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Gobernador de BCS respalda auditoría al INE y presiona transparencia rumbo a 2027
Víctor Manuel Castro Cosío firmó un comunicado que respalda la ofensiva de Claudia Sheinbaum sobre los contratos de materiales electorales y llama al INE y al IEEBCS a abrir sus procesos de compra.
El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, respaldó con un comunicado oficial las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para auditar los contratos de materiales electorales del INE. Pidió transparencia a los organismos electorales de cara a 2027, año en que su estado renueva gubernatura. El gesto alinea a un mandatario estatal con la agenda presidencial sobre el árbitr
El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, emitió el 6 de noviembre un comunicado oficial en el que respalda las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para auditar y fiscalizar los contratos de materiales electorales del Instituto Nacional Electoral (INE). El documento no se limita a la adhesión: el gobierno estatal pidió al INE y a los organismos públicos locales electorales garantizar la máxima publicidad de sus procesos de contratación, proveedores, montos y criterios de asignación, con un llamado explícito al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS).
El comunicado retoma la información presentada el 5 de noviembre por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que vinculó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas y a Juan Carlos Padilla Aguilar con empresas proveedoras de material electoral, entre ellas Cartonera Plástica y Formas Finas Fernando Fernández. El texto firmado por Castro Cosío menciona antecedentes que se remontan a varias décadas y que, según el propio documento, no corresponden a la administración federal actual ni a la anterior. También cita nombres de figuras públicas señaladas en el caso, como Guadalupe Acosta Naranjo, Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo, y pide que esos antecedentes se examinen "con rigor y responsabilidad", sin juicios anticipados.
El gobernador sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos y a información "clara, verificable y oportuna", y coincidió con la presidenta en que la autonomía de los organismos electorales debe acompañarse de responsabilidad pública y apego a la legalidad. El documento también se refiere a la trayectoria de Guadalupe Taddei Zavala, señalando que su paso por los organismos electorales es anterior al actual gobierno federal.
El respaldo llega en un momento de tensión entre el Ejecutivo federal y el árbitro electoral. La renuncia de Taddei a la presidencia del INE, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en la asignación de contratos, detonó el 27 de octubre el anuncio presidencial de pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de los contratos del instituto. Lorenzo Córdova respondió en redes sociales que el INE fue "una de las instituciones más auditadas del país" y se dijo dispuesto a una nueva revisión. La presidenta también adelantó un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, empresa del Estado que podría producir materiales electorales.
La lectura política
El comunicado de Castro Cosío funciona, en la práctica, como un respaldo político a la ofensiva presidencial sobre el INE en un año en que Baja California Sur renovará gubernatura. No es una candidatura ni una precandidatura: es un posicionamiento de alineamiento con la agenda presidencial sobre el árbitro electoral, que envía una señal a aliados y adversarios sobre dónde se ubica el gobierno estatal en la disputa por la transparencia de los contratos electorales.
El incentivo del gobernador es doble. Por un lado, refrenda su pertenencia a la Cuarta Transformación en un territorio donde el partido en el poder enfrenta definiciones complejas de candidaturas rumbo a 2027, particularmente en municipios como Los Cabos, donde los acuerdos nacionales entre Morena, el PT y el PVEM podrían influir en la selección de perfiles. Por otro, el llamado a la transparencia del IEEBCS coloca al organismo local en el centro de la conversación pública, lo que puede traducirse en presión política sobre un árbitro que tendrá un papel decisivo en la elección de gubernatura.
El movimiento también tiene un límite jurídico claro: el comunicado no constituye una auditoría ni una resolución sobre irregularidades. Se trata de una declaración política que respalda investigaciones en curso y que pide a las autoridades competentes determinar si hubo conflictos de interés. La evidencia disponible no permite sostener que el gobernador busque controlar al organismo electoral local, pero sí que su gobierno busca posicionarse como un actor que exige rendición de cuentas en un tema de alto impacto nacional.
La señal para 2027 es relevante porque Baja California Sur es una de las entidades que renovará gubernatura, y el tema de la transparencia electoral puede convertirse en un eje de campaña. El respaldo a Sheinbaum también puede leerse como un gesto de lealtad hacia el Ejecutivo federal en un momento en que la relación entre los gobiernos estatales y el INE se ha vuelto más visible.
Qué sigue
El comunicado no establece plazos ni acciones concretas. El INE y el IEEBCS no han respondido públicamente al llamado. La ASF deberá definir el alcance de la auditoría solicitada por la presidenta, mientras que el decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México aún no ha sido presentado formalmente. En Baja California Sur, el IEEBCS tendrá que pronunciarse sobre la solicitud de máxima publicidad en sus procesos de contratación, en un calendario que se acerca al proceso electoral de 2027.