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Guerrero: presión por paridad en 33 municipios antes de arrancar el proceso electoral
La SCJN invalidó el 3 de septiembre el candado que limitaba al IEPC a fijar acciones afirmativas solo por omisión legislativa. La discusión ahora es si la medida cubre 20 o los 33 ayuntamientos sin presidenta.
Colectivas y defensoras de Guerrero pidieron al IEPC extender la paridad de género a los 33 municipios que nunca han tenido presidenta municipal, a 15 días del arranque del Proceso Electoral 2026-2027. El reclamo llega tras la resolución de la SCJN que invalidó el candado a las acciones afirmativas del instituto. La disputa define si los partidos conservan discrecionalidad en esos ayuntamientos ru
Guerrero: presión por paridad en 33 municipios antes de arrancar el proceso electoral
A 15 días del arranque formal del Proceso Electoral 2026-2027, la pelea por la paridad en Guerrero entró a la letra pequeña: los lineamientos con los que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) convierte el principio constitucional en candidaturas obligatorias. Colectivas, académicas y defensoras de derechos humanos agrupadas en la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses pidieron al Consejo General del instituto extender una acción afirmativa a los 33 municipios que nunca han sido gobernados por una mujer. El comunicado se dirigió también a las dirigencias partidistas.
El reclamo se apoya en un hecho jurídico reciente. El 3 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales varias disposiciones de la reforma electoral guerrerense, entre ellas la que ataba la facultad del IEPC para fijar acciones afirmativas de paridad en presidencias municipales a los casos de omisión legislativa. Ese candado dejaba la medida en 20 municipios; las firmantes quieren que los nuevos lineamientos cubran los 33.
Para las organizaciones, el documento no es un trámite administrativo menor: es el mecanismo que traduce la paridad y la igualdad sustantiva en reglas concretas de acceso al cargo. De ahí que insistan en discutir cómo hacer más eficaz la paridad y no cómo acotarla. "En derechos políticos no se retrocede", sostiene el texto, firmado, entre otras, por Muriel Salinas Díaz, Ruperta Nicolás Hilario y Greta Esteófenes Ventura Lemus.
El pronunciamiento también registra un pleito abierto: las firmantes advirtieron posturas encontradas dentro del Congreso local y entre las representaciones partidistas sobre el alcance de las atribuciones del IEPC. Unos sectores cuestionan que el instituto fije acciones afirmativas; otros piden que los lineamientos amplíen la representación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con énfasis en sus mujeres. Las organizaciones pidieron respetar la autonomía del organismo y que la autoorganización partidista no se anteponga a la igualdad.
El contraste con la cúpula del poder estatal es nítido: en 2021 Evelyn Salgado Pineda se convirtió en la primera gobernadora de Guerrero. En el escalón municipal, al menos 33 ayuntamientos siguen sin ese antecedente. El proceso nacional repartirá más de 19 mil cargos.
Conviene precisar el alcance del dato: los 33 municipios aluden a gobiernos encabezados por mujeres, no a candidaturas. Sin el registro de cuántas fueron postuladas y perdieron en esos ayuntamientos, no puede saberse si el obstáculo está en la selección de candidaturas, en la competencia electoral o en ambos.
La lectura política
Los lineamientos son el punto donde la paridad deja de ser principio y se vuelve obligación exigible. Negociar ahí es más barato y más temprano que litigar después: una vez aprobado el documento, el margen de las colectivas se reduce a impugnaciones e interpretación de tribunales. De ahí la insistencia en la autonomía del IEPC, que en la práctica es la defensa de su facultad para imponer reglas a los partidos.
El incentivo partidista apunta en sentido contrario. Las acciones afirmativas tocan la autoorganización: quién controla las presidencias municipales define redes territoriales, obra pública, seguridad y presupuesto. Obligar a postular mujeres en 33 ayuntamientos sin antecedente fuerza a las dirigencias a reordenar cuadros y a decidir si sacrifican nombres con estructura propia.
La resolución de la SCJN movió el costo político: al invalidar el candado de la "omisión legislativa" retiró el argumento con el que sectores del Congreso buscaban acotar al instituto, y dejó a quien se oponga la carga de explicar por qué frena la paridad en municipios donde nunca ha gobernado una mujer. La mención a la representación indígena y afromexicana anticipa que la discusión se ampliará más allá del eje de género.
Precisión necesaria: no existe aún candidatura ni precandidatura derivada de este reclamo. El nombre formal es lineamientos de postulación; la función práctica es definir quién puede competir y con qué obligaciones.
Qué sigue
Los lineamientos aún no están emitidos y su aprobación debe ocurrir antes del arranque formal, previsto para la primera quincena de octubre. El texto final dirá si la acción afirmativa se amplía de 20 a 33 municipios y si incorpora componentes indígena, afromexicano y de juventudes. En paralelo, los partidos cerrarán sus reglas de selección interna y el Congreso definirá si insiste en acotar al IEPC. Si la medida se aprueba, es previsible una ronda de impugnaciones que fijará el piso de la paridad municipal rumbo a 2027.