El INE endurece multas por omisiones: el vacío regulatorio que marca la carrera a 2027

La autoridad electoral mexicana está ajustando su postura frente a la fiscalización de los partidos políticos. El consejero electoral Martín Faz afirmó, en entrevista publicada el 22 de septiembre de 2026, que las sanciones económicas no responden principalmente al desconocimiento normativo, sino a la omisión deliberada de reportar actividades y gastos a tiempo. Esta práctica dificulta el rastreo del origen y destino de los recursos, un problema que se agrava en la recta final de los procesos electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una tensión estructural que ya se hizo visible tras la contienda de 2023-2024. El Tribunal Electoral de la Federación estableció criterios que permitían ciertas actividades anticipadas bajo límites específicos, pero instruyó al INE a desarrollar una regulación concreta para operarlas. Hasta la fecha, el órgano técnico no ha emitido los lineamientos que regulen las acciones previas a las precampañas. Las propuestas presentadas ante el Consejo General fueron rechazadas o retiradas, lo que ha generado un espacio de operación sin supervisión directa sobre la trazabilidad fiscal o el tipo de propaganda utilizada.

Aunque el consejero reconoció que los partidos pequeños o de reciente creación suelen presentar deficiencias administrativas por una infraestructura más frágil, descartó que la ignorancia sea el detonante principal. La mayoría de las irregularidades se concentran en la realización de actividades no permitidas y en operar al límite de la legalidad cuando se definen candidaturas. Los recursos recaudados por estas multas no se reinvierten en la autoridad electoral, sino que se transfieren a instituciones de investigación científica y tecnológica.

La lectura política

La intervención de Martín Faz funciona como una señal de advertencia institucional: el INE reconoce que su capacidad de arbitraje está limitada por la ausencia de reglas claras para la etapa pre-precampaña. En la práctica, este vacío permite que aspirantes y estructuras de partido realicen campañas de posicionamiento, recolección de fondos y propaganda que, aunque no constituyen una precandidatura formal, operan como una precandidatura de facto. El incentivo es claro: medir lealtades, consolidar bases y captar recursos sin someterse a los topes de gasto ni a la fiscalización estricta que exige el registro oficial.

La tensión interna del INE revela un juego de poderes. El Consejo General, compuesto por consejeros electorales y representantes de los partidos, ha rechazado o retirado las propuestas regulatorias, lo que sugiere que los institutos políticos prefieren mantener un margen de maniobra para sus aspirantes. Al mismo tiempo, el destino de las multas hacia la investigación científica actúa como un mecanismo de compensación fiscal, pero no resuelve el problema de fondo: la opacidad en la etapa de definición de candidaturas. Si el INE no logra imponer lineamientos vinculantes, la carrera a 2027 se definirá en la sombra de la legalidad, donde el costo político de la omisión seguirá siendo menor que el beneficio de la anticipación.

Qué sigue

El próximo paso verificable es la próxima sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se debatirá la viabilidad de los lineamientos para la fiscalización de actividades previas a las precampañas. El calendario electoral de 2027 exige que la autoridad emita las reglas antes de que los partidos inicien sus procesos internos de selección. Si las propuestas actuales se mantienen en el limbo, la autoridad jurisdiccional del Tribunal Electoral de la Federación podría verse obligada a intervenir para resolver controversias sobre el origen de los recursos y la propaganda anticipada.