Gobierno de Hidalgo busca sellar pacto electoral con los partidos rumbo a 2027

El gobierno de Hidalgo quiere ser el anfitrión de las reglas de convivencia de la elección de 2027. El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, anunció que en los próximos días sostendrá mesas de trabajo y reuniones con las fuerzas políticas acreditadas ante los órganos electorales, nacionales y estatales, para firmar un pacto de civilidad y de respeto a la ley electoral. El anuncio ocurre después de que las reformas al Código Electoral de Hidalgo fueron aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POEH), de modo que el acento se desplaza del texto legal a su cumplimiento.

"En toda contienda electoral la Secretaría de Gobierno invita a los diferentes actores involucrados en la elección, entre ellos los partidos políticos. En este proceso electoral 2026-2027 no va a ser la excepción, vamos a invitar a las fuerzas acreditadas ante los órganos electorales, nacionales y estatales, y va a ser en los siguientes días", declaró el funcionario. Añadió que la meta es la vinculación y el respeto institucional, y que la ley vigente "es inquebrantable" y será cuidada "para que la elección sea una fiesta cívica como en otras ocasiones".

Hay una singularidad que conviene subrayar: quien convoca es la Secretaría de Gobierno del estado, no el organismo electoral. El Ejecutivo estatal no organiza la elección, no califica conductas ni impone sanciones; eso corresponde a las autoridades electorales. Lo que el gobierno ofrece es una mesa, y las mesas también producen efectos: fijan quién habla, en qué orden y con qué testigos.

Un instrumento de convivencia, no una norma

Un pacto de civilidad no es, por sí mismo, una disposición jurídica con consecuencias procesales. No sustituye al Código Electoral recién reformado ni crea causales de nulidad, multas o sanciones. Su fuerza es distinta: construye un parámetro político reutilizable. Quien firma y después incurre en lo que el propio documento llama falta de civilidad queda expuesto a que se le recuerde la firma, aunque ningún tribunal lo sancione por ello.

El anuncio, además, llega con datos incompletos. No hay fecha, sede, orden del día ni lista de invitados. La cita menciona a las fuerzas acreditadas ante órganos electorales nacionales y estatales, lo que en principio alude a partidos con registro, pero no aclara si el pacto contemplará a aspirantes independientes, a precandidatos o a los gobiernos municipales en funciones, que suelen ser actores centrales en una contienda local. Tampoco se sabe si habrá mecanismo de seguimiento o si el documento se firmará en una sola sesión.

La lectura política

El movimiento cumple una función práctica: traslada al gobierno estatal, de extracción morenista, el papel de coordinador de la convivencia entre contendientes. En términos formales sigue siendo la autoridad electoral la responsable de la contienda; en la práctica, el Ejecutivo se coloca como el lugar donde las fuerzas políticas se ven las caras antes de que arranquen formalmente las precampañas. Eso produce dos ganancias para el gobierno: centralidad y un termómetro de lealtades. Ver quién asiste, quién firma y quién no, es información política de primer orden en un estado donde el mapa municipal suele decidirse por márgenes estrechos.

Para la oposición, la decisión es incómoda pero de bajo costo: firmar no obliga jurídicamente y negarse permite que se le retrate como la parte que rechazó la civilidad. Para los aspirantes del propio partido en el poder, el pacto opera como una señal de contención: la disputa por candidaturas locales puede ser intensa, y un compromiso público de respeto a la ley anticipa el costo de dirimirla en tribunales o en el espacio público. Ese uso como instrumento de disciplina interna no es una confesión de nadie, pero es el efecto previsible de cualquier acuerdo que se firma antes de que existan candidaturas registradas.

En el calendario local, la gubernatura no se renueva en 2027; lo que está en juego son los cargos que esa elección define. Eso explica que el pacto se presente como un asunto de civilidad y no como una negociación de fondo: nadie está repartiendo posiciones todavía. Lo que se reparte, por ahora, es la narrativa de quién garantiza el orden.

Qué sigue

En los próximos días debe conocerse la convocatoria, la fecha de las mesas y el contenido del documento. Habrá que verificar tres cosas concretas: si todos los partidos con registro asisten, si el pacto incluye algún mecanismo de seguimiento y si el gobierno estatal acepta someter su propio comportamiento, incluido el uso de programas y estructura, al mismo estándar que exige a los demás. Hasta que exista el texto, cualquier afirmación sobre sus efectos en la competencia es prematura: lo que hay, por ahora, es un anuncio y una mesa por instalar.