Guerrero: IEPC admite vacío legal ante campañas anticipadas rumbo a 2027

Las campañas anticipadas no son una infracción que alguien esté cometiendo en Guerrero. Sencillamente no existen en la ley. Así lo planteó la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, el 18 de septiembre en Acapulco: “es indiscutible que hay un vacío legal, no tenemos nada regulado en la ley electoral”.

No es un matiz técnico. Es el marco real sobre el que se mueve la sucesión de 2027, cuando Guerrero renueve la gubernatura. Y la frase llega de la autoridad que debería ordenar la contienda, no de un partido que se siente agraviado.

Matildes habló en la presentación del libro *México, la democracia inconclusa: a la búsqueda de la reforma electoral perfecta*, de Marco Antonio Adame Meza, director del IIEPA-IMA de la Universidad Autónoma de Guerrero. El foro fue académico; el contenido, operativo. Explicó que los partidos sí tienen reglas internas, pero que figuras como las asambleas informativas no están previstas en la legislación, “por lo cual ningún órgano electoral puede ir más allá”. Y remató: “Empezamos con precampañas, intercampaña y campañas. ¿Y ahora cómo vamos a resolver ese tema que no está en la ley?”

Su salida no es prohibir el acto, sino seguir el dinero. Aclaró que la fiscalización sí es posible y que el IEPC revisa los procedimientos correspondientes para que el Instituto Nacional Electoral (INE) examine el origen y destino de los recursos usados en pintas, espectaculares y gallardetes.

El único gancho disponible

Del lado del INE, el vocal ejecutivo en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, puso la carga de la prueba sobre los denunciantes y confirmó que la Junta Local Ejecutiva no ha recibido ninguna queja por estos actos. “Nosotros vemos un nombre y un nombre no indica nada que estén en campaña, no dice voten por mí o apóyeme, no dice absolutamente nada, pero a lo mejor los que dicen que sí, yo quisiera que presentaran las pruebas”, dijo. Sobre las asambleas informativas de Morena sostuvo que “están en una competencia de un proceso que ya inició” y precisó que al INE le toca analizar a partir de las denuncias que presenten ciudadanos y partidos.

Ambos funcionarios informaron además que esperan un mapa de riesgo que deben entregar el gobierno estatal y las autoridades de seguridad en los próximos días, y que, pese a hechos violentos recientes en algunos municipios, no han enfrentado problemas para operar.

La lectura política

El vacío legal no funciona solo como omisión: opera como autorización de hecho. Nadie tiene que burlar una norma que no existe y el costo de anticiparse cae casi a cero. Lo que queda en pie no es la prohibición del acto, sino la trazabilidad del gasto. Al no poder sancionar la pinta, la autoridad se resigna a auditar quién la pagó. Es un cambio de terreno que favorece a quien ya tiene estructura y dinero, y encarece la competencia para quien depende de una cancha pareja.

La segunda consecuencia es que, en la práctica, la sanción depende de la denuncia. Y denunciar es un acto políticamente costoso: quien la presenta expone su propia propaganda y rompe el equilibrio de tolerancia mutua entre partidos que todos pintan bardas. El llamado del INE a presentar pruebas es, además de una exigencia procesal, una forma de devolver el problema a los partidos.

La tercera: la “asamblea informativa” es hoy el vehículo para estar en la conversación sin entrar al calendario. No es precandidatura ni precampaña en términos legales —no hay llamado al voto ni registro ante autoridad—, pero funciona como posicionamiento: nombre, recorrido y estructura antes de que exista una regla que los mida. Esa es, exactamente, la zona que Matildes describe como no regulada.

Y hay una señal incómoda: la propia presidenta del IEPC coloca la revisión legislativa después de la elección. El Congreso que salga de los comicios de 2027 será el que discuta el arreglo del problema que esos comicios van a padecer. La regla llega tarde y llega después de que alguien ya cobró la ventaja.

Qué sigue

- El IEPC debe cerrar con el INE el procedimiento de fiscalización de recursos antes de que la contienda se intensifique; no hay fecha pública para ese ajuste. - La ruta sancionadora depende hoy de una denuncia que ningún partido ha presentado en Guerrero. Sin queja, no hay expediente. - Santos Trigo sostiene que el proceso electoral ya inició; la fecha formal de arranque y la convocatoria del IEPC están por definirse. - El mapa de riesgo que deben entregar el gobierno estatal y las autoridades de seguridad sigue pendiente y es insumo directo para la organización de la jornada. - La reforma a la ley electoral local se plantea como agenda posterior a 2027, sin calendario ni compromiso legislativo.