Familiares de víctimas de Florencio Varela denuncian a jueces por filtración de video

Los familiares de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela iniciaron acciones legales, administrativas y disciplinarias contra dos jueces federales por la filtración de un video que muestra las torturas sufridas por la adolescente Lara Gutiérrez antes de su asesinato. La difusión del material, que debía permanecer bajo reserva judicial, desató la indignación de los allegados y abrió un frente de conflicto institucional en torno al manejo de pruebas sensibles.

Los familiares de Lara Gutiérrez anunciaron acciones contra los jueces federales Sandra Arroyo Salgado, de San Isidro, y Ernesto Rodríguez, de Morón, por fallas en la protección del material incorporado a la investigación. En un comunicado, cuestionaron la difusión de pruebas que debían permanecer bajo secreto y sostuvieron que la exposición de las imágenes provoca un nuevo daño a las familias y puede comprometer el desarrollo de la causa.

El video fue recuperado del teléfono celular de Daniel Tello Chacón, uno de los imputados en una investigación federal por narcotráfico. Según la resolución judicial, el archivo había sido eliminado de una aplicación de mensajería y posteriormente recuperado por los investigadores. Su contenido fue vinculado con el triple crimen de Florencio Varela, en el que también fueron asesinadas Brenda del Castillo y Morena Verdi.

La lectura

La familia considera que existieron fallas en la protección del material y calificó la situación como inadmisible por falta de decoro, negligencia o mal desempeño. La frase, incluida en el comunicado, apunta directamente a la responsabilidad de los magistrados en la custodia de un elemento probatorio que circuló fuera del ámbito judicial.

Desde el entorno de la jueza Arroyo Salgado aseguraron que el material fue puesto a disposición de los investigadores de ambas causas, pero negaron haberlo difundido. También señalaron que desconocen quién realizó la filtración. Esa respuesta deja abierto el interrogante central: quién tuvo acceso al archivo y en qué momento se produjo la salida del circuito reservado.

La Fiscalía Federal N°2 de Morón solicitó a los medios que no reproduzcan imágenes ni videos relacionados con los asesinatos, para evitar la revictimización de las familias y proteger una investigación que continúa bajo secreto de sumario. La medida refuerza la dimensión pública del caso: no se trata solo de una disputa entre particulares y magistrados, sino de un conflicto sobre cómo el sistema judicial administra la exposición de pruebas en causas de alta sensibilidad.

El episodio también expone un patrón institucional que la evidencia permite sostener sin especulación: la circulación de material reservado en una investigación federal por narcotráfico vinculada a un triple crimen. La causa combina dos expedientes, uno en San Isidro y otro en Morón, y esa doble jurisdicción aparece como un punto crítico para explicar cómo se resguarda la prueba.

Qué sigue

Las acciones anunciadas por los familiares deberán sustanciarse en las instancias administrativas y disciplinarias correspondientes. Falta esclarecer quién filtró el video, qué controles existían sobre el archivo recuperado y si hubo incumplimiento de los deberes de custodia por parte de los juzgados involucrados. También resta conocer si la difusión del material ya afectó el desarrollo de la causa, como advirtieron los allegados.

Mientras la investigación sigue bajo secreto de sumario, el pedido de la Fiscalía a los medios busca contener un daño que las familias consideran consumado. La respuesta de los juzgados y el avance de las acciones legales definirán si el caso se limita a una sanción disciplinaria o si escala a una revisión más amplia sobre el manejo de pruebas sensibles en causas de narcotráfico y violencia extrema.