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FGR reconoce 32 fosas en 2025 frente a 651 reportadas por fiscalías estatales
Un informe de la Plataforma Ciudadana de Fosas documenta una brecha de veinte a uno entre el registro federal y el de los estados. La discrepancia deja sin estadística homologada la crisis forense.
La FGR, bajo Ernestina Godoy, reconoció solo 32 fosas clandestinas en 2025, mientras las fiscalías estatales documentaron 651 y los medios 433. El informe de la Plataforma Ciudadana de Fosas, elaborado por Data Cívica, Artículo 19 y la Iberoamericana, señala que la brecha equivale a veinte veces menos registros federales y deja sin cifra homologada la crisis forense.
La Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Ernestina Godoy, reconoció la existencia de 32 fosas clandestinas en todo el país durante 2025, según el informe de la Plataforma Ciudadana de Fosas elaborado por Data Cívica, Artículo 19 y la Universidad Iberoamericana. La cifra contrasta con las 651 fosas documentadas por las propias fiscalías estatales y con los 433 hallazgos registrados por medios de comunicación. La diferencia equivale a que la autoridad federal reporta veinte veces menos fosas que los estados.
El dato no es un detalle administrativo. La brecha entre el registro federal y el estatal define el mapa con el que el Estado mexicano dice cuántas fosas clandestinas existen y, por tanto, cuántas familias pueden exigir búsqueda, exhumación e identificación. Frente a un universo de más de 130 mil personas desaparecidas, la estadística federal se convierte en el primer filtro de acceso a la verdad: lo que no se cuenta, difícilmente se investiga.
La lectura
El informe describe una "simulación institucional" y una estrategia de negación de la realidad. Esa caracterización es de los autores del documento, no una conclusión judicial. Lo comprobable es la asimetría entre fuentes: mientras las autoridades locales de Sonora reportaron 204 fosas clandestinas, la FGR registró cero en esa entidad; la omisión se repite en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur, que suman 410 hallazgos estatales ausentes de la estadística federal.
La reducción de las fosas a solo seis entidades también tiene consecuencia institucional. La FGR es la instancia responsable de perseguir delitos de fuero federal; si su registro no refleja los hallazgos locales, la coordinación entre fiscalías queda sin base verificable. El informe sostiene que la FGR incumple su responsabilidad constitucional y deja a las víctimas sin el derecho a la verdad; esa es una acusación de la plataforma, no una resolución de autoridad.
El costo humano aparece en los números de 2025: se recuperaron 833 cuerpos y 226 restos humanos de fosas en el país, con Jalisco y Sonora encabezando las cifras. En más de un tercio de los expedientes ni siquiera se determinó el sexo de la persona, y no existe información pública sobre procesos de identificación o entrega a familiares. La ausencia de un registro nacional homologado por parte de la FGR condena a miles de víctimas a una "segunda desaparición" en las fosas comunes del propio gobierno, según el informe.
La manipulación de datos, si se confirma como política y no como error burocrático, no es un episodio aislado: obliga a colectivas de madres e investigadoras a asumir el trabajo que las autoridades no realizan. El informe lo plantea como una política de Estado; la evidencia disponible permite afirmar la discrepancia y su efecto práctico, pero no permite atribuir una intención deliberada sin documentación interna de la FGR.
Qué sigue
Falta que la FGR explique la metodología de su registro: qué criterios usa para contabilizar una fosa, por qué no incorpora los hallazgos estatales y cómo se coordina con las fiscalías locales. También falta un registro nacional homologado que permita cruzar exhumaciones, identificaciones y entregas a familiares.
El informe de la Plataforma Ciudadana de Fosas deja abierta una pregunta central: si la autoridad federal reporta veinte veces menos fosas que los estados, ¿qué instancia audita esa cifra y qué consecuencia tiene para las carpetas de investigación? Sin esa respuesta, la estadística oficial seguirá siendo el punto ciego de la crisis forense.