Gobernadores amagan a la dirigencia de Morena y ganan alfiles rumbo a 2027

El 17 de septiembre de 2026, un reporte de Reforma atribuido a fuentes de Morena, PVEM y PT describió el mecanismo con el que se están repartiendo las candidaturas rumbo a 2027: gobernadores morenistas amagaron a la dirigencia nacional de su partido "con no sacar adelante la elección" si sus "corcholatas" o alfiles no quedaban encaminados, y la dirigencia respondió ocultando los resultados de los sondeos internos. Leído en clave de poder, el episodio no trata de encuestas: trata de quién decide. El aparato territorial de varias gubernaturas se cobró por anticipado el derecho de apartar nombres antes de que exista una sola candidatura formal.

El amago y el sondeo que no se vio

El reporte describe una selección resuelta a puerta cerrada. Con el argumento de que las encuestas podrían revelar datos importantes y "estrategias internas", la dirigencia nacional no hizo públicos los resultados, y los aspirantes aseguran que "las gráficas las pasaban tan rápido" que no alcanzaron a analizarlas. El sondeo, que en teoría arbitra, terminó funcionando como aval de decisiones tomadas en otra mesa.

Los casos de intervención directa son los más nítidos. En abril, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se adelantó al proceso y nombró a Pablo Gutiérrez, alcalde con licencia de Ciudad del Carmen, "coordinador estatal para la Defensa de la Transformación"; su argumento fue que "la política es tiempo y circunstancia, y este era el momento de Pablo". Cuatro meses después, Morena confirmó la designación: un nombramiento fuera de catálogo se convirtió en candidatura partidista.

En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla promovió a Carlos Torres Piña, su mano derecha desde 2021. En Colima, Indira Vizcaíno logró la nominación de Rosa María Bayardo. En Zacatecas, David Monreal defendió a su ex cuñada Verónica Díaz —promovida, afirman, para el Senado— a costa de romper con Ulises Mejía, con su hermano Saúl Monreal y con el PT en la entidad. En Quintana Roo, Eugenio Segura rechazó ser identificado como alfil de Mara Lezama: "Soy el candidato de la gente, del pueblo", respondió.

En otros estados no hubo promoción abierta, pero quedaron perfiles afines: Beatriz Mojica en Guerrero, respaldada por el salgadismo una vez que Félix Salgado no logró registrarse; Julieta Ramírez en Baja California, con una llamada atribuida a la gobernadora minutos después de recibir su constancia; Imelda Castro en Sinaloa, ex dupla de Rubén Rocha en el Senado, quien dice que no lleva su "etiqueta".

Faltan tres definiciones que, según el reporte, se oficializarán en las próximas semanas: Sonora, donde Alfonso Durazo promovió a la senadora Lorenia Valles frente a al menos cuatro ex integrantes de su gabinete; Tlaxcala, donde Lorena Cuéllar impulsa al alcalde con licencia Alfonso Sánchez y los contendientes acusaron ante Ariadna Montiel "una elección de Estado"; y Baja California Sur, con Víctor Manuel Castro promoviendo a Milena Quiroga. Nayarit es el único caso sin padrino claro: la disputa es entre Geraldine Ponce y Héctor Santana.

La lectura política

El nombre formal de las figuras importa poco frente a su función. "Coordinador estatal para la Defensa de la Transformación" no es una candidatura: es un puesto partidista. En la práctica operó como precandidatura de facto, y la confirmación de agosto lo volvió una candidatura de partido sin que mediara contienda pública. Lo mismo puede decirse de las designaciones por sondeo: ninguna constituye todavía candidatura registrada ni abre por sí misma un procedimiento ante autoridad electoral; son posicionamientos internos.

El incentivo del amago es claro. Los gobernadores controlan estructura, presupuesto y operación territorial; sin ellos, la elección de 2027 no se sostiene. Quien puede retirar ese aparato puede condicionar el reparto. La dirigencia nacional conserva la facultad formal de definir candidaturas, pero si el sondeo no se publica y los nombres ya están encaminados, esa facultad se reduce a ratificar. La consecuencia es un cambio en el equilibrio interno: el centro del partido pierde arbitraje y el poder se reubica en las gubernaturas, con horizonte 2027 y 2030.

El costo también se ve. Zacatecas muestra que el método puede dejar ruptura con aliados —el PT— y con familia política propia. La señal a PVEM y PT, cuyas fuentes aparecen en el reporte, es que el reparto se decide entre los Ejecutivos estatales y que a los aliados les toca enterarse. Y la señal a los aspirantes sin padrino es que el mérito compite en desventaja contra la cercanía.

El límite de la evidencia debe decirse: se trata de un reporte basado en fuentes partidistas anónimas, sin actas, metodologías ni resultados publicados, y sin pronunciamiento de la dirigencia nacional o de los gobernadores señalados. No está claro si el amago fue explícito o transmitido por vías informales. Qué falta para sostener la lectura con mayor fuerza: los documentos de los sondeos, la versión de la dirigencia y cualquier queja formal ante instancias internas.

Qué sigue

En las próximas semanas se oficializarían los nombramientos pendientes en Sonora, Tlaxcala y Baja California Sur, y con ellos se sabrá si el patrón se repite o si la dirigencia recupera margen. Habrá que ver si Morena publica metodología y resultados de los sondeos o mantiene la reserva, si el PT conserva su ruptura en Zacatecas y si alguna de las acusaciones —como la "elección de Estado" en Tlaxcala— llega a una instancia formal. La prueba de 2027 no será el reparto, sino si los alfiles movilizan el aparato que sus padrinos amagaron con no mover.