Empresarios de Los Cabos piden vetar aspirantes con nexos criminales rumbo a 2027

El Consejo Coordinador de Los Cabos (CCLC) pidió a los partidos políticos revisar los perfiles de quienes busquen contender por la alcaldía de Los Cabos en las elecciones de 2027 y descartar posibles vínculos con el crimen organizado. El planteamiento lo hizo su presidente ejecutivo, Julio Castillo Gómez, sin mencionar a ninguna persona y sin presentar evidencia de ningún caso concreto. El organismo empresarial no tiene facultades electorales; aun así, su pronunciamiento cae en el terreno donde los partidos apenas acomodan piezas y funciona como advertencia: en un destino que vive del turismo, la seguridad dejó de ser asunto exclusivamente policiaco y se volvió criterio de elegibilidad.

Una petición sin mecanismo de verificación

Castillo Gómez pidió a los coordinadores y responsables políticos de los partidos verificar que los perfiles que impulsen no tengan nexos con grupos delictivos "ni con otras fuerzas que puedan comprometer la seguridad y la imagen del destino turístico". En sus palabras: "Deben vigilar muy bien y estar seguros de que los que van a contender por las alcaldías sean perfiles que, definitivamente, en primer lugar, estén seguros de que no estén vinculados con el crimen organizado o con ningún otro tipo de fuerzas que puedan comprometer al destino".

El llamado llega diez días después de que Morena abriera, el 8 de octubre, el registro de aspirantes a las coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, y en plena resaca de dos nombramientos estatales: Manuel Cota Cárdenas como coordinador de la Defensa de la Transformación en Baja California Sur por Morena, y Francisco Pelayo como coordinador político del PAN en la entidad. En Los Cabos, por Morena se han manifestado la diputada local Gabriela Montoya, el exalcalde Óscar Leggs y el director de Desarrollo Social, Carlos Castro. Del PAN no se conocen perfiles.

Lo que el pronunciamiento no dice pesa tanto como lo que dice: no propone mecanismo alguno. Ni auditoría externa, ni carta compromiso, ni convenio con autoridades. Tampoco define quién evaluaría, con qué información y ante quién se impugnaría una decisión tomada con ese criterio. Los partidos no tienen facultades de investigación y no pueden certificar la ausencia de un vínculo delictivo. La fuerza del llamado es política, no jurídica.

La lectura política

Primera capa: el vocabulario. Un "coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional" no es una candidatura. No hay registro ante autoridad electoral, no hay derechos ni obligaciones de candidato, no hay boleta. Pero en la práctica esa figura opera como una precandidatura de facto: ordena una arena interna, mide lealtades y coloca a quien la recibe en posición de salida. Quien pide revisar perfiles, aunque no lo diga, habla del momento previo al registro formal, donde los partidos todavía pueden corregir sin costo legal.

Segunda capa: los incentivos. El CCLC no tiene votos; tiene voz y peso económico. En un municipio cuya economía depende del flujo turístico, la advertencia equivale a recordarle a los partidos que un mal perfil no cuesta solo votos: cuesta inversión, ocupación hotelera y reputación internacional. El organismo se planta así en la selección de candidatos sin partido y sin candidato propio. Al no señalar nombres, conserva margen: puede repetir la exigencia cuando exista lista y nadie podrá reclamarle un agravio previo.

Tercera capa: el costo para los partidos. Aceptar un filtro externo implica admitir que el control interno no basta y abre la puerta a que otros gremios reclamen el mismo derecho de veto. Rechazarlo en público es caro en un municipio donde el discurso de seguridad es moneda corriente. La salida más probable es el silencio o la adhesión genérica, que deja el criterio flotando sin compromiso verificable.

Qué sigue

El calendario inmediato lo marcan los partidos, no el organismo empresarial. Morena continúa con el registro y la definición de sus coordinaciones municipales, paso que en los hechos antecede a la definición de candidaturas. El PAN aún no hace públicos los perfiles que podrían buscar la presidencia municipal de Los Cabos. El CCLC no fijó plazo ni anunció seguimiento; el examen real será si repite la exigencia cuando haya nombres sobre la mesa. El filtro formal, si llega, aparecerá con la convocatoria del proceso electoral local y los registros ante la autoridad electoral de Baja California Sur, para lo cual la evidencia disponible no ofrece fechas.