RUTA 27 · MEDIUM
Gobernadores de Morena imponen cuadros para 2027 y tensan la alianza
Las designaciones son cargos partidistas, pero en los hechos funcionan como precandidaturas de facto. La disputa se traslada a la CNHJ y a la mesa de coalición, donde el Verde y el PT exigen segundas encuestas.
Los gobernadores de Morena colocaron a sus perfiles de confianza en las coordinaciones estatales rumbo a 2027, con casos como Colima, Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas y Baja California. El movimiento suma al menos una docena de inconformidades internas y fricciones con el PVEM y el PT, que piden segundas encuestas en seis estados. Ariadna Montiel ya descartó repetir mediciones.
Los gobernadores de Morena que en 2021 ganaron donde parecía improbable consiguieron colocar a sus perfiles de confianza al frente de las coordinaciones estatales rumbo a 2027, pese a inconformidades internas y a la fricción con el Partido Verde y el Partido del Trabajo en al menos seis entidades. En términos formales se trata de cargos partidistas; en la práctica, cada designación coloca a su titular en posición de precandidatura de facto a una gubernatura, sin candidatura registrada ni proceso interno cerrado.
El patrón se repite en casi todos los casos documentados. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores cerró un "acuerdo de unidad" que desactivó la contienda en torno a Pablo Gutiérrez. En Colima, Rosa María Bayardo —suplente y colaboradora de Indira Vizcaíno— reconoció públicamente el respaldo de la mandataria. En Michoacán, Carlos Torres Piña fue secretario de Gobierno y fiscal con Alfredo Ramírez Bedolla. En Quintana Roo, Gino Segura fue secretario de Finanzas de Mara Lezama. En Zacatecas, la senadora con licencia Verónica Díaz es excuñada de David Monreal. En Baja California, Julieta Ramírez acompañó a Marina del Pilar como asesora y secretaria particular. La lista se extiende a otros cinco perfiles cercanos a los actuales mandatarios —Lorenia Valles en Sonora, Milena Quiroga en Baja California Sur, Alfonso Sánchez en Tlaxcala, Héctor Santana en Nayarit y Ruth González en San Luis Potosí, esta última por el Partido Verde—.
El costo aparece por dentro. El proceso suma al menos una docena de inconformidades: la diputada federal Gricelda Valencia impugnó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) lo que describió como favoritismo hacia Bayardo; en Guerrero, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, acusó "encuestas de papel" tras el abanderamiento de Beatriz Mojica, y el exrector Javier Saldaña amagó con buscar a los partidos aliados para competir. En Quintana Roo, simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo gritaron "fraude" al conocerse la designación de Segura; en Zacatecas hubo abucheos al nombramiento de Verónica Díaz y ausencias notables, como las del diputado Ulises Mejía y la senadora del PT Geovanna Bañuelos.
Los aliados respondieron pidiendo una segunda medición en seis estados: el Verde la quiere en Colima, Campeche y Querétaro; el PT, en Zacatecas, Baja California y Guerrero. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, cerró esa puerta el 15 de septiembre: no hay "segundas rondas" donde ya se presentó coordinador.
La lectura política
Lo que estos gobernadores aseguraron no es un cargo, es la continuidad de una red: en la mayoría de los casos el designado pasó por el gabinete, la campaña o la familia política del mandatario, de modo que la sucesión no cambia de manos. El incentivo es claro: conservar estructura territorial, obra e interlocución con el gobierno federal ante un relevo ajeno. El método —la encuesta— funciona como mecanismo de legitimación de una decisión ya tomada; cuando el resultado coincide con el favorito del gobernador, deja de operar como árbitro. De ahí que la disputa se mueva al terreno donde el mandatario estatal no controla: la CNHJ, los tribunales y la mesa de coalición con el Verde y el PT. Para 2027 la señal es doble: dentro de Morena, los gobernadores son hoy el actor que define candidaturas más que la dirigencia nacional; hacia afuera, la alianza puede pagarse con espacios en otros cargos o abrirse en seis estados. Lo que la evidencia disponible no permite sostener es que las inconformidades deriven en rupturas efectivas: salvo el amago de Saldaña, los inconformes han permanecido en el partido.
Qué sigue
- La CNHJ debe resolver las impugnaciones presentadas, entre ellas la de Gricelda Valencia en Colima; no hay fecha pública de resolución. - La mesa Morena–PVEM–PT tiene pendiente definir si acepta o rechaza las segundas mediciones en Colima, Campeche, Querétaro, Zacatecas, Baja California y Guerrero, o si las compensa con otros espacios. - Vigilar si los inconformes de Guerrero, Quintana Roo y Zacatecas permanecen en el partido o exploran candidaturas fuera de Morena. - Falta precisar los nombres completos de la docena de inconformes y el estado procesal de cada impugnación, así como el mecanismo con el que se repartirán los espacios con los aliados.