Exfiscal acusa que la detención de Jáuregui despeja la ruta de De la Peña

La detención de César Jáuregui dejó de discutirse como un expediente sobre agentes extranjeros en la Sierra Tarahumara y entró, por la vía de su propia defensa, al terreno de la sucesión municipal de Chihuahua. El 19 de octubre, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, el exfiscal Luis Villegas Montes afirmó que la aprehensión de su cliente es "un operativo de carácter político-electoral" cuyo propósito es "despejarle el camino al delfín de la gobernadora": Santiago de la Peña, actual secretario General de Gobierno del estado, rumbo a la candidatura del PAN a la presidencia municipal de la capital para 2027.

La tesis no surgió ese día. Un día antes, el propio Villegas ya había planteado ante medios que la detención se relacionaba con las aspiraciones de Jáuregui a la alcaldía y con el impulso a De la Peña. Lo que cambió el 19 de octubre fue el escenario: la acusación se formuló en un espacio de entrevista nacional, con respaldo partidista detrás y con un destinatario identificable dentro del propio gabinete estatal.

Del respaldo partidista al deslinde

Junto a Villegas estuvieron el senador Mario Vázquez, el exalcalde de Chihuahua Juan Blanco y el exregidor Luis Terrazas Saldívar, quienes refrendaron su apoyo a Angélica Moreno, esposa del detenido. Moreno calificó los hechos como una "aberración" de la gobernadora. La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, sostuvo que Morena hace un espectáculo de la detención y que existen motivaciones políticas, al tiempo que llamó a la militancia a mantenerse unida.

Del otro lado, María Eugenia Campos Galván tomó distancia de quien fuera su operador durante casi dos décadas. En entrevista con Latinus, el 14 de octubre, responsabilizó al entonces fiscal de la implicación de la agencia estadounidense y afirmó que "se actuó por la libre". El 19 de octubre publicó un video en el que negó persecución, defendió el actuar de la Fiscalía estatal y prometió cooperar con la Fiscalía General de la República (FGR): "Nadie que sirva o haya servido en mi gobierno está por encima de la ley".

La cronología de la ruptura es verificable: coincidencia en la bancada panista del Congreso local en 2013, coordinación de las campañas de Campos a la alcaldía en 2016 y a la gubernatura en 2021, secretaría General de Gobierno hasta 2023, titularidad de la Fiscalía hasta la renuncia del 27 de abril de 2026 —cuando reconoció omisiones en el operativo— y, en julio, inscripción al proceso interno del PAN para la candidatura a la presidencia municipal de Chihuahua.

La lectura política

El señalamiento proviene de la defensa del detenido, es decir, de una parte interesada en desacreditar la investigación, y hasta ahora no se ha exhibido en público un documento o resolución que acredite el móvil electoral. Ese es el límite de la acusación y conviene decirlo: es una imputación, no un hecho probado. Dicho eso, el patrón de contexto sí permite leer la función práctica del movimiento.

En términos formales, Jáuregui es un aspirante inscrito en el proceso interno del PAN; no es candidato, porque la candidatura no se ha definido. De la Peña, por su parte, no aparece en la evidencia como precandidato ni como registrado: ocupa la secretaría General de Gobierno, una posición que en la política estatal funciona como plataforma de salida y que, en la versión de la defensa, operaría como precandidatura de facto sin serlo todavía en términos legales.

Los incentivos se acomodan con inusual claridad. La gobernadora gana margen al concentrar la responsabilidad del operativo en un excolaborador y al presentarse ante la FGR como cooperadora; el gobierno federal gana tranquilidad en un estado donde la disputa por la seguridad venía escalando, y la presidenta Claudia Sheinbaum lo confirmó el 19 de octubre al decir en la mañanera que no hay pruebas que vinculen a Campos con los agentes extranjeros. Ese cambio de tono se entiende mejor junto a la reunión privada del 19 de septiembre para "limar asperezas".

Quien pierde es la red política de Jáuregui dentro del PAN, la misma que ahora presiona a la dirigencia estatal para no abandonarlo. Y la señal rumbo a 2027 es doble: la alcaldía de Chihuahua se vuelve un botín que la gobernadora quiere administrar, y el partido deberá elegir entre la lealtad a la gobernadora en funciones y la de su militancia, que ya se expresó en la calle.

Qué sigue

La defensa buscará llevar la hipótesis del móvil electoral a las etapas procesales y a la conversación pública, mientras la FGR mantiene abierta su indagatoria por la participación de agentes estadounidenses y por la eventual invasión de competencias federales. Falta conocer el calendario y el método con que el PAN estatal definirá su candidatura capitalina, si De la Peña formaliza o no su aspiración, y si la cooperación ofrecida por Campos se traduce en comparecencias y documentos ante la autoridad federal.