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Exmagistrados alertan presión política sobre jueces en amparos del IMSS
María Emilia Molina, Juana Fuentes y Jorge Antonio Loyo advierten que el Poder Judicial podría resolver bajo influencia política los recursos contra la reforma de la Modalidad 40.
Exmagistradas y un catedrático advierten que jueces que resuelvan amparos contra la reforma de la Modalidad 40 del IMSS podrían enfrentar persecución si fallan contra el gobierno. Señalan riesgo de cooptación del Poder Judicial y limitaciones de los jueces electos por voto popular. Los afectados aún pueden promover amparos indirectos, pero la incertidumbre persiste sobre la imparcialidad de los ju
Exmagistrados y especialistas en derecho advirtieron que los amparos promovidos contra el nuevo reglamento de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían resolverse en un Poder Judicial bajo influencia política, lo que pondría en entredicho la protección efectiva de los derechos laborales y pensionarios de miles de personas afectadas por la reforma. La advertencia no es menor: la exmagistrada de Circuito María Emilia Molina sostuvo que "los jueces están siendo perseguidos si emiten fallos contrarios al gobierno", una afirmación que desplaza el debate del terreno técnico-jurídico al de la independencia judicial.
El contexto es una reforma impulsada por el gobierno federal que modificó las reglas de la Modalidad 40, esquema mediante el cual trabajadores independientes o con empleo formal cotizan voluntariamente para mejorar su pensión. Quienes se verían afectados buscan frenarla en tribunales mediante amparos. Molina recordó que, pese a las reformas a la Ley de Amparo, las personas afectadas conservan la vía del amparo indirecto y que los jueces tienen la obligación de verificar que las leyes y actos internos no contradigan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, expresó su inquietud por el perfil de los juzgadores que atenderán esos recursos.
La exjueza Juana Fuentes coincidió en el diagnóstico y subrayó las limitaciones en la formación de los jueces electos por voto popular, al señalar que muchos desconocen las normas que deben aplicar. Ambas alertaron sobre un proceso de cooptación del Poder Judicial, en el que resoluciones recientes han sido favorables al Estado y han debilitado los contrapesos necesarios para garantizar derechos fundamentales. El catedrático Jorge Antonio Loyo se sumó a la preocupación, aunque consideró que los afectados aún pueden recurrir al amparo para impugnar la reforma que impacta sus derechos laborales y su acceso a pensiones.
La lectura política
El señalamiento ocurre en un momento en que la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial está tensa por la elección de jueces y magistrados por voto popular y por las reformas al sistema de justicia. Quienes advierten sobre persecución judicial no presentan en la evidencia disponible casos concretos documentados, pero su posición como exmagistradas y académico les da autoridad para instalar el tema en la agenda pública. El gobierno, por su parte, sostiene que sus reformas buscan democratizar la justicia y combatir privilegios; no hay en el expediente una respuesta oficial a estas acusaciones, lo que constituye un elemento faltante para una lectura equilibrada.
El riesgo institucional es claro: si los amparos contra la reforma del IMSS se desechan sin análisis de fondo o si los juzgadores actúan condicionados, se erosiona la confianza en el sistema de justicia y se debilita el derecho a la tutela judicial efectiva. Los principales ganadores de un Poder Judicial alineado con el Ejecutivo serían el propio gobierno y su agenda de reformas; los perdedores serían los trabajadores que buscan frenar cambios en sus pensiones y, en general, los ciudadanos que dependen de contrapesos institucionales. Los jueces electos por voto popular, además, enfrentan el desafío de demostrar independencia frente a las fuerzas políticas que impulsaron sus candidaturas.
La discusión también toca el diseño institucional: la reforma a la Ley de Amparo y la elección popular de juzgadores modificaron los incentivos de la carrera judicial. La advertencia de los expertos sugiere que la imparcialidad no depende solo de la ley, sino de la protección efectiva de los jueces frente a represalias por sus decisiones.
Qué sigue
Los interesados deberán definir su estrategia legal en función de cómo respondan los juzgados a los amparos contra la reforma de la Modalidad 40. La incertidumbre persiste en el ámbito judicial ante la presión que los especialistas atribuyen al actual régimen. Para sostener una lectura más precisa, faltaría conocer el número de amparos presentados, su estado procesal y si existen resoluciones que hayan sido desechadas o favorables al gobierno. También sería relevante una postura pública del Poder Judicial o del Ejecutivo sobre las acusaciones de persecución. Sin esos elementos, la advertencia queda como una señal de alerta que amerita seguimiento, no como una conclusión cerrada sobre el comportamiento de todos los juzgadores.