra antes de que el proceso interno se abra. El aviso sobre el pago de medios apunta a un grupo identificable: aspirantes con recursos para comprar volumen y, con ello, ventaja en la encuesta. Es una señal de que el capital mediático podría dejar de ser moneda suficiente para obtener la candidatura. Falta, sin embargo, el elemento decisivo: no hay criterios medibles ni plazos publicados, de modo que la advertencia aún puede quedarse en retórica o convertirse en filtro real.

El tercero es de contención. “Hay mucho futuro político después” es un mensaje a quienes perdieron y podrían romper: pide paciencia y sugiere que la lista no es el último escalón. En una contienda con más aspirantes que espacios, la toma de protesta no resuelve la disputa; la reordena y la pospone. Durazo firma el acto desde una posición doble: es el árbitro del consejo y gobernador en funciones, con peso propio en la geometría interna de los años siguientes.

Qué sigue

El punto a vigilar es si la valoración política se traduce en criterios verificables y fechas antes de que arranque el proceso interno, y si esos criterios aplican igual a todas las entidades. También conviene observar las reacciones de los cuadros que quedaron fuera: impugnaciones internas, declinaciones, salidas o intentos de registro por fuera del mecanismo son el termómetro de si la contención funcionó. El paso definitivo llegará en 2027, con los procesos locales, las eventuales coaliciones y el registro de candidaturas ante las autoridades electorales.