RUTA 27 · MEDIUM
IEE de Hidalgo suma 31 sanciones y anticipa proceso bajo vigilancia
Doce de los 13 procedimientos especiales son por violencia política contra mujeres. Pachuca concentra más de la mitad de los expedientes abiertos antes de que exista calendario de campañas.
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo tiene 31 procedimientos sancionadores abiertos antes del proceso local de 2027: 12 por violencia política contra mujeres, 13 por posibles actos anticipados de campaña en Pachuca y Tula, cinco por afiliación indebida y uno por recursos públicos. La presidenta del IEE llamó a partidos y aspirantes a respetar los tiempos legales. El 15 de octubre se conocerán
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE) llega al arranque de su proceso local con 31 procedimientos sancionadores abiertos. La cifra no describe un trámite administrativo menor: describe el estado real de la competencia rumbo a 2027, donde ya hay expedientes antes de que exista un calendario formal de campañas. La consejera presidenta, María Magdalena González Escalona, informó el 7 de octubre que 13 de ellos son procedimientos especiales sancionadores (PES) —12 por posibles actos de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) y uno por presunto uso indebido de recursos públicos—, mientras que 18 son procedimientos ordinarios (POS).
El bloque más numeroso, entonces, no son los clásicos actos anticipados: es la violencia política de género. Doce de los 31 expedientes, casi 40%, apuntan a esa conducta y provienen de distintos municipios, sin que el organismo haya precisado cuáles ni quién aparece señalado. Los POS, en cambio, sí tienen geografía verificable: 12 en Pachuca y uno en Tula de Allende por posibles actos anticipados de campaña, más cinco en la capital hidalguense por presunta afiliación indebida. Sumados, Pachuca concentra 17 de los 31 casos, más de la mitad. Ninguna otra plaza aparece en el desglose.
Ese reparto sugiere que la capital será la plaza más disputada del año, aunque el IEE no precisó fuerzas políticas ni cargos involucrados, de modo que la afirmación se sostiene sólo como lectura del conteo, no como atribución.
A la par del recuento, González Escalona hizo un llamado a las fuerzas políticas y a quienes pretendan contender en 2027 a apegarse a los tiempos del código electoral. Explicó que los procesos internos deben dirigirse a las propias militancias y no convertirse en actividades de promoción anticipada ante la ciudadanía. "Todos los partidos políticos y las candidaturas que pretendan postularse tienen que apegarse a la legalidad", sostuvo. Recordó además la frontera de competencias: los cargos federales son ámbito de vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE), y los locales, del organismo estatal.
La lectura política
Conviene separar el nombre formal de la función práctica. Las "coordinaciones" y los procesos internos que los partidos abren son, en el papel, actos de organización partidista; en la práctica, funcionan como precandidaturas de facto cuando derivan en recorridos, propaganda y promoción ante la ciudadanía antes del plazo legal. El llamado de la presidenta del IEE apunta justo ahí, y los 13 expedientes por actos anticipados en Pachuca y Tula indican que alguna fuerza ya midió el costo y decidió correr el riesgo. Lo que no ha ocurrido en términos legales es una candidatura registrada ni una campaña formalmente iniciada: nadie está sancionado ni inhabilitado por estos expedientes, que siguen en instrucción.
Los incentivos son legibles. Los dirigentes buscan cerrar sus internos temprano para evitar rupturas y llegar con estructura definida a 2027; ese cierre anticipado tiene un precio, y el precio es un expediente. El instituto, por su parte, gana margen de maniobra: 31 casos abiertos le dan materia para definir con rigor los criterios de postulación y para intervenir cuando el proceso todavía no arranca formalmente. El riesgo es el inverso, que una resolución lenta alimente la sospecha de uso selectivo contra un bando u otro. En el bloque de VPMRG el efecto posible es más profundo: si los casos se acreditan, pueden tocar la elegibilidad de quienes aspiren a una candidatura y presionar los criterios de paridad que se discutirán en octubre. Falta, para ir más lejos, lo que el IEE no dio: nombres, partidos y cargos.
Qué sigue
El calendario inmediato tiene una fecha. El 15 de octubre el consejo general del IEE conocerá los criterios de postulación para el proceso local, que deberán contemplar paridad de género, participación de personas indígenas y otras acciones afirmativas bajo el principio de progresividad. Cuatro comisiones —jurídica; de prerrogativas y partidos políticos; de equidad de género y participación ciudadana; y de derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas— ya trabajan en ellos. González Escalona aclaró que no puede adelantar las reglas específicas porque deben presentarse y discutirse formalmente ante el consejo.
En paralelo corren los 31 procedimientos. Cada PES y cada POS tiene su propia ruta de desahogo y resolución, y de ellos depende si el arranque del proceso electoral hidalguense se define en las mesas del instituto o se traslada a los tribunales. La primera señal será si, tras el 15 de octubre, los partidos ajustan sus actos internos al calendario o si el conteo de expedientes sigue creciendo.