Guanajuato exige auditar al INE antes de 2027

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) llegó al Congreso de Guanajuato convertida en un debate sobre quién responde por la credibilidad del árbitro electoral rumbo a 2027. Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron investigar presuntas irregularidades en contratos y nombramientos del organismo y deslindar responsabilidades antes de los próximos comicios. La discusión ocurrió en el marco de un punto de acuerdo y no se limita a la salida de una funcionaria: coloca bajo escrutinio político la forma en que se integra y se vigila al Instituto.

Los legisladores de oposición acusaron a Morena de intervenir en la integración del INE y advirtieron que los señalamientos sobre posibles conflictos de interés comprometen la confianza en la autoridad electoral. El diputado del PRI Alejandro Arias Ávila sostuvo que las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas y la relación de proveedores con funcionarios del organismo obligan a revisar las decisiones tomadas durante la gestión de Taddei. También responsabilizó políticamente a integrantes de Morena y a funcionarios que, afirmó, impulsaron su llegada al cargo. "Tenemos que seguir la limpia que ha empezado en áreas administrativas, reconstruir la confianza del INE, reconstruir la credibilidad del INE y sancionar a los responsables de los posibles delitos", declaró.

Desde Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza trasladó el problema al terreno de la contienda: advirtió que la crisis del Instituto podría afectar la confianza ciudadana en los próximos comicios, en los que se renovarán gubernaturas y diputaciones. "¿Con qué confianza vamos a jugar los jugadores en la elección del 2027 si el árbitro está haciendo chanchullo con la clase política que ostenta el gobierno nacional?", cuestionó. La diputada Sandra Alicia Pedroza planteó que la salida de Taddei no será suficiente si se mantienen los mecanismos de designación que, desde su perspectiva, permiten la intervención de intereses partidistas, y propuso que el próximo nombramiento incluya vigilancia ciudadana, participación de especialistas y un comité técnico independiente, además de revisar las facultades de la presidencia del Instituto.

El panista Juan Carlos Romero Hicks pidió que la renovación de la presidencia se realice mediante un procedimiento transparente y con apego a los principios constitucionales que rigen a la autoridad electoral. Su correligionario Aldo Márquez Becerra solicitó auditar contratos, proveedores y nombramientos, así como revisar la concentración de facultades en la presidencia del INE para garantizar la autonomía del organismo rumbo a 2027.

Morena rechazó los señalamientos de responsabilidad política y defendió que la designación de Taddei se realizó mediante un procedimiento constitucional en el que participaron distintas fuerzas políticas. La diputada Plásida Calzada Velázquez recordó que Taddei fue seleccionada el 31 de marzo de 2023, cuando el panista Santiago Creel presidía la Cámara de Diputados, y cuestionó que la oposición exija ahora rendición de cuentas sin haber mantenido, dijo, la misma postura ante controversias de anteriores administraciones electorales. "Si vamos a exigir cuentas, que sea parejo; si vamos a exigir responsabilidades, que sea parejo", afirmó. El morenista David Martínez Mendizábal rechazó que la designación pueda atribuirse únicamente a su partido y sostuvo que las posibles irregularidades deben investigarse sin anticipar culpabilidades: "Estamos a favor de investigar y de sancionar", señaló, al indicar que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen delitos y quiénes serían responsables.

La lectura política

El movimiento opositor en Guanajuato cumple una función que va más allá de la exigencia administrativa: instala en la agenda la idea de que el INE requiere una auditoría política antes de 2027, no sólo un cambio de titular. Guanajuato es un territorio donde la oposición gobierna y donde la elección de 2027 renovará gubernatura y diputaciones; presionar desde ahí la credibilidad del árbitro nacional permite a PAN, PRI y MC colocar temprano un tema de campaña y, a la vez, condicionar el perfil de la próxima presidencia del Instituto.

El incentivo de la oposición es claro: si la sucesora de Taddei se percibe como una designación de continuidad, el costo de credibilidad lo absorberá el Instituto y no los partidos. Por eso las propuestas no se limitan a investigar contratos: incluyen vigilancia ciudadana, comité técnico independiente y revisión de facultades de la presidencia. Ese paquete funciona como una precandidatura de reglas: no propone nombres, pero intenta fijar las condiciones de elegibilidad política de quien llegue.

En Morena el cálculo es distinto. La defensa de que la designación fue constitucional y de que Taddei fue electa con Creel en la Cámara busca trasladar la responsabilidad al conjunto del sistema político y evitar que la salida de la funcionaria se lea como una admisión de culpa. La frase "que sea parejo" es una señal a aliados y adversarios: Morena no aceptará que la discusión se convierta en un juicio exclusivo contra su partido.

El límite de la evidencia es importante: no hay en el expediente una resolución administrativa o judicial que acredite las irregularidades señaladas. Lo que existe es una acusación legislativa y una renuncia. Eso basta para abrir una disputa política, no para sustituir la investigación. La diferencia importa rumbo a 2027: una cosa es exigir auditorías y otra es que las autoridades competentes determinen delitos y responsables.

Qué sigue

La discusión en el Congreso de Guanajuato se mantiene como punto de acuerdo, sin que la evidencia indique aún una ruta formal de investigación. El siguiente paso verificable es el procedimiento de renovación de la presidencia del INE: si la oposición logra que el nombramiento incorpore mecanismos de vigilancia ciudadana o un comité técnico, habrá cambiado las reglas de selección; si no, la disputa se trasladará a la elección de 2027. También queda pendiente que las autoridades competentes —administrativas o judiciales— determinen si existen irregularidades en contratos y nombramientos, y que el Instituto informe sobre las auditorías internas que, según los legisladores, ya comenzaron en áreas administrativas.