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IECM admite vacío legal ante propaganda y traslada la solución al Congreso
La consejera presidenta Patricia Avendaño dijo que los actores políticos "escuchan pero no atienden" los llamados del instituto. La petición de reforma llega mientras el órgano calcula casi 2 mil millones de pesos para el proceso electoral de 2027.
La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, reconoció que el instituto no puede frenar la propaganda política en las calles capitalinas cuando no hay llamado explícito al voto, y pidió al Congreso local darle facultades de control y sanción. La petición llega mientras el organismo calcula casi 2 mil millones de pesos para organizar 2027 y arrancar la ruta de la elección judicial de 2028.
IECM admite vacío legal ante propaganda y traslada la solución al Congreso
Deck: La consejera presidenta Patricia Avendaño dijo que los actores políticos "escuchan pero no atienden" los llamados del instituto. La petición de reforma llega mientras el IECM calcula casi 2 mil millones de pesos para el proceso electoral de 2027.
En 30 segundos: La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, reconoció que el instituto no puede frenar la propaganda política en las calles capitalinas cuando no hay llamado explícito al voto, y pidió al Congreso local darle facultades de control y sanción. La petición llega mientras el organismo calcula casi 2 mil millones de pesos para organizar 2027 y arrancar la ruta de la elección judicial de 2028.
La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, reconoció que el organismo no tiene marco normativo suficiente para frenar la propaganda política que satura calles y camellones de la capital cuando no contiene un llamado explícito al voto, y planteó que el Congreso local legisle para darle mayores atribuciones de control y sanción. La admisión, hecha en entrevista en el recinto legislativo, cambia el punto de la discusión: el árbitro electoral de la ciudad acepta que el fenómeno que más quejas genera en la capital queda, en buena medida, fuera de su alcance.
Avendaño ubicó el límite no solo en la ley, sino en los criterios que han prevalecido en resoluciones de los tribunales: mientras no exista un llamado expreso a votar, la propaganda visible —espectaculares, bardas, lonas, vehículos rotulados— difícilmente se traduce en una sanción sostenible. Sobre los exhortos a partidos y actores para respetar los tiempos, fue tajante: "Nos escuchan, pero no nos atienden". Su conclusión es que la única salida de fondo es una nueva intervención del Congreso capitalino.
El hueco que el calendario hará más visible
La queja no llega en un año tranquilo. El IECM calcula un presupuesto cercano a los 2 mil millones de pesos para organizar el proceso ordinario de 2027 —cuyo volumen de trabajo se mide contra 2021, cuando se renovaron alcaldías, diputaciones locales y concejalías— y para arrancar los preparativos de la elección judicial de 2028, cuya convocatoria está prevista para abril de 2027. A eso se suma la consulta de presupuesto participativo.
El antecedente presupuestal no es alentador. En 2021 el instituto solicitó más de 2 mil 174 millones de pesos y el Legislativo local le aprobó mil 586 millones: una brecha de casi 590 millones. Con ese referente, la petición de facultades adicionales compite con una negociación donde el precedente favorece el recorte, no la ampliación.
La lectura política
Una declaración así no es solo un diagnóstico técnico. Puesta en voz de la presidenta del instituto frente a quienes tienen la llave del presupuesto y de la reforma, funciona como traslado de responsabilidad: si la propaganda se desborda en el año previo a 2027, quedará documentado que el IECM advirtió que no tenía herramientas. Es, en la práctica, un blindaje institucional antes de que arranque el ciclo.
Los incentivos del otro lado apuntan en sentido contrario. Ningún partido tiene aliciente para autoimponerse límites de promoción en el tramo previo al proceso, y el que va adelante en posicionamiento es el que más pierde con reglas duras. En el Congreso capitalino la mayoría legislativa es afín al gobierno de la ciudad, de modo que endurecer el control de la propaganda no golpearía solo a la oposición: acota también al bloque que hoy ocupa el espacio público. Eso ayuda a explicar por qué la ley no se ha movido pese a quejas recurrentes.
Hay un segundo frente que el propio IECM describe y que tensa más el problema: la elección judicial de 2028, con convocatoria en abril de 2027, colocará a cientos de aspirantes en busca de visibilidad en un terreno donde el concepto de acto anticipado de campaña es aún más difuso. La evidencia disponible no permite anticipar cómo se regulará esa propaganda; para saberlo faltaría ver la iniciativa, el reglamento que emita el instituto y los criterios del Tribunal Electoral local.
Conviene precisar el límite de lo ocurrido: no existe una iniciativa presentada, ni una fecha comprometida, ni una postura pública del Congreso. Hasta ahora hay una petición y un diagnóstico. La ampliación de facultades de sanción es, por ahora, una aspiración institucional, no un cambio legal en curso.
Qué sigue
Las áreas técnicas del IECM terminarán el cálculo de requerimientos y lo presentarán al Congreso local dentro del ciclo presupuestal; la evidencia no fija fecha. En paralelo, el desenlace depende de si alguna bancada toma la petición y la convierte en iniciativa: sin ese paso, no hay reloj legislativo. Los hitos verificables del instituto son el arranque formal del proceso ordinario de 2027 y la convocatoria de la elección judicial, prevista para abril de 2027. La prueba de si el diagnóstico se traduce en reglas será el paquete legislativo y presupuestal que el Congreso capitalino discuta en los próximos meses.