IEEG topa precampañas en Guanajuato: 12.4 millones por partido

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) fijó los topes de gasto de precampaña para los partidos que competirán en 2027 por las diputaciones locales y los 46 ayuntamientos. No es un acuerdo de trámite: es el primer acto del proceso electoral 2026-2027 que convierte una contienda todavía sin candidatos formales en un calendario con fechas, techos y auditoría.

El límite para las diputaciones quedó en 12 millones 382 mil 431 pesos para cada partido, equivalente al 15 % del tope de gastos de campaña de la gubernatura. En los ayuntamientos, el techo es el 20 % del tope de campaña registrado en la elección inmediata anterior, lo que produce una tabla muy desigual: en León el límite de precampaña es de 3 millones 581 mil 5 pesos; en Irapuato, 1 millón 396 mil 434; en Celaya, 1 millón 280 mil 432. En el otro extremo, Atarjea queda con 62 mil 831 pesos, Santa Catarina con 63 mil 816 y Santiago Maravatío con 66 mil 714.

El consejero electoral Gustavo Hernández precisó que estas cantidades corresponden a los recursos que cada partido podrá erogar durante la organización de sus procesos internos. Las precampañas municipales arrancan el 4 de enero de 2027 y las de diputaciones el 14 de enero; la jornada electoral será el 6 de junio de 2027.

El precio de la competencia interna

La cifra de diputaciones admite dos lecturas técnicas que la evidencia disponible no resuelve: el IEEG no detalla si los 12.4 millones son un techo único estatal por partido o un monto distribuido por distrito, ni desglosa el monto exacto del tope de campaña de la gubernatura que sirve de base de cálculo. Esa precisión importa porque de ella depende cuánto puede gastar realmente cada precandidato a diputado y qué tan exigible es el límite frente a una impugnación.

En el mismo acuerdo, el Consejo General dio cumplimiento a una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), emitida en acatamiento de una sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por una irregularidad en el informe de ingresos y gastos del PRI de 2024. La multa, de 2 millones 332 mil 286 pesos, quedó firme. La presidenta del instituto, Brenda Canchola, explicó que se descontarán 504 mil pesos mensuales de octubre, noviembre y diciembre, 588 mil 848 pesos en enero y 91 mil 725 pesos en febrero, con reintegro a la Secretaría de Finanzas.

El representante del PRI ante el IEEG, Paulo Ramírez Noguez, pidió retirar 25 mil pesos del acuerdo porque ya habían sido descontados en agosto. La consejera Concepción Aboites lo confirmó, Canchola ordenó actualizar el calendario y el último descuento bajó a 76 mil 725 pesos, con lo que la multa queda en 2 millones 307 mil 286 pesos.

La lectura política

Un tope de precampaña no limita el gasto electoral total: delimita lo que el partido puede gastar en su proceso interno y, sobre todo, fija la frontera de lo que el IEEG puede fiscalizar. Todo lo que ocurra antes del 4 y del 14 de enero —recorridos, eventos, promoción de aspirantes, encuestas pagadas— queda fuera de ese techo. Ahí es donde suele vivir la precandidatura de facto: quien ya trabaja el territorio no necesita gastar dentro de la ventana legal para llegar en ventaja. El techo acota el tramo visible, no la competencia real.

El diseño también reparte incentivos. En municipios pequeños, donde el límite ronda los 60 mil o 120 mil pesos, el tope es prácticamente simbólico y la disputa se resolverá en la estructura partidista, en acuerdos y en encuestas, no en despliegue de recursos. En León, con 3.58 millones disponibles solo para la precampaña, hay margen material para una competencia interna costosa: no es casual que sea el municipio donde el techo adquiere peso político propio. Para las diputaciones, el monto es alto en términos absolutos —casi 200 veces el techo de Atarjea— y, al aplicarse por igual a todos los partidos, beneficia relativamente más a las fuerzas con menor presencia territorial, que pueden igualar techos aunque no igualen militancia.

El ajuste al PRI añade un elemento de calendario. La sanción se cobra contra financiamiento público justo en el año en que el partido debe costear precampañas en 46 municipios, con descuentos que se extienden hasta febrero de 2027. Es presión de liquidez en el peor momento posible y, a la vez, una señal de que la autoridad electoral llega al proceso con expedientes firmes y calendarios de cobro ya trazados.

Nada de esto constituye todavía una candidatura. Ningún precandidato está registrado ante órgano partidista alguno, y los topes no resuelven cómo seleccionará cada partido: encuesta, convención, insaculación o designación directa. Ese método es la decisión que aún falta y la que definirá si estas cifras sirven para ordenar una competencia abierta o solo para acotar su factura.

Qué sigue

El 4 de enero de 2027 inician las precampañas de ayuntamientos y el 14 de enero las de diputaciones; a partir de entonces el gasto entra en la ventana fiscalizable y los partidos deben registrar precandidaturas y reportar ingresos y egresos. En octubre, noviembre y diciembre de este año se aplicarán los descuentos de 504 mil pesos mensuales al PRI, con 588 mil 848 en enero y 76 mil 725 en febrero de 2027. Falta que el IEEG publique, en su caso, el desglose por distrito del tope de diputaciones y el monto que sirvió de base para el 15 %.