El Congreso de Tabasco aprieta el presupuesto del árbitro electoral para 2027

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Tabasco, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, consideró elevado el anteproyecto de más de 664 millones de pesos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) presentó para 2027 y anunció una reunión con los consejeros electorales para revisar partida por partida. La discusión importa más de lo que sugiere su envoltura contable: es el primer punto del ciclo en el que el Poder Legislativo pone precio —y por lo tanto condiciones— al trabajo del órgano que organizará la elección concurrente de 2027, cuando en Tabasco se renuevan el Congreso local y los ayuntamientos y, a nivel federal, la Cámara de Diputados.

Bracamonte, además coordinador parlamentario de Morena, no anticipó recortes específicos. Dijo que mantendrá una relación institucional con el órgano autónomo y que respaldará al IEPCT si requiere apoyo para garantizar la realización de los comicios; en el mismo movimiento llamó a que el proceso se realice con austeridad y recordó que a nivel federal también se han planteado solicitudes presupuestales elevadas para procesos electorales. Respaldo en el discurso, revisión en el dinero.

En el mismo pronunciamiento se refirió a la llegada de Gabriela Georgina Sánchez Zavala como nueva vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tabasco. Dijo esperar que conduzca el proceso federal con equidad y transparencia, que contribuya al fortalecimiento de la democracia y que se respete la voluntad expresada en las urnas. Ese nombramiento no depende del Congreso local; el mensaje opera, sobre todo, como fijación pública de expectativas sobre quien será una de las autoridades de la contienda.

El comparativo que falta

Que 664 millones de pesos sean "elevados" es, por ahora, una posición política y no un hallazgo verificable. El planteamiento no incluyó el comparativo que permitiría juzgarlo: cuánto costó el proceso electoral local anterior —2024, el último año con elección en Tabasco—, qué parte de la cifra corresponde al gasto permanente del instituto y qué parte a la operación extraordinaria del año electoral, ni cuántos cargos y casillas deberá cubrir. Tampoco se precisó qué partida se busca reducir. Sin esos datos, el "presupuesto austero" funciona como marco de negociación, no como cifra.

La reunión anunciada no tiene fecha pública. Ese calendario será la primera señal del nivel de conflicto: una revisión técnica en mesas de trabajo se parece poco a una comparecencia abierta.

La lectura política

El dinero es el instrumento más legítimo —y más difícil de impugnar— que un Congreso tiene sobre un órgano autónomo. El IEPCT conserva intactas sus facultades: califica registros de candidaturas y coaliciones, fiscaliza campañas, organiza la jornada y, llegado el caso, cuenta y resuelve. Un ajuste presupuestal no cambia esas atribuciones, pero sí su capacidad operativa. De ahí que el incentivo sea doble: exhibir disciplina fiscal y, de paso, recordarle al árbitro quién revisa su desempeño en el año en que sus resoluciones pesarán sobre todos los partidos, incluido el que gobierna.

Hay un dato de equilibrio que conviene subrayar: quienes votarán el presupuesto del IEPCT son, a la vez, protagonistas de la contienda que ese instituto regulará. La coincidencia no es ilegal ni inusual —ocurre en todas las entidades cada tres años—, pero explica por qué una discusión financiera se lee de inmediato como anticipo electoral. Bracamonte habla desde la presidencia de la JUCOPO y desde la coordinación parlamentaria de Morena en un estado gobernado por su partido; el llamado a la austeridad no llega de una oposición en busca de pelea fiscal, sino del bloque que ya administra la plaza. La señal corre en dos direcciones: hacia el propio campo, como recordatorio de que no habrá cheques en blanco, y hacia los consejeros, como advertencia de que su desempeño será escrutado.

Conviene precisar también qué no ocurrió. Lo de Bracamonte no es una candidatura ni una precandidatura, y tampoco un posicionamiento rumbo a una boleta: es el uso de una facultad legislativa. En el hecho no hay ningún anuncio de aspiración personal. Si en las próximas semanas esa facultad se convierte en plataforma, el elemento faltante será justamente ese: que se declare.

Qué sigue

- La reunión entre la JUCOPO y los consejeros del IEPCT, aún sin fecha pública: es el termómetro del conflicto. - El anteproyecto del instituto debe incorporarse al paquete económico estatal y votarse en el Congreso antes del cierre del ejercicio. El monto final se conocerá ahí, no antes. - Si el ajuste se consuma, la pregunta verificable es qué actividades se reducen: logística de casillas, capacitación de funcionarios, monitoreo de campañas o fiscalización. - El desempeño de la nueva vocal ejecutiva del INE en Tabasco, que quedó mencionado con expectativas explícitas.