IEEM pide blindar vocales en Edomex: 17 denuncias por violencia política

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ya contabiliza 109 denuncias en el proceso electoral 2027 —17 de ellas por violencia política— y prepara una petición de seguridad para el personal que operará la elección. La consejera presidenta, Amalia Pulido Gómez, anunció que se buscará protección especial para las y los vocales electorales y que se evalúa extenderla a las precandidaturas. El dato mueve la conversación de la infracción administrativa al riesgo físico de quienes organizan y compiten.

De las 109 denuncias, 90 son procedimientos sancionadores ordinarios, 17 por violencia política y dos procedimientos especiales sancionadores. Treinta y siete expedientes ya fueron turnados al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM); el resto sigue en integración en la Secretaría Ejecutiva y podría desecharse si no se acreditan elementos. Los temas se repiten: promoción personalizada, uso indebido de recursos y violencia política, con las mismas fuerzas políticas señaladas, aunque la sanción solo puede imponerla el TEEM.

La petición de Pulido Gómez abarca los 170 órganos desconcentrados del instituto, con vigilancia antes, durante y después de la jornada, para que el personal trabaje sin riesgo y la documentación quede resguardada. Desde 2024 existe coordinación con el gobierno estatal: mapas de seguridad compartidos, auxilio a candidatos con temor fundado por su vida y cobertura del C5 el día de la elección y en los cómputos. Ahora se explorará el caso de las precandidaturas, donde, dijo, "no todas tienen los mismos niveles" de riesgo.

Extender el blindaje antes del registro

Ahí está el punto fino. Proteger a precandidatas y precandidatos implica aceptar que la exposición comienza antes de que exista un registro formal. La palabra "precandidatura" nombra una etapa del calendario, pero en la práctica describe una competencia que ya está ocurriendo: recorridos, posicionamiento, acusaciones cruzadas y, según el propio instituto, denuncias. Al incluir a ese grupo en el mecanismo de análisis de riesgo, el IEEM reconoce que el tramo previo al registro dejó de ser un trámite interno de los partidos.

También importa qué funcionario queda bajo resguardo. Los vocales electorales no son burocracia de escritorio: instalan casillas, custodian boletas y representan al instituto en territorio. Pedir seguridad para ellos equivale a decir que la infraestructura de la elección es hoy un punto vulnerable.

La lectura política

Primero, el IEEM elige la vía de la solicitud y no la del conflicto: no denuncia un problema, pide capacidad operativa. Eso le da margen para negociar sin romper con el gobierno estatal, pero también deja constancia pública de que el riesgo existe y de que el instituto no puede cubrirlo con sus propios recursos.

Segundo, el instituto depende de la administración estatal y de su fuerza pública para proteger a sus funcionarios y a quienes compiten. El esquema operó en 2024 mediante convenio y coordinación; repetirlo en 2027 coloca al árbitro frente a un gobierno que también compite en la elección de ayuntamientos y Congreso local. La coordinación no es irregular, pero crea una dependencia que conviene vigilar: quien administra la protección administra el ritmo y la oportunidad de esa protección.

Tercero, el volumen de quejas concentradas en promoción personalizada y uso indebido de recursos apunta a la zona gris de los actos anticipados de campaña. La pregunta que definirá el proceso no es cuántas denuncias hay, sino cuántas se resuelven antes de que arranque formalmente la contienda. Una sanción tardía no corrige nada; un expediente desechado envía el mensaje contrario al que el instituto dice buscar.

Falta un dato para medir el blindaje: cuántos de los 17 casos de violencia política derivaron ya en medidas cautelares. Sin esa cifra, el número indica volumen, no respuesta. Tampoco está claro si el mecanismo para precandidaturas tendrá reglas escritas o se definirá caso por caso.

Qué sigue

El siguiente paso verificable es el convenio de coordinación entre el IEEM y el gobierno estatal, cuyas mesas técnicas están por iniciar. En paralelo, el instituto debe definir el mecanismo de análisis de riesgo para precandidaturas y su operación en los 170 órganos desconcentrados. En el plano jurisdiccional, el TEEM tiene 37 expedientes en la mesa, con la posibilidad de que otros se sumen o se desechen. De esas resoluciones dependerá qué tan creíble resulta la promesa de una elección protegida.