El IEPC Guerrero reconoce vacío legal que blinda asambleas de Morena

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC), Luz Fabiola Matilde Gama, afirmó que el organismo no puede frenar las llamadas campañas anticipadas —en alusión a las asambleas informativas de Morena— porque esas figuras “no están reguladas en la ley estatal y federal”. La declaración, hecha el 19 de septiembre al salir de la presentación de un libro sobre reforma electoral, no es un tropiezo retórico: es la confirmación, desde la propia autoridad, de que el tramo previo al proceso de 2027 quedará sin reglas escritas para los actos internos de partido.

Gama describió el hueco con precisión. Los partidos regulan sus procesos internos en sus propios estatutos, pero la ley electoral no contempla esas acciones. “No tenemos nada regulado en la ley electoral”, dijo, y remató: “No podemos entrar en temas subjetivos; si no se expresó en la ley no podemos avanzar”.

El IEPC solo alcanza a fiscalizar. La presidenta explicó que los procedimientos sancionadores concluyen y se remiten al Tribunal Electoral del Estado, y que lo demás es dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE) por el tema de fiscalización. En Guerrero hay cinco quejas: una del PRI, tres de ciudadanos y una iniciada por un comentario del representante de Movimiento Ciudadano. El jueves por la noche el instituto sesionó sobre una queja contra Beatriz Mojica Morga promovida por una ciudadana de Acapulco: no se acreditó el acto anticipado de campaña porque “no se llamó expresamente al voto”.

El umbral que ordena todo

Ese criterio es el dato más útil del expediente. Si el estándar probatorio exige el llamado expreso al voto, entonces una pinta con un nombre, una asamblea con banderas o un acto con dirigencias no bastan para acreditar la falta. El vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, lo formuló desde el otro lado: “Veo un nombre pero no sé, no están llamando al voto”. Santos Trigo añadió que en el INE no hay una sola denuncia por actos anticipados y reprochó que los partidos “van donde los escuchan sin dar pruebas”, es decir, a los medios, en lugar de presentarlas ante la autoridad.

Del lado opositor, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, sostuvo que el Instituto no genera confianza porque no vio los actos anticipados de Morena. Gama respondió que su opinión “es respetable”.

La lectura política

El movimiento de fondo no es de la presidenta del IEPC, sino del calendario. Gama llamó a legislar y situó esa tarea en el Congreso local y en la Cámara de Diputados “una vez que pase el proceso electoral”. Traducido: la reforma que regularía las asambleas informativas llegaría después de la elección que esas asambleas están ordenando. Nada de esto constituye candidatura formal: no hay aspirante registrado, plataforma ni acto de precampaña ante autoridad alguna. Lo que existe es posicionamiento sostenido, cuyo efecto práctico es el de una precandidatura de facto, sin figura jurídica que la contenga.

Eso reparte márgenes. Gana maniobra quien tiene estructura territorial para movilizar sin gastar en formato de precampaña —hoy, Morena— y pierde capacidad de litigio la oposición, que puede denunciar pero debe probar el llamado al voto. Los órganos electorales quedan en una posición incómoda y, a la vez, funcional: no son omisos por decisión, sino por carencia de tipo sancionador. La señal a aliados y adversarios es simétrica: nadie puede ser castigado por lo que no está escrito, y quien escriba las reglas primero definirá el terreno de 2027. Vale precisar el límite del argumento: la evidencia disponible acredita el vacío normativo y su efecto sobre el estándar probatorio, no que exista una estrategia coordinada entre el instituto y el partido que hoy se beneficia de ese hueco.

A esto se suma el flanco de seguridad. Gama dijo que la violencia en Quechultenango —enfrentamiento entre pobladores y fuerzas federales— no le parece un asunto electoral, que ya está invitada a la Mesa de Seguridad y que no hay mapa de focos rojos porque corresponde al estado y suele aparecer entre marzo y abril. Es una respuesta prudente y también un aplazamiento: el IEPC no se está adelantando a medir el riesgo en casillas.

Qué sigue

- Las cinco quejas ante el IEPC siguen su procedimiento; las que concluyan se remitirán al Tribunal Electoral del Estado y las de fiscalización al INE. - El Congreso local y la Cámara de Diputados tienen pendiente la reforma para regular actos internos de partido. Gama la colocó después del proceso electoral, es decir, fuera del calendario que ya corre. - El INE en Guerrero no ha recibido denuncia alguna por actos anticipados. Si PRI o Movimiento Ciudadano quieren una resolución, el camino es presentarla con pruebas, no en medios. - El mapa de focos rojos se conocería entre marzo y abril, cuando arrancan la instalación de casillas y los recorridos del personal del instituto.