El INE entierra el voto por internet y regresa a la boleta a domicilio

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un modelo de voto a domicilio exclusivamente en boletas impresas para personas en situación de postración y sus personas cuidadoras, y con ello descartó la vía electrónica por Internet en el proceso electoral 2026-2027. La decisión pesa menos por el universo que toca —en la prueba piloto de Coahuila votó una sola persona por esa vía— que por lo que implica: la autoridad electoral cierra su único canal reciente de expansión del sufragio y lo hace mientras discute recortes internos y el costo de cada boleta.

El plan aprobado por el consejo general establece dos visitas domiciliarias obligatorias. La primera, del 5 al 11 de febrero de 2027, para recabar firmas físicas; la segunda, del 12 al 26 de mayo, para recibir el voto. Quien no esté disponible en esas ventanas no vota. El mecanismo sustituye al desarrollo electrónico que se estrenó en junio pasado en Coahuila y que costó 15 millones de pesos en seguimiento, diseño, desarrollo de software, arquitectura de nube y pruebas, propiedad del Instituto.

Un piloto con un solo votante

Los dos extremos del consejo general quedaron expuestos en la sesión. Uuc-kib Espadas calificó la prueba como "experimento fallido": sostuvo que no fue posible garantizar la secrecía del voto ni la identidad del sufragante, y advirtió que mientras el voto electrónico no resuelva esas dos preguntas "seguirá estando reñido formalmente con la Constitución". Carla Humphrey respondió que el resultado se debió a una pésima difusión y no al diseño, y preguntó "¿bajo qué lógica de racionalidad y eficacia presupuestal decidimos abandonar este desarrollo en un cajón para 2026-2027 en lugar de amortizar la inversión?". Cancelar por completo ese sistema, dijo, "viola nuestra propia planeación estratégica institucional".

Su argumento central no fue técnico sino de derechos: no se debe abolir una vía de sufragio por la baja participación inicial de una ciudadanía históricamente excluida. Recordó que 70 por ciento de los mexicanos en el extranjero vota por Internet y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó buscar la manera de garantizar el sufragio de las personas con discapacidad y de quienes las cuidan. "Hoy el modelo que se nos presenta para el periodo 2026-2027 da un paso atrás", dijo durante la sesión. En el costo del papel pesa otro dato: la impresión de boletas de la elección judicial de 2025 superó los mil millones de pesos.

La lectura política

Lo aprobado no es una prohibición legal del voto electrónico: el INE simplemente no lo incluye en su modelo operativo y conserva la propiedad de un sistema que, por ahora, no usará en territorio nacional. Formalmente es un ajuste de planeación; en la práctica funciona como un cierre de la única puerta que se había abierto para ampliar el sufragio en este ciclo.

El incentivo dominante es la aversión al litigio. Con un solo usuario, el costo unitario del voto electrónico se volvió indefendible y cualquier falla de secrecía o identidad habría llegado al TEPJF justo cuando el Instituto carga recortes de plazas, salarios y prestaciones de cara a 2027. La mayoría del consejo eligió la ruta que ya tiene precedente administrativo, no la que exige defender un experimento en un proceso concurrente con gubernaturas y con la Cámara de Diputados en juego.

Humphrey pierde margen: su agenda de modernización presupuestal queda sin vehículo este ciclo y su disidencia anticipa una posible impugnación por incumplimiento del mandato del Tribunal. Espadas gana terreno como voz de prudencia constitucional, un perfil útil si el papel también falla. Nadie gana en número de votos: el padrón afectado es mínimo. Lo que se juega es el precedente: el voto por Internet sobrevive sólo para mexicanos en el extranjero, y la institución decide no extenderlo en un año electoral.

Falta evidencia para medir el daño real: no se conoce cuántas personas integran el universo potencial ni cuántas lograron ejercer el sufragio bajo el esquema anterior. Tampoco está claro si la boleta a domicilio, con dos ventanas fijas y dependencia de la disponibilidad del votante y su cuidador, satisface el estándar que ordenó el TEPJF.

Qué sigue

El calendario es rígido: las firmas se recaban del 5 al 11 de febrero de 2027 y el voto se recibe del 12 al 26 de mayo. Antes, el 4 de enero, los partidos nacionales deben definir si compiten en coalición por la Cámara de Diputados, fecha que también servirá para fijar la afiliación efectiva de los aspirantes.

Quedan tres definiciones verificables: si el Instituto conserva el sistema electrónico para un piloto futuro o lo desmantela; si el TEPJF revisa de oficio o a petición de parte la suficiencia del modelo en papel para las personas con discapacidad; y si la discusión presupuestal de 2027 reintroduce el debate sobre el costo de la boleta impresa. Hasta entonces, el voto a domicilio de 2027 será el más restringido de sus versiones recientes.