El INE sólo actuará por denuncia mientras Morena y PAN “ya parecen candidatos”

El Instituto Nacional Electoral (INE) no saldrá por su cuenta a perseguir adelantados. De acuerdo con el titular que Milenio Diario difundió este lunes 21 de septiembre, la autoridad sólo abrirá procedimiento contra Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) si media una denuncia. En la misma línea, la consejera presidenta Guadalupe Taddei reconoció que ambas fuerzas “ya parecen candidatos” por las acciones que despliegan y ratificó los convenios del instituto con Meta y X contra bots y noticias falsas.

Conviene precisar el material disponible: lo que se conoce es el titular, no el desglose de la declaración. Falta saber si Taddei habló en términos técnicos de los “actos anticipados de precampaña y campaña” que sanciona la ley o si enunció un criterio general de actuación con el que el INE piensa atravesar el ciclo. La diferencia importa: una cosa es cómo se lee un artículo y otra, cómo se redacta un acuerdo del Consejo General.

La frontera se activa con queja, no con oficio

En el sistema electoral mexicano, los actos anticipados se castigan por la vía del procedimiento especial sancionador. En la práctica, esa vía se ha activado casi siempre con una queja de partido o de ciudadano; la autoridad conserva facultades de investigación, pero el criterio anunciado acota esos márgenes. El efecto inmediato es que la vigilancia deja de ser decisión de la autoridad y se vuelve decisión de los competidores.

Y ahí está el nudo: denunciar tiene costo. El partido que presenta la queja queda expuesto a que le respondan que usa al árbitro para golpear al rival, y a que su propio comportamiento —giras, programas, promociones personales— termine revisado en el mismo expediente. Cuando las dos fuerzas con más despliegue público tienen algo que perder en un intercambio de denuncias, la disuasión es mutua y el resultado práctico es que nadie denuncia. Sin denuncia no hay expediente; sin expediente, el “ya parecen candidatos” se queda en diagnóstico.

Vale subrayarlo con precisión: que alguien “parezca candidato” no lo convierte en candidato. No hay registro, no hay precandidatura en términos legales, no hay proceso interno formalizado que la ley deba regular todavía. Lo que existe es posicionamiento y, en varios casos, precandidaturas de facto: estructura, agenda y presencia desplegadas antes de que el calendario lo permita. La frase de Taddei nombra esa brecha; no la clausura.

La lectura política

El movimiento tiene función doble. Hacia afuera, el INE reconoce un hecho que la ciudadanía ya ve y evita quedar como autoridad que simula no advertirlo. Hacia adentro, traslada a los partidos la carga política de frenarlo: si nadie denuncia, el instituto no será el que aparezca desactivando a un favorito. Para un árbitro que llega al ciclo de 2027 con la mira encima, es una forma de administrar su propio desgaste.

Los incentivos quedan así: Morena gana margen mientras la oposición dude en denunciar; el PAN gana ese mismo margen mientras Morena se resista a hacerlo. Quien se mueva primero paga el costo de parecer perseguidor. La contienda se desplaza de la vigilancia administrativa a la denuncia con cálculo político.

Los convenios con Meta y X —ratificados, no nuevos, según la misma versión— apuntan a la parte del juego que ocurre en plataformas. Un convenio es un canal y un protocolo, no una facultad sancionadora: da interlocutor cuando aparece una red de bots o un video manipulado, pero no sustituye a la queja ni resuelve que la ley electoral y las reglas de las plataformas no son lo mismo.

Qué sigue

Tres verificaciones concretas. Primera: si algún partido presenta queja por actos anticipados en las próximas semanas; si no ocurre, el criterio de “sólo con denuncia” se consolidará como precedente de hecho para todo el ciclo. Segunda: el texto completo de la declaración de Taddei y la respuesta operativa del INE, es decir, si su Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral abre investigaciones por su cuenta o confirma que esperará. Tercera: el alcance y la vigencia de los convenios con Meta y X, de los que dependerá qué tan rápido puede reaccionar el instituto ante una campaña de desinformación.

En paralelo corre la otra pista de la misma discusión. Ese mismo día se anticipó que comisiones de la Cámara de Diputados prevén dictaminar una reforma para obligar a proveedores de internet a retirar material con derechos de autor —parodias y memes incluidos— con multas de hasta 4.6 millones de dólares, según la versión periodística. Mientras el INE espera denuncias, el Congreso avanza por la vía de la propiedad intelectual. Rumbo a 2027, con la Cámara de Diputados y un bloque de gubernaturas en juego, esas dos rutas van a cruzarse.