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Guanajuato reserva 13 alcaldías a mujeres y anticipa litigio rumbo a 2027
Ruth Tiscareño Agoitia, dirigente estatal del PRI, desglosó tres objeciones al acuerdo: el corte histórico de 1997, el examen de proporcionalidad y la baja competitividad de cinco de los municipios reservados. El PAN anunció que no impugnará.

El Instituto Electoral de Guanajuato reservó a mujeres las candidaturas a 13 alcaldías. El PRI, con Ruth Tiscareño al frente, alega que el criterio histórico es discrecional y que la medida puede reproducir la desigualdad; Morena y otros partidos evalúan impugnar, mientras el PAN acata el acuerdo. La resolución del tribunal definirá el alcance de las acciones afirmativas rumbo a 2027.
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó por unanimidad reservar a mujeres las candidaturas a 13 presidencias municipales. La decisión, presentada como remedio a la subrepresentación femenina, ya ordenó el tablero partidista: el PRI la combate con argumentos jurídicos, Morena y otras fuerzas evalúan impugnarla y el PAN anunció que la acatará. La fricción no es la paridad como principio, sino quién decide dónde se aplica y cuánto margen queda a los partidos para elegir a sus propios cuadros.
La dirigente estatal del PRI, Ruth Tiscareño Agoitia, resumió la postura de su partido en "argumentos jurídicos, históricos y sociales" contra el acuerdo. Aclaró que oponerse al mecanismo "no equivale a desconocer los derechos políticos electorales de las mujeres" y calificó de "reduccionista, injusto" sostener lo contrario.
De ahí desprendió tres objeciones. La primera es metodológica: acusó al IEEG de una "selección histórica discrecional" al fijar 1997 como punto de partida, lo que a su juicio "minimiza e invisibiliza" a mujeres que sí gobernaron esos municipios; citó exalcaldesas priistas en Romita y Dolores Hidalgo, ambos incluidos en la medida. La segunda es de proporcionalidad: si el acuerdo incluye candidaturas independientes, "elimina por completo la posibilidad" de que un hombre compita por esa vía; si las excluye, deja de garantizar el resultado que el instituto invoca, pues podría ganar un independiente. La tercera es de equidad interna: cinco de los 13 municipios reservados están, dijo, en el bloque de más baja competitividad para el PRI, de modo que obligar a postular mujeres ahí "no corrige necesariamente la desigualdad. Puede reproducirla". Una acción afirmativa, remató, no debe usar a las mujeres como instrumento "para que la autoridad pueda presentar una cifra".
La inconformidad no es exclusiva del PRI. Ramírez Garibay, dirigente de Morena, confirmó que su partido evalúa impugnar y anticipó que la medida "seguramente fracasará en los tribunales porque no tiene un sustento jurídico que la soporte". Alberto Cifuentes Negrete, dirigente estatal de Somos México, dijo que sus abogados analizan cinco argumentos y advirtió que convertir un derecho en obligación puede generar "mayor simulación". El PAN tomó la ruta inversa: su presidenta estatal, Juana de la Cruz Martínez Andrade, calificó la determinación de "medida progresiva" y aseguró que "no se impugnará".
La lectura política
El acuerdo del IEEG no crea candidaturas: fija una regla sobre quién puede ser postulado. Su efecto práctico es una transferencia de control. En 13 municipios, la decisión sobre la candidatura deja de ser un activo interno de los partidos y queda condicionada por la autoridad electoral. Por eso la resistencia se articula en torno a la autonomía partidista y a la técnica del acuerdo, no en un rechazo explícito de la paridad.
Los incentivos explican mejor el alineamiento que las etiquetas ideológicas. El PRI tiene cuadros femeninos con trayectoria local y pierde capacidad de exhibirla como argumento propio; Morena, que en 2024 sustituyó con un hombre la candidatura de Celaya tras el asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, carga con ese antecedente justo cuando discute paridad; el PAN, sin costo electoral inmediato, gana un discurso de congruencia y evita el desgaste de litigar contra una acción afirmativa. La disputa cruza a los partidos según cuánto capital interno sacrifican, no según su ubicación izquierda-derecha.
Para 2027 el asunto excede Guanajuato. Si el criterio resiste el examen jurisdiccional, otros institutos locales tendrán precedente para reservar municipios; si cae, quedará acotado el alcance de las acciones afirmativas geográficas. Falta un elemento para juzgar el fondo: no está disponible el criterio de competitividad con el que el IEEG midió cada municipio, que es precisamente lo que Tiscareño cuestiona.
Qué sigue
El acuerdo sigue vigente mientras no se presente y se resuelva un recurso, así que los partidos deben ordenar sus procesos internos bajo esa restricción. Los pasos verificables son la presentación formal de las impugnaciones anunciadas o en análisis, la respuesta del instituto y la resolución del tribunal electoral, que definirá si las 13 reservas se mantienen, se modifican o se revocan. En paralelo corre el proceso interno del PAN, donde el acuerdo podría cerrar la vía a Antonio Navarro por la alcaldía de San Francisco del Rincón: su desenlace depende de la misma resolución. Una señal de la solidez del acuerdo será si los recursos se presentan o se quedan en el anuncio.