IEES pide 561 millones para 2027 y prueba al Ejecutivo de Sinaloa

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) envió al Poder Ejecutivo un anteproyecto de presupuesto de alrededor de 561 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. El destino declarado es sostener el proceso electoral 2026-2027, en el que se renueva la gubernatura. El envío es, en los hechos, el primer acto formal de esa elección: antes de convocatorias, registros y campañas, la autoridad pone precio a la organización del comicio y traslada la cifra al gobierno estatal, que decidirá qué incluye en su iniciativa de paquete económico y qué ajusta.

El consejero presidente, Arturo Fajardo Mejía, defendió el monto con un argumento operativo. Explicó que la mayor parte se destina a material electoral, documentación, arrendamiento de oficinas distritales y municipales y contratación de personal temporal. "Vamos a contratar alrededor de 3 mil personas para el proceso electoral 2026-2027", entre supervisores, capacitadores electorales locales y personal de oficinas, dijo, además de las 346 consejerías, que también requieren estructura de apoyo.

De la cifra a la casilla

El desglose importa porque casi todo el gasto electoral es trabajo humano con fecha fija. Capacitar a quienes operarán las casillas, imprimir documentación y abrir oficinas distritales no se pueden comprimir sin costo operativo. La convocatoria para integrar los Consejos Electorales, con percepciones de hasta 22 mil pesos netos, muestra que el reclutamiento ya está en marcha y que buena parte del presupuesto se compromete antes de que exista una sola boleta impresa.

A eso se suma el componente de seguridad. Fajardo anunció que el IEES replicará el modelo de coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y las fuerzas de seguridad para blindar casillas, el traslado de boletas y el resguardo de candidaturas: un costo que no aparece en el discurso del ahorro administrativo, pero que en Sinaloa condiciona cualquier calendario.

La lectura política

Un anteproyecto no es un presupuesto: es una posición de partida en una negociación. El Ejecutivo estatal define qué cifra entra a su paquete económico y el Congreso local tiene la última palabra. El propio Fajardo reconoció que en comicios anteriores no siempre se aprueba la totalidad de lo solicitado y que las ampliaciones llegan después, mediante diálogo e intercambio de evidencia técnica. Traducido: la autoridad electoral arranca el año con un hueco y negocia mientras ya contrata, renta y capacita.

Ese diseño da al gobierno estatal un margen real sobre el ritmo de la elección. No se trata de que alguien decida resultados, sino de algo más prosaico: quien dosifica recursos define hasta dónde llega la estructura y qué tan rápido se resuelven los cuellos de botella. La "corresponsabilidad" que invoca el consejero presidente es, en clave política, la petición de que el costo de una elección cara no se convierta en costo político exclusivo del IEES.

La señal también corre hacia los partidos y hacia quienes aspiran a la gubernatura en 2027. Un presupuesto completo se leerá como piso de equidad; un recorte, como argumento disponible para impugnar después. Conviene precisar el límite: aquí no hay candidatura, precandidatura ni posicionamiento de aspirantes que analizar. Lo que se mide es la capacidad institucional con la que esa contienda llegará al terreno.

Qué sigue

El próximo paso verificable es el paquete económico estatal: ahí se verá si los 561 millones llegan íntegros a la iniciativa del Ejecutivo o salen recortados, y en qué capítulo. Sigue la discusión y eventual aprobación en el Congreso del Estado —donde históricamente se acuerdan ampliaciones posteriores—, la conclusión del reclutamiento de consejerías y la contratación de los casi 3 mil temporales. Falta información clave: el desglose por capítulo de gasto y el monto final que el Ejecutivo decida incluir. Sin esas dos cifras, la comparación entre lo pedido y lo otorgado queda incompleta.